En Madrid y en Toledo se están vertiendo 650 toneladas de lodo diaras que podrían ser peligrosas según una denuncia de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. El Ayuntamiento de Madrid dice que los residuos están descontaminados previamente, aunque no presentan informes. La Fiscalía de Medio Ambiente investigará si los lodos contienen agentes patógenos.

Ecologistas pusieron en conocimiento del SEPRONA y la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) un enorme vertido de aguas fecales en una ZEPA hace un mes para que se adoptaran las medidas necesarias para impedir que continuara la contaminación y se llevara a cabo la restauración de la zona. Sin embargo, varias semanas después el vertido continúa y las últimas lluvias podrían haber arrastrado parte del vertido a un arroyo.

En pleno parque urbano de la Coruña un vertido de aguas fecales está deteriorando el entorno verde de la ciudad.

La paciencia de los vecinos está al límite y aunque hablan a menudo con las autoridades, no entienden cómo no se soluciona el problema. La asociación de Veci...

Los que me conocen saben que en ningún momento me ha gustado la figura de Pablo Iglesias en cuanto a su encarnación de una voluntad de cambio. Me preocupa mucho, la búsqueda constante de mucha gente por conseguir un salvador (persona o colectivo) que nos saque del agujero. Algún sector de Izquierda Unida ha criticado a los votantes de esta iniciativa por considerar que no saben lo que hacen o no tienen cultura política. Me parece una valoración digna de sectarios y de personas que se consideran intelectualmente por encima de los demás.

En Madrid las plantas de tratamiento de lodos, que procesan los residuos de las depuradoras, están ‘inactivas’ desde hace tiempo por su falta de ‘viabilidad’ económica por la reforma de las energías renovables, costaron 56 millones de erario público. Los vertidos generados por las depuradoras, unas 650 toneladas diarias de lodo, son transportados ahora en camión a terrenos de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha.

Las autoridades españolas llevan a cabo con regularidad expulsiones inmediatas e ilegales y han hecho caso omiso de las reiteradas peticiones formuladas por Amnistía Internacional de que se ponga fin a esta práctica ilegal. Por ejemplo, el 28 de diciembre de 2004, varias ONG y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) protestaron por la expulsión ilegal de varias personas del África subsahariana que estaban en el Colegio San Antonio de Ceuta, incluidas siete que habían presentado peticiones de asilo.