Más de un centenar de profesores de la Universitat de Barcelona (UB) han firmado o apoyado, en solo 24 horas, una carta dirigida al rector Joan Guàrdia en el que se reclama el "cese cautelar" del actual vicerrector Jordi Matas, acusado de haber acosado a una alumna y cuyos mensajes sexuales han trascendido en los últimos días. El caso, revelado este lunes por la prensa, muestra cómo en 2017 una alumna denunció que el profesor, que era su tutor del trabajo de fin de grado, le enviaba mensajes subidos de tono e insistía para verla fuera de clase.

La estudiante, de 21 años, salió del despacho de su profesor en estado de shock. “Estoy temblando, bloqueada”, le escribió a su pareja. “No sé ni si puedo hablar”. El profesor era un prestigioso catedrático de Ciencia Política y actual vicerrector de la UB. Iba a ser el tutor de su TFG y le acababa de contar que había tenido dos sueños eróticos con ella. La estudiante empezó a tener ataques de pánico y de ansiedad. “Venía de una situación personal difícil y que alguien cómo él se interesara por mí y me reconociera significaba mucho”, recuerda.

Desde el siglo XII, los eruditos, principalmente juristas, que enseñaban su saber en las universidades europeas se hacían llamar a sí mismos "señores" o domini, equiparándose con los nobles y los prelados. Por la importancia de su tarea, los estatutos de las primeras universidades peleaban porque su autonomía fuera una realidad. La imparcialidad de pensamiento vino durante mucho tiempo de los que tenían dinero, que era el que garantizaba la independencia frente a la aristocracia o la iglesia.

“En cuanto me presento a la plaza me escribe por WhatsApp el jefe de departamento: que me retire, que la voy a ganar, que no se puede competir conmigo y que es para su amiga, que necesita la plaza ‘como el comer’”, cuenta Álvarez. Tras estos mensajes, que ha podido consultar elDiario.es, el director de Periodismo y Nuevos Medios le pide que borre la conversación.

La Policía Nacional ha vuelto a desalojar a los representantes sindicales de CIG-Ensino, STEG y CSIF, que este jueves se han encerrado en las dependencias de la Xunta en San Caetano, en Santiago de Compostela, tal y como hicieron este pasado miércoles. No han podido hablar con el conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, para pedirle que "rectifique" en el acuerdo para bajar las ratios y el horario lectivo que sí firmaron CCOO, ANPE y UGT.

Más de una decena de docentes, en representación de los sindicatos CIG, STEG y CSIF, contrarios al "acuerdo de la miseria" que selló Educación con CC.OO., UGT y ANPE, buscan presionar al conselleiro para que se reuna con ellos o les entregue, por escrito, una fecha para un encuentro entre las partes. "Desde el 2 de noviembre que hicimos la solicitud. Tiempo suficiente como para habernos dado una respuesta.

Los problemas sufridos por los docentes de la Región de Murcia a manos de alumnos y padres durante el pasado curso escolar aumentaron casi un 37%. El sindicato Anpe alerta sobre todo del incremento de casos de acusaciones falsas y ciberacoso tanto de estudiantes como de sus progenitores hacia los profesores.

Cinco de los seis adolescentes fueron acusados de haber vigilado el colegio y de haber indicado al atacante quién era el profesor, a cambio de dinero.Cuatro de ellos fueron condenados a penas de 14 a 18 meses de cárcel en suspenso con periodos probatorios (bajo supervisión); otro fue condenado a dos años de cárcel, con seis meses de prisión efectiva pero conmutada por el uso de un brazalete electrónico.Los abogados de los familiares de Paty consideraron que las penas no estaban «a la altura» y enviaban una «mala señal».

Un tribunal francés condenó el viernes a seis adolescentes en relación con la decapitación en 2020 del profesor de historia Samuel Paty, cuyo asesinato conmocionó al país. Finalmente, el Tribunal para Niños de París ha decretado seis meses de prisión en firme a dos de los seis menores encausados por su implicación en el asesinato del profesor de instituto.A los otros cuatro se les decretó penas a partir de 14 meses de cárcel, aunque exentas de cumplimiento.

Uno de sus activistas se enfrenta a una sanción de 601 euros, tal y como viene tipificado para una falta grave en la Ley Mordaza. El colectivo va a recurrir la sanción al considerar que los agentes policiales mienten en su atestado. Pensionistas Complutenses denuncia públicamente la persecución que está sufriendo por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid, con Elena Bernardo Llorente a la cabeza, tras haber mostrado tres pequeñas pancartas en solidaridad con Gaza y en contra del genocidio que allí está perpetrando Israel.

El Gobierno francés ha anunciado una serie de medidas choque en respuesta a la bajada de las calificaciones de PISA en matemáticas y en comprensión lectora: la principal, la creación de grupos de nivel para los alumnos de secundaria, con la cual también quieren intentar luchar contra el fracaso escolar.

“El profesorado de sustitución, que tenía que haberse incorporado el 5 de diciembre, no podrá hacerlo hasta el próximo martes 12″, denuncia el sindicato. Dado que eran nombramientos que iban a trabajar dos días y luego tener vacaciones por el puente de la Constitución, el sindicato identifica una clara relación entre la anulación de los nombramientos y la intención de no pagar los festivos correspondientes a estos días. “El alumnado afectado, que lleva días sin docentes, no ha recibido clase y tampoco la tendrá a la vuelta del puente”, aseguran

La Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, mantiene en el cargo de director a un profesor que fue denunciado por seis trabajadoras por acoso laboral y sexual, según sostiene Comisiones Obreras (CCOO), y únicamente laboral, según la Consejería de Educación.

No es un ejercicio de imaginación, es una situación a la que nos podríamos enfrentar de forma accidental. Estás en un parque y ves a un grupo de chicos que se ponen a insultar, a acosar y a gritar a una chica. Estás siendo testigo de una agresión. ¿Qué haces? ¿intervienes? ¿Llamas a la Policía? o... ¿pasas de largo? Este es el dilema que los alumnos de 4º de la ESO del Instituto Fernando Zóbel de Cuenca plantearon sin saberlo a los vecinos de la ciudad de las Casas Colgadas mediante un experimento.

Los magistrados declaran que en la desconsideración grave hacia los estudiantes, «concurre la intencionalidad, persistencia y daño a los intereses públicos y particulares de los alumnos»

Un 25% del alumnado madrileño de Secundaria ha entrado alguna vez en una casa de juego 'online', un 18% en Primaria, según se recoge en un estudio del programa de evaluación del estado de la brecha digital y la convivencia en los centros, denominado 'Kids Centric Universe', que arrancó hace dos cursos y en el que ya participan un total de 96 colegios e institutos madrileños.