El abogado que impulsó una denuncia contra Ciudadanos explica "el desvío de los dineros al partido desde los grupos parlamentarios".También ha relatado la existencia de un sistema de "contratos de prestación de servicios";creó una estructura de franquicia para cobrar los servicios a los grupos municipales,que según el denunciante era la fórmula de traspasar dinero de los grupos municipales al partido sin que haya un "informe" que lo justifique así como su tributación;tienen probado que,al menos en la localidad madrileña de Fuenlabrada..

La Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado el procesamiento para el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco y otras 20 personas. El motivo: las irregularidades detectadas en subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital de Haití. Entre los delitos atribuidos a los acusados se encuentran la prevaricación, el cohecho, la asociación ilícita, la malversación, el encubrimiento, el fraude de subvenciones, el blanqueo y la falsedad documental.En concreto, la trama está dividida en dos piezas del conocido como caso Cooperación 2 y 3.

El Ayuntamiento de A Coruña reclama más de 600.000 euros y se niega a pagar otros 700.000 a la concesionaria de un elevador turístico proyectado por el ex alcalde socialista, que se comprometió con la adjudicataria a costear las pérdidas con dinero público

José Manuel Romay Beccaría,el que fuera sucesor de Luis Bárcenas en 2010 ha considerado que es “evidente” que se han producido “algunos casos” de esta presunta financiación.El único tesorero de los populares que no ha sido imputado por este caso ha querido pedir perdón por esta trama. En ese sentido, en los pasillos del Congreso donde hoy comparece en calidad del presidente del Consejo de Estado, Romay Beccaría ha aseverado que siente “mucho” que se hayan dado “algunos casos” de corrupción, “como parece evidente que se han producido”

Considera que el partido siguió la misma mecánica para llenar la caja B en las elecciones de 2007 y 2011.Señala que el sistema se mantuvo y solo cambió quien ocupaba el cargo de secretario general del PP de Madrid: primero Granados y luego González.El caso Púnica reunirá toda la investigación sobre "los mecanismos ilícitos" empleados por el partido para sobrepasar su techo de gasto electoral

Una acusación popular del caso Gürtel ha interpuesto recursos de alzada en el CGPJ contra el golpe judicial en la AN que cambió a los magistrados que tendrán que juzgar las piezas sobre la trama corrupta.;aluden a razones de peso como que los cambios fueron propuestos y votados por Espejel,jueza recusada en Gürtel que la modificación iría contra la constitución española o que el juez Juan Pablo González,puesto en la causa para redactar la sentencia no podría seguir trabajando en la AN dado que su situación de interinidad caducacaba en Diciembre

El 18,1% de los magistrados españoles reconoce haber visto casos asignados de forma irregular a jueces y tribunales para influir en el resultado, según una encuesta sobre la independencia judicial realizada por la red europea de consejos generales del poder judicial (European Newtwork of Council of the Judiciary). Por contra, el 56% de los jueces españoles rechaza que existan estas asignaciones irregulares de magistrados para influir en un caso concreto, mientras que el 26% no está seguro o cree que la pregunta no es aplicable a España.

En 2015,la Consejería de Sanidad adjudicó el contrato de gestión integral de recogida,transporte y distribución de material de laboratorio y muestras analíticas a una empresa que no estaba del todo capacitada para asumir ese trabajo,según ha detectado la Cámara de Cuenta en una de sus inspecciones. No estaba preparada porque incumplía uno de los requisitos que exigía la propia Consejería de Sanidad en el contrato.Aun así,la Comunidad de Madrid decidió adjudicar ese servicio a esta compañía por un valor de 144.595 euros,por un contrato..

Ya habían verificado los jueces que los papeles y la financiación irregular del PP son ciertos,pero es demoledor escuchar en sede parlamentaria que el presidente del Gobierno recibió sobresueldos en B.En esa misma sede nos mintió a todos cuando le preguntaron a este respecto."Todo es falso, salvo alguna cosa",decía entonces con la misma vaguedad como cuando llamó al desastre del Prestige "hilillos de plastilina".Hoy sabemos que todo es cierto sin salvedad y que cuando M. Rajoy le quita hierro a un asunto,la cosa es muy seria.Nos chupaba la sang

El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha confirmado el millón de euros de fianza impuesto al exvicealcalde de la ciudad Alfonso Grau por la pieza en la que se investiga una presunta financiación irregular del PP valenciano. Así consta en la resolución, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitad Valenciana (TSJCV), en la que el juez desestima el recurso interpuesto por Grau contra el auto en el que se le fijaba la fianza de un millón de euros para asegurar posibles responsabilidades pecuniarias.

El consorcio español Sacyr reportó en junio pasado pérdidas por más de 124.3 millones y una deuda de más de 3 mil 719 millones de euros; en México, luego de la eliminación de sus más cercanos competidores, su carta de presentación como consorcio, fue ganar la licitación del tramo 915 kilómetros de la carretera Pirámides-Tulancingo-Pachuca en julio, y ahora va por el centro intermodal de transporte del nuevo aeropuerto internacional, concurso en donde también ya fue retirado su principal rival.

Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia y mano derecha de Rita Barberá, ha sido imputado por el juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que le ha citado tras haber sido colocado por la Guardia Civil en el centro de la presunta financiación ilegal del PP valenciano del año 2007,

La Guardia Civil ha establecido el puente que une el caso Púnica y el caso Taula, el de la financiación irregular del Partido Popular en la Ciudad de Valencia.Según la Uco los tres altos cargos populares que intercedieron para la contratación del conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, también estarían relacionados con el pitufeo y los delitos electorales del PP de Rita Barberá entre los años 2007 y 2015. El actual concejal del PP en Valencia Alberto Mendoza Seguí, el exteniente de alcalde Miquel Domínguez -que ahora es diputado..

La Audiencia ya ha comunicado al ex alcalde la apertura del procedimiento abreviado

"Confío en la Justicia y en las Fuerzas de Seguridad del Estado, pero no en los responsables políticos de esas instituciones y, desde luego, tampoco confío en el fiscal general del Estado". La frase es contundente, ¿no? Es de alguien que ha perdido la fe. Podría ser de cualquier ciudadano cabreado con la politización del sistema judicial o de un rojo peligroso que sufre la arbitrariedad del orden y la ley.Pero no. La declaración es de Mariano Rajoy Brey. Año 2009. Rajoy estaba en la oposición y ya se sentía una víctima, porque al PP..

Cristina Cifuentes llegó a la comisión de investigación la intención de demostrar la “limpieza” de las adjudicaciones de la cafetería de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011 al grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández, y con el convencimiento de que se trataba de un “linchamiento” por parte de Podemos y Ciudadanos, más que un intento de llegar a conclusiones. La presidenta de la Comunidad de Madrid mantuvo desde el comienzo que cometió el “error de dar por buenos” y “no valorar” los informes técnicos de las contrataciones

La trama en Castilla-La Mancha tiene nombres y apellidos ilustres que en la mayoría de los casos han sido cargos públicos o han estado directamente relacionados con la gestión pública.

Son tantos los casos abiertos por la justicia sobre la presunta financiación irregular del PP madrileño que hay letrados que lo califican de "pura reiteración delictiva".Si se analizan las formas de operar que presuntamente se han empleado para cebar la caja b de los populares la conclusión es muy simple:siempre se utiliza el mismo modelo.Empresarios del mundo de la construcción y de las infraestructuras desvían dinero de los contratos públicos a través de facturas falsas por trabajos nunca realizados,también se producen entregas en efectivo

La Guardia Civil investiga a Yolanda Estrada, concejal del PP de Pozuelo, por el fraccionamiento de contratos. Concretamente,la Guardia Civil investiga las adjudicaciones dadas a las empresas Back RVS Producciones Culturales S.L, Digital Plane S.L y Croma 21 Producciones Técnicas entre los años 2006 y 2014..el Ayuntamiento de Pozuelo adjudicó a las tres empresas,y en los mismos periodos de tiempo, contratos para cubrir las mismas necesidades..la UCO encontró tres contratos diferentes para el alquiler de sistemas de sonido e iluminación para..

La Fiscalía incluye a Aguirre en la "red de decisión" para financiar irregularmente al PP de Madrid. Los movimientos tendrían como objetivo "sufragar los excesos" de las campañas electorales del PP en 2007 (municipales autonómicas), 2008 (nacional) y 2011 (municipal y autonómica), que se acercaron a los 5 millones de euros. "El PP regional de Madrid contravino indiciariamente la normativa electoral de la LOREG y de la Comunidad Autónoma de Madrid superando en cada campaña los límites de gasto electoral y derivando su pago a canales opacos..

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha con "sólidos elementos probatorios" que el exmiembro del consejo de administración de OHL Javier López Madrid habría actuado junto a otros investigados de la red, como es el empresario David Marjaliza y el exconsejero Francisco Granados, para lograr a la empresa Obrum Urbanismo y Construcciones de "importantes contratos públicos" vinculados con líneas de Metro y Metro

Paro: La recuperación aflora cerca de 250.000 empleos que se sumergieron por la crisis. Noticias de Economía. La recuperación está teniendo efectos benéficos para la Seguridad Social. No solo por la creación de empleo. También por la afloración de puestos de trabajo irregulares. Una de las consecuencias más negativas de la crisis —al margen de la destrucción de puestos de trabajo— fue el aumento del empleo sumergido. Pero ese fenómeno comienza a darse la vuelta. En particular, desde el primer trimestre de 2016, que es cuando muchos ocupados

PSOE y Unidos Podemos registraron sendas preguntas escritas al Gobierno por su preocupación por las condiciones laborales impuestas por la empresa en un nuevo convenio colectivo.