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La imposición de la lengua, la pobreza y el malestar docente con la Generalitat, hipótesis sobre la caída en PISA. La visita de la misión del Parlamento Europeo para fiscalizar la inmersión en las escuelas catalanas se produce en plena conmoción en esta autonomía por el desplome

Aseguran que sufren dejación de funciones por parte de las Administraciones públicas que las criminaliza y las asfixia. Desde CATS piden que se hagan efectivos sus derechos laborales y que se las escuche. El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo asegura que la violencia hacia las prostitutas, especialmente si son inmigrantes, transexuales o trabajan en la calle es muy frecuente. Denuncian agresiones físicas y violencia psicológica, pero aseguran, es si cabe más difícil, lidiar todos los días con las leyes que criminalizan la prostitución.

El Ayuntamiento de Vegadeo ha recibido el respaldo de los tribunales a su decisión de rechazar el plan especial del parque eólico de La Espina, el primero que se tramita para el concejo, por considerar que la iniciativa es "incompatible con los intereses públicos" que debe defender el Ayuntamiento.

La Constitución fijó la necesidad de limitar el uso de la informática para garantizar la intimidad, pero el organismo que vela por la protección de los datos personales no nació hasta 1993, y durante estos treinta años se han sucedido multas millonarias y sentencias históricas; este derecho fundamental se enfrenta ahora a un nuevo desafío: la inteligencia artificial. La Agencia Española de Protección de Datos, que celebra mañana un acto institucional para celebrar su trigésimo aniversario, cumple los 30 años sumida en la interinidad

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha vuelto a sentar en una mesa de negociación a la CEOE, UGT y CCOO. Esta vez con una propuesta de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 4% para 2024, que no ha convencido a los sindicatos."Esta es la propuesta de la patronal, un 3% más un 1% suman 4%. La propuesta del Gobierno asume la posición de la patronal", ha criticado el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, tras la reunión.

El Tribunal Supremo ha desestimado este jueves un recurso interpuesto por un local de prostitución que reclamaba al Estado una indemnización de 72.188 euros por daños y perjuicios económicos sufridos durante el cierre del establecimiento por el covid-19.La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, encargada del caso, concluye que las medidas adoptadas por el Gobierno durante la pandemia fueron “necesarias, adecuadas y proporcionales a la gravedad de la situación” y por tanto rechaza la responsabilidad patrimonial del Estado.

El Tribunal Supremo ha rechazado este martes suspender de forma inmediata el procedimiento de aprobación de la ley de amnistía --que negocia PSOE y Junts--, tal y como solicitaba la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica en un recurso en el que consideraba que esa futura norma supone una vulneración grave de los derechos fundamentales y un fraude de ley.