No asumir que ciertos sectores de la judicatura y de las FCSE son actores esenciales para la operativa política del bloque reaccionario no solamente supone un error de análisis de principiante, sino que además conduce a diseñar una estrategia de combate contra los golpistas ineficaz y desenfocada. Amanecíamos con una filtración del juez Manuel García Castellón a la web de Eduardo Inda, OKdiario...

El juez Manuel García Castellón no quiere volver a ver a María Dolores de Cospedal por la Audiencia Nacional. Después de que archivara su imputación por el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados, García Castellón se ha negado a que declare como testigo en otra pieza del caso Villarejo, muy vinculada a la primera, concretamente la que investiga presiones al abogado del extesorero para que información de la caja B del Partido Popular no llegara a los medios de comunicación.

La Audiencia ha refrendado la decisión del juez Manuel García-Castellón de archivar el caso, desestimado el recurso de apelación presentado contra dicho archivo por el propietario de la agencia de investigación Método 3, Francisco Marco. La denuncia inicial fue presentada también por Marco por los registros policiales realizados en 2013 en su sede, con los que, sostiene, le arrebataron ilegalmente documentación que guardaba.

Las fiscales María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá califican las resoluciones de García Castellón como "Se solicita del magistrado que se valoren los hechos de corrupción por las evidencias sólidas de haberse pagado dádivas por ilícitos de cohecho, por importes muy relevantes para asegurar la adjudicación irregular del contrato a la UTE Movilidad Valdemoro en concurso medial con ilícitos de prevaricación, falsificación y revelación de información reservada"

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha procesado a 42 personas por la supuesta adjudicación y ejecución irregular de una veintena de obras hidráulicas y encendiendo en la cuenca del Mediterráneo en el conocido ‘caso Acuamed’.

La CUP ha conseguido una nueva victoria judicial que ha abierto un segundo capítulo de la crisis interna en la Audiencia Nacional a raíz de unas diligencias secretas contra el independentismo que el tribunal abrió hace seis años. El diputado cupaire Xavier Pellicer ha vuelto a conseguir que la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional enmiende la plana al magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, a quien ha obligado a compartir con las defensas las diligencias previas 99/2018.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado un recurso de Podemos, al que se adhirieron la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el PSOE, en el que pedía que se reabriera la pieza 7 del caso Tándem, conocida como operación Kitchen, y que se investigara a la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

La Sala de lo Penal ordena a García-Castellón que siga investigando en el marco de una pieza que el juez del caso Villarejo había abierto y cerrado en secreto de forma “prematura” y que, como en el caso Kitchen, perjudicaría los intereses del Partido Popular

La Fiscalía de Madrid ha pedido que se inadmita la denuncia que una particular presentó contra el exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, por llamar “prevaricador” al juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Dina’, Manuel García Castellón.

La Audiencia Nacional ha exigido al juez Manuel García Castellón que le dé al exfundador de Podemos Juan Carlos Monedero acceso a todos los documentos de la causa en la que se investigó al partido y al propio político y con la que está pretendiendo incriminarle. Esta orden por parte de la Audiencia se ha producido después de que la defensa de Monedero alegara en un escrito que se estaban vulnerando sus derechos.

En todo este embrollo, el juez García Castellón es el mago del reloj que siempre llega puntualmente retrasado. Es indiscutible que la causa Ausbanc fue puesta en marcha por la cúpula policial a petición del BBVA, incluso con una reunión plenaria de los máximos directivos del Banco y los Comisarios de la Policía con su director a la cabeza (Cosidó, Sánchez Aparicio, Villarejo…). Pocos meses después de esta reunión Ausbanc y Manos Limpias dejaron de existir, sin juicio, sin proceso y sin nada, simplemente con el encargo al ejecutor Villarejo.

Imagínense que que varios jueces conservadores del Supremo, de la Audiencia Nacional y del CGPJ se juntan con varios cargos públicos del PP para irse de viaje a la mansión que tiene un multimillonario extranjero en Canarias. Imagínense que el multimillonario anfitrión pudo hacerse la mansión gracias a favores judiciales del juez Alba, contra toda la legislación urbanística española. Imagínense que en el aeropuerto de Gran Canaria les esperan y les reciben con abrazos Mauricio Casals y Antonio García Ferreras, de Atresmedia.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que investiga la operación Kitchen ha echado en cara a la Fiscalía Anticorrupción que pida que se abra una pieza bis en esa causa para investigar el papel de María Dolores de Cospedal en el espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas. Señala que esa "pieza espejo" es una pretensión "más cercana a la figura del fraude de ley que a la función propia del Ministerio Público".

La Audiencia Nacional ha rechazado archivar la causa al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero por presunto blanqueo y falsedad documental en torno a unas transferencias por la elaboración de un informe de asesoría sobre países de Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). La sección tercera de la Sala de lo Penal ha desestimado el recurso que interpuso Monedero -apoyado por la Fiscalía- contra el auto en el que el juez Manuel García Castellón acordaba abrir una investigación contra él.

El ciudadano sueco Lars Gunnar Sune Brogerg, marido de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, será juzgado, si su estado de salud lo permite, por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Es el resultado de la investigación de la Audiencia Nacional y en la que también está implicado su hijo, Joakim Broberg.

En su auto, tipifica los hechos como delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsificación, cohecho, delito electoral y tráfico de influencias, pero Gallego considera que este auto es "injusto" y concluye su recurso con una pregunta que amenaza a los 71 exonerados: "Por qué lo que para unos es lícito, para Isabel Gallego es delictivo".