El Obispado de Urgell ha indicado en un comunicado que al conocer la denuncia policial ha abierto una investigación interna.

Un fuerte operativo policial ha dejado a veinte personas en la calle y ha cargado contra los vecinos que se han manifestado para impedirlo

En el 2021, su piso salió a subasta "y me daban un pequeño plazo para pagar 20.000 euros". Al principio, todo iba bien. Blanco pagaba su cuota y seguía viviendo en su domicilio, pero todo cambió tras un problema con su abogado: "Él se quedó con el dinero y no lo ingresó en el banco. Yo empecé a sospechar porque no me mandaba ningún justificante del pago, así que decidí ir al juzgado y presenté una denuncia"

Mercedes se jubiló con sesenta y dos años. "Llevaba toda su vida trabajando y de pronto empezó a tener caídas, mareos... y creían que tenía vértigos. Al tiempo, vimos que algo no iba bien y la llevamos a un neurólogo, que le diagnosticó parálisis supranuclear progresiva, una enfermedad degenerativa y que no tiene tratamiento. La enfermedad le aplastó: de ser una mujer que cinco años antes estaba trabajando, conducía, llevaba una vida normal... pasó a estar encamada, necesitaba ayuda para comer, para ir al baño, para asearse...

“Trabajé como una desgraciada para que no le faltara nada a mis hijas y ahora me han echado de casa”, dice llorando Cruz Barros, de 70 años. Fue la primera tractorista de Gondomar y trabajó durante toda su vida para sacar adelante a sus siete hijos. Uno de ellos es la portavoz local del PP Paula Bouzós, a cuya casa, señala, se trasladó en la campaña electoral de hace cuatro años para cuidar de su nieta. Madre de siete vástagos de 41 a 49 años, la desahuciaron ayer de la casa familiar.

La jueza ha condenado a más de cuatro años de cárcel a los tres procesados como autores y cooperadores del robo.

Medios locales apuntan que existen vídeos en los que la hija dice "toma tus pastillas o ahógate", "estoy cuidando de un bebé de 72 años" o "puedo hablarte como me de la gana".

El pianista cuenta que se comprometió a asumir los pagos de los próximos dos años, pero la propietaria lo rechazó. "Parece claro que sólo les interesa convertirlo en un piso turístico", denuncia. El pianista James Rhodes se ha involucrado de lleno en el caso de Blanca, una mujer de 78 años que corre peligro de ser desahuciada del piso de Barcelona en el que vive desde hace más de cinco décadas. El artista se ofreció a pagar las mensualidades del alquiler de la vivienda durante los próximos dos años "a precio de mercado".

Blanca Espinosa tiene 78 años y es vecina del barrio Gótico de Barcelona desde hace casi medio siglo. “Llegué a esta casa vestida de novia”, recuerda mientras repasa todos los rincones de su hogar. Toda una vida de recuerdos con sus dos hijos y su marido, fallecido hace tres años. “Yo quería morirme en mi casa”, dice la anciana, que rompe a llorar. Sabe que su deseo puede no cumplirse por culpa de una deuda de 88 euros contraída con la propietaria por unas obras que se realizaron en su casa en 2017.

Vecinos han convocado una concentración este miércoles para evitar el desalojo.

Blackstone ha comprado en la última década en España al menos 146.320 viviendas y 81.095 préstamos, junto con una masa indeterminada de promociones residenciales y de suelos edificables. Su modelo de negocio sigue generando miles de desahucios.

El fondo vinculado a Aznar Botella planteó hace dos años diversas demandas de desahucio al entender que aquellos contratos de alquiler social, que se firmaron por un periodo de tres años, han vencido. Los afectados, por su parte, alegan su condición de vulnerabilidad.

El juzgado que investiga la muerte de un anciano en una residencia de la localidad madrileña de Torrelodones ha escuchado el testimonio de una facultativa que ha dicho, claramente, que el afectado falleció en una residencia pero que ella reclamó hasta en tres ocasiones que fuera derivada a un hospital, algo que rechazaron los geriatras en aplicación de los protocolos que había establecido la Comunidad de Madrid.

La pareja que custodiaba a los dos canes responsables del ataque fatal ocurrido en la pedanía alguaceña de El Paraje, no contaba con licencia para poseer perros potencialmente peligrosos (son dos hembras cruce de American Staffordshire Terrier y American Bully) y tampoco llevaban instalado el microchip. Ni siquiera estaban vacunados ni registrados en el Ayuntamiento ni en el exterior de la vivienda se alertaba de su presencia ni se garantizaba que no pudieran escaparse de la misma.