Alcanzar un puesto de funcionario es la aspiración profesional de una parte muy importante de los españoles. Y un dato que ratifica esta afirmación es el siguiente: casi siete millones de españoles de entre 18 y 55 años han opositado alguna vez en su vida o lo están haciendo. Y la cifra es aun más llamativa si se tiene en cuenta que, según el Ministerio de Función Pública, el número de trabajadores en las Administraciones es de 2,7 millones. Una gran mayoría de españoles afirma que ser funcionario les proporcionará una mejor calidad de vida.

La gran novedad de la normativa es la incorporación de un sistema para evaluar el rendimiento de los funcionarios. Los borradores que, hasta ahora, había habido sobre la mesa para negociar recogían la posibilidad de que aquellos que no superasen las evaluaciones perderían el puesto de trabajo. Ahora esta posibilidad queda anulada y los trabajadores no perderán el puesto que ocupen, ya que lo que se les hará no será un "test de méritos", sino una evaluación del desempeño de tareas. Así, esta evaluación, lejos de suponer un castigo para determ...

El proceso extraordinario puesto en marcha por el Ayuntamiento de València el pasado mes de noviembre para reducir el porcentaje de temporalidad en la institución llevaba semanas despertando enfrentamientos entre trabajadores y varios interesados a optar a una de las plazas ofertadas. Tanto, que de forma individual había ido acumulando recursos de reposición de aquellos que consideraban las bases injustas por no respetar el principio constitucional de igualdad de acceso a la Función Pública.

La empresa de Blanca Mata Fauri, pareja de Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.), comenzó a recibir grandes contratos y ayudas públicas en el momento en el que su cónyuge fue nombrado líder del sindicato. El Debate publica hoy varios encargos públicos a Mata por valor de 345.000 euros para dar cursos de comprensión lectora a funcionarios de administraciones públicas del País Vasco.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a seis años de prisión a una inspectora de Hacienda por estafar 6,2 millones de euros a 38 deportistas, mayoritariamente futbolistas de élite extranjeros, al manipular junto a otros tres colaboradores sus declaraciones tributarias. El TSJM ha dictado una sentencia que estima el recurso de la Abogacía del Estado y la Fiscalía contra la resolución de la Audiencia de Madrid, de manera que aumenta la condena a la inspectora de Hacienda de dos años y medio a seis años de prisión.

La cámara catalana premió a la anterior cúpula funcionarial con más de 100.000 euros de media por persona después de haber estado años cobrando sin trabajar.

Dos presas internas de la cárcel de Brieva (Ávila) han agredido y causado heridas este viernes a cuatro funcionarios del centro. La Central Sindical

La resolución supone la paralización de todos los procesos selectivos de estabilización del Ayuntamiento porque en todas figuraba el mismo argumento reprochable para el magistrado: el incumplimiento de un artículo de la Constitución, como es el derecho a acceder en condiciones de igualdad a cualquier plaza y por cualquier persona, que entiende no ha sido el caso.

La Asociación de Ayuda al Endeudamiento explica en un comunicado que la sentencia de la sección primera del Tribunal de lo Mercantil demuestra que la Ley de la Segunda Oportunidad no es solo para personas que carecen de ingresos o desempleados, ya que el exonerado percibe una nómina superior a los 1.700 euros mensuales. No obstante, el juez le da la razón en su petición de exonerarle porque la deuda le era inasumible, superando las cuotas de los préstamos el 90 % de sus ingresos, de forma que le permite mantener su vivienda en propiedad.

A finales de 2022 el Gobierno subió los salarios públicos un 1,5% con carácter retroactivo desde enero. Los empleados cobraron entre noviembre y diciembre el pago correspondiente a todo el año

Estos 4.300 funcionarios, anteriormente llamados secretarios judiciales, constituyen un cuerpo superior jurídico, de carácter nacional, que depende del ministerio de Pilar LLop. Pertenecientes al grupo A1, una de las oposiciones más complejas, se ocupan de dirigir las oficinas judiciales, entre otros cometidos. A través de ellas impulsan los asuntos que ingresan en los juzgados. De hecho, son quienes disponen de los fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales, que tiene un saldo promedio de 4.500 millones de euros....

El trabajo a distancia, pese a ser una de las opciones preferidas por los trabajadores, ha dado varios pasos atrás tras la atenuación de la pandemia.

El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de la norma que regulará las condiciones de carrera de los trabajadores públicos

Hay pocos motivos por los que un funcionario público puede perder su trabajo, normalmente por muerte, jubilación o renuncia. Todos sabemos que estudiar duro para unas oposiciones supone, en muchos casos, garantizarse una plaza fija en alguna de las Administraciones Públicas, y es por eso que tanta gente se lanza a este tipo de carreras. Precisamente porque la palabra despido no existe en el vocabulario del funcionariado. Y existen motivos para pensarlo: solo 500 funcionarios han perdido su condición como empleado público en los últimos 25 años.

El anteproyecto de ley de Función Pública de la Administración General del Estado, aprobado este martes en el Consejo de Ministros, establece que los funcionarios puedan ser removidos de sus puestos dependiendo del resultado que obtengan en la evaluación de su desempeño. Esto se aplicará a los empleados que hayan obtenido su puesto por concurso y que no cumplan de forma adecuada con sus tareas. Fuente alt: elpais.com/economia/2022-12-21/los-funcionarios-que-suspendan-la-evalu

De esas evaluaciones también dependerán la progresión de la carrera profesional o los complementos salariales, tal y como se recoge en el anteproyecto de ley de Función Pública

Pues bien, este nuevo sistema de oposiciones ideado es una tremenda aberración, aunque lo estén intentado vender con mensajes grandilocuentes, a los que pocos se pueden resistir: "necesidad de captar talento", "simplificar los trámites", "democratizar la función pública", "valorar las aptitudes de los candidatos" …

Los más altos funcionarios del Estado (clasificación A1), llevan semanas en pie de guerra contra el nuevo proceso de ascensos desde el grupo inmeditamente anterior en la escala jerárquica (A2) al techo más alto de la Administración General. La polémica surge con el cambio en el sistema de promoción interno de estos altos funcionarios –acordado entre el Gobierno y los sindicatos– porque la nueva vía de ascenso (del subgrupo A2 al A1) es menos exigente en materia académica y memorística, pero da más peso a la experiencia y el desempeño laboral.