La IGAE detecta el mismo procedimiento de adjudicación supuestamente fraudulento en los contratos concedidos a un donante a la caja b del PP, consistente en bajas temerarias en la adjudicación y sobrecostes posteriores de hasta el 40% en las adjudicaciones públicas. En apariencia, todo era legal y los contratos eran concedidos por concurso público a la oferta del constructor García Pozuelo, siempre más barata. Pero esas ofertas rozaban la "baja temeraria" y una vez adjudicado, se producían modificados al alza de hasta el 19,9 por ciento porque…

"A partir de ahora el tema de las coberturas para los concursos hay que hacerlas muy bien, vamos, como si fuéramos a ganar…". "Intercambio de favores. Me puedes ayudar para este? Puedo dar tu nombre?". Son extractos de los correos electrónicos que se cruzaban los miembros de los dos cárteles formados por 22 consultoras, entre ellas algunas de las principales firmas del sector, que ha desarticulado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, incorporado el 15 de febrero al sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por la caja b del PP, confirma la operativa seguida presuntamente por la formación conservadora para adjudicar contratos públicos a los empresarios que hacían donaciones irregulares al partido y el papel que el extesorero Luis Bárcenas jugó en ello.

En marzo de 2016, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) adjudicó el proyecto básico de su hangar aeronáutico a la arquitecta Concepción Aguado. A la licitación, negociada sin publicidad y con un presupuesto base de 70.180 euros, se presentaron otros cuatro arquitectos, pero ella se llevó el contrato al ofrecer 66.308 euros y una reducción de 15 días en el plazo de ejecución. Lo que sus competidores no sabían es que Aguado jugaba con ventaja: un año antes de ganar la licitación, ella ya estaba trabajando en los planos del hangar.