La derecha, además de distintas asociaciones y colectivos, han buscado llevar a Podemos ante la Justicia con una cascada de querellas y procedimientos

El “caso niñera” y todos los demás “casos” cumplen su función política más allá de que se archiven. Sirven para que, durante meses, decenas de “periodistas” machaquen con basura a Podemos en televisión, radio y prensa. El mediafare puede ser aún más eficaz que el lawfare.

El “caso niñera” y todos los demás “casos” cumplen su función política más allá de que se archiven. Sirven para que, durante meses, decenas de “periodistas” machaquen con basura a Podemos en televisión, radio y prensa. El mediafare puede ser aún más eficaz que el lawfare

Siguen saliendo a la luz los audios de la conversación entre el director de La Sexta, Antonio García Ferreras y el comisario Villarejo, en una comida en la que también participó el consejero de Atresmedia y presidente del diario 'La Razón', Mauricio Casals. En el fragmento desvelado por 'Crónica Libre' este martes, se escucha al presentador de 'Al Rojo Vivo' atribuyéndose la 'muerte' política del ex fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero.

¿Qué necesito yo para montar un caso de Lawfare? Varias cosas a la vez: primero, un aparato judicial reorganizado a mi manera (con 'tecnócratas' vinculados a mí en espacios clave). Luego, elegir al culpable. A continuación, buscar pruebas (y aquí el orden es importante, ojo, primero señalamos al culpable, empezamos por la condena, y después, si aparecen, las pruebas, y si no aparecen, tendremos la condena igual).

En España se ha normalizado el lawfare como herramienta política y esto es un peligro para la democracia.

El jurista, magistrado jubilado del Tribunal Supremo, publica 'La guerra de los jueces: el proceso judicial como arma política' (Catarata), un repaso por la judicialización de la vida política en España. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo ya en la época de Roosevelt denunció el activismo judicial, jueces que traspasan su barrera jurisdiccional e intervienen indebidamente en asuntos de evidente matiz político

La última querella de la ultraderecha ha supuesto un nuevo parón en un largo proceso, esta vez de un año. Un año que los familiares de las víctimas han tenido que esperar para recuperar los restos de los suyos. Y ya van muchos. Una cosa debemos tener clara en todo esto: la guerra contra la memoria es más que contra la memoria. Y más que contra la izquierda o contra una visión del pasado. Como toda guerra legal es siempre, en último término, una guerra contra la democracia.

El plan del gobierno de Rajoy contra el independentismo era desacreditar a dirigentes catalanes, como Pujol, Mas o Trias, con informes policiales inventados que se filtraron a algunos medios en plena campaña electoral. [Traducción en #0]

La Asociación de familias de Alumnos de la escuela Turó del Dragón de Canet de Mar (Maresme) ha presentado una querella contra los diputados Carlos Carrizosa (Cs), Lorena Roldán (PP) y Sergio Macián de Greef ( Vox) por un presunto delito de calumnias.

Beatriz Gimeno, diputada de Podemos: Una de las cuestiones feministas de próximos años va a ser la defensa de las llamadas Madres Protectoras; madres que se niegan a entregar a sus hijos a hombres que, presuntamente, les han agredido sexualmente. Si el Gobierno quiere que nuestro papel como país pionero en la lucha contra las violencias machistas no se desdibuje, tiene que combatir el lawfare judicial al feminismo y proteger a las madres que protegen a sus hijos y tiene que indultar a las que han sido condenadas injustamente como María Sevilla

La denuncia es de la Asociación Transparencia y Calidad Democrática, creada el 28/04/2017 (quedaos con esta fecha). He investigado quién hay detrás y he encontrado vínculos con una conocida multinacional… ¡Abro hilo!

Una denuncia que, en su momento, ya fue archivada por la Fiscalía al no existir ninguna irregularidad. Relacionada: www.meneame.net/story/colau-citada-declarar-como-investigada-prevarica

El expresidente de Brasil cosecha una nueva victoria en los tribunales tras años de persecución judicial.

Alabemos, en cambio, la neutralidad judicial que ha llevado a que, habiendo procedimientos en marcha, juicios en plena celebración, por la corrupción del Partido Popular y hasta sobre algunos de sus cargos en Madrid, no haya habido ni un solo movimiento procesal en ese campo que haya venido a enturbiar la campaña y a complicársela a la derecha. Así se hacen las cosas, señorías, pero con todos, no solo con aquellos que queremos que sean mano cuando damos las cartas.

al llamarle "ultraderecha policial". Jupol ha denunciado así un comentario publicado en la cuenta oficial de Twitter de Podemos sobre el fichaje del bufete de abogados del exlíder de Ciudadanos Albert Rivera por parte de Jupol. "La ultraderecha policial ficha al ex líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para iniciar un lawfare --guerra jurídica o guerra judicial-- contra el Gobierno", escribió en concreto la formación morada.

El “Lawfare” -pantalla legal para el golpismo-, se generaliza en A.L. ¿Sabemos algo de lo que está pasando estos días en #Argentina?, ¿Por qué en España y en la mayoría de Europa, no se cuenta nada de esto? ¿No es noticia una protesta policial inédita con más que posibles consecuencias? Según cuenta ámbito.com desde BsAs, “Durante horas, en el frente de la morada oficial pudo oírse sin detenerse a las sirenas de las patrullas estatales, cánticos, la entonación del Himno Nacional y los estruendos de los fuegos artificiales.”

Y sin embargo, se mueve. En política las percepciones son más importantes que los hechos, no importa si la denuncia está hecha con mala fe, si el juez tiene filias inconfesables o si la desaparición misteriosa de las grabaciones de la testifical en sede judicial y su aparición aún más misteriosa cuando las pide VOX tienen el objetivo de producir indefensión. No importa si esta es una más de la estrategia de lawfare contra este gobierno o si tendrá visos de trascender jurídicamente, lo único que importa en política es cómo salir airoso de una…

Esta expresión inglesa, que nace en la década de los 70 a partir de la contracción gramatical de law (ley) y warfare (guerra), se ha generalizado a partir de la primera década del siglo XXI en ambientes académicos. Suele emplearse en textos de carácter político para referirse a un golpe de Estado blando, una forma de acceder al poder ilegítimamente sin emplear la violencia pero manipulando a la opinión pública a través de los tribunales.

El Gobierno, con seguridad, tuvo que estar, durante al menos unos días, valorando escenarios, calculando costes y eficacia de diferentes estrategias. En un momento dado tomó la decisión de declarar un estado de alarma y acordar un c El Gobierno podía acertar o no, pero el resultado posterior no puede ser el parámetro para deducir una responsabilidad judicial Lo que ha de valorarse no es si la manifestación incrementó los contagios, sino si prohibir ese derecho era exigible jurídicamente, de tal modo que no fuera una opción legítima autorizarla