La operación, según han informado fuentes de la investigación, se ha desarrollado fundamentalmente en la Comunidad de Madrid y afecta al amaño presuntamente de concursos públicos en la Dirección General de la Guardia Civil, en las que actúan en connivencia un grupo de funcionarios públicos con empresas que resultan beneficiarias de las adjudicaciones. Entre los detenidos se encuentra un coronel, un teniente coronel y un subteniente, todos ellos mandos vinculados al servicio de contratación y adjudicación de contratos dentro de la Guardia

La Comisión del Estatuto de los Diputados tramitará el suplicatorio para que la portavoz de JxCat, Laura Borràs, sea juzgada por el Tribunal Supremo (TS), gracias a los votos a favor del PSOE, del PP, de Vox y de Ciudadanos. PNV y JxCat han votado en contra, Unidas Podemos se ha abstenido, y ERC y EH Bildu no han participado. A la portavoz de JxCat se la acusa de presuntos delitos de malversación, falsedad documental y fraude a la administración, entre otros, por la concesión de una serie de contratos

La delegación del gobierno autonómico catalán en Estados Unidos, que el año pasado se reforzó con un nuevo enviado y tres contratados a dedo, ha mantenido en los pasados seis meses abundantes reuniones en Washington con el objetivo manifiesto de avanzar las relaciones bilaterales «entre EE.UU. y Cataluña» con influyentes diputados y senadores norteamericanos. La delegación declara además en este espacio de seis meses unos «gastos relacionados con la actividad de representación» de 131.000 dólares, que equivalen a unos 120.000 euros.

En este vídeo mostramos con un juego de trileros como robar a la sociedad y cómo en muchas ocasiones nos convertimos en unos botarates que facilitan aún más que nos sigan robando. Sobre el robo mediante privatización y el cuñadismo supremo.

El gobierno adjudica la compra (sin concurso) de 1MM de hisopos a una empresa sin NIF ni dirección, y por mas de 4 veces su valor. Declarado en el BOE.

La investigación preocupa a la familia Bolsonaro: los abogados del senador ya han pedido nueve veces que se suspenda el procedimiento.

La Fiscalía pidió el pasado mes de enero prorrogar el plazo de instrucción de la causa que investiga a José Vélez

El Tribunal Supremo no es el Tribunal de Cuentas. Y la situación de Carles Puigdemont no es igual en uno que en otro. Como eurodiputado, el expresidente catalán goza de inmunidad ante la jurisdicción penal, pero no ante un órgano administrativo. En otras palabras: Puigdemont se libra por el momento de pisar la cárcel por el 'procés', pero no de que su sueldo y sus bienes sean embargados por el desvío de fondos que se produjo en el referéndum ilegal del 1-O. Ese es el principal frente que se le abre ahora, una batalla que tiene lugar en el Tribu

El Tribunal de Cuentas ha cifrado este martes en 4,1 millones de euros la cantidad de fondos públicos supuestamente malversada para la realización del referéndum ilegal de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre de 2017. El máximo órgano fiscalizador del dinero de la Administración ha finalizado la fase de investigación y ha reclamado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, fugado a Bélgica, al exvicepresidente Oriol Junqueras, encarcelado, y a otros 18 exconsellers y altos cargos autonómicos que depositen solidariamente...

La denuncia menciona una malversación de más de 100 millones de dólares de la ayuda europea destinada a resolver la crisis surgida en 2015 alrededor de la recogida de basura en Líbano. El grupo de eurodiputados que presentó la denuncia está encabezado por la socialista portuguesa Ana Gomes y el nacionalista francés Thierry Mariani.

Casi una década de investigación, primero en Luxemburgo y después (los últimos siete años) en España, está destapando la que quizá sea la mayor red de corrupción del Estado conocida

Jian Xiyun, expresidente del Hengfeng Bank, un pequeño banco regional que tuvo que ser rescatado este verano por el Gobierno de China, ha sido condenado a muerte por un delito de malversación de capitales, aunque la ejecución de la sentencia se suspende por dos años, tras los que la máxima pena habitualmente se conmuta por una cadena perpetua.

La operación inmobiliaria que permitió que el PSOE andaluz estrenara sede en pleno centro de Málaga le terminó costando a la Junta de Andalucía 400.000 euros. En esa cantidad se incluyen los 280.000 euros que el gobierno que presidía entonces Manuel Chaves pagó por el local del edificio que el PSOE entregó al constructor que le hizo la obra para saldar la factura y que éste vendió inmediatamente a la Empresa Pública del Suelo (EPSA). Los 120.000 euros añadidos, los gastó la entidad pública en acondicionar el local comercial que no era suyo.

El concejal de Vox del Ayuntamiento de Valencia Vicente Montáñez ha presentado este lunes ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra el alcalde, Joan Ribó, por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y prevaricación por el fraude de la EMT.

El Juzgado acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción de abrir unas nuevas diligencias sobre un presunto delito castigado con penas de prisión. Las nuevas diligencias también afectan, por los mismos presuntos delitos, a Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia andaluz. Chaves y Zarrías fueron condenados el pasado 19 de noviembre a 9 años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación continuada por el fraude de los ERE, pero no se enfrentaron a peticiones de pena de cárcel al no ser acusados de malversación.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha procesado al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la compra presuntamente fraudulenta por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao por la que se pagó en 2003 unos 30 millones de dólares.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al instructor del caso Lezo que finalice la instrucción de la pieza 2 de esta macrocausa de corrupción y que procese al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para que sea juzgado por la compra de Emissao. En un escrito, el Ministerio Público insta al magistrado Manuel García Castellón a transformar las diligencias previas abiertas sobre la compra por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña en procedimiento abreviado contra González y otras seis personas por delitos de frau

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, entre ellas a la exconcejala de PDECat en el Ayuntamiento de Barcelona Maite Fandos, en el marco de una operación policial dirigida por el juez de Barcelona Joaquín Aguirre por la presunta malversación de fondos en la Secretaria General de l’Esport y su órgano dependiente, el Consell Català del Esport, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Agentes de la Policía Judicial de Zona de la Guardia Civil de Catalunya están realizando entradas y registros en instalaciones públicas y domicilios particulares

La orden del juez es parte de un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York que acusó al presidente de usar la Fundación Trump como una especie de 'caja chica' para favorecer sus negocios e intereses políticos. Según otras fuentes (ver comentarios) usó los fondos para pagar acuerdos extrajudiciales de sus múltiples demandas, financiar sus campañas políticas o comprar un cuadro grande de si mismo para colgarlo en uno de sus clubs de golf. La fundación, que se creó para financiar causas caritativas ya fue legalmente obligada a cerrar el año pasado.

Los dos ediles de Carmena pagaron a costa del erario público dos informes contra Gallardón sin pasar por concurso

El juzgado de Montcada ha abierto el procedimiento abreviado por los delitos de estafa y malversación contra Juan José Medina,ex alcalde de la localidad y número dos de Alfonso Rus en la Diputación de Valencia,por hipotecar seis parcelas municipales después de haberlas vendido. En un pleno del Ayuntamiento hipotecó con Bankia seis parcelas que él mismo había ordenado vender dos años antes. El juez procesa también al exconcejal de Hacienda del PP en Montcada y al exgerente de la empresa municipal que vendió las parcelas..

Izquierda Unida denuncia un posible desfalco producido en la época de Gallardón en el ayuntamiento de Madrid de más de 2000 millones de Euros. Texto con el artículo y vídeo con las declaraciones de Carlos Sánchez Mato, Sol Sánchez y Vanessa Lillo en rueda de prensa.