El Partido Libertario ocupa un espacio peculiar en la política americana. Por un lado, ellos insisten ser una formación política seria, con organizaciones estatales en los cincuenta estados de la unión. Son la clase de garito que organiza convenciones nacionales, presentan candidatos, y tienen algo parecido a un espacio ideológico propio, con suficiente presencia como para que Pew haga encuestas sobre ellos.

Según recoge el escrito de calificación fiscal, desde al menos el año 2012 y hasta marzo de 2016, los acusados, que gestionaban un vertedero de residuos no peligrosos ubicado en Cerceda (A Coruña) "incumplieron, siendo plenamente conscientes de ello, y con la finalidad de ahorrar costes a la empresa y maximizar sus beneficios, la autorización ambiental" para este tipo de actuaciones. El Ministerio Público, en su escrito de calificación de los hechos, junto a las penas de prisión, pide también el pago de una indemnización de más de 500.000 euros

Raro momento en la Convención Nacional del Partido Libertario en el que Trump se enfrentó cara a cara con detractores, lo que es muy inusual para alguien acostumbrado a celebrar mítines ante partidarios que le adoran. El candidato republicano se enfrentó al público que lo recibió con gritos de rechazo en su discurso, e intentó elogiar a los "feroces defensores de la libertad en esta sala" llamando al presidente Joe Biden un "tirano" y el "peor presidente en la historia", lo que llevó a algunos en la audiencia a gritarle: "Ese eres tú".

Patricia Peinado, concejal del Partido Popular en Pozuelo de Alarcón e hija del juez Juan Carlos Peinado ha sufrido un acoso en redes sociales y medios de izquierda en relación a las investigaciones que su padre conduce sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias.

El Juzgado de Primera Instancia número uno de Santiago de Compostela ha condenado a una aseguradora, Segurcaixa Adeslas, a pagar casi 13 millones de euros, incluidos intereses, a una familia por «negligencia médica» en un parto. Esta es la indemnización «más alta concedida hasta la fecha en España por un caso de esta naturaleza», afirma el abogado Cipriano Castreje, que llevó el caso. La condena, según la sentencia, es por los «severos daños al nacer», del bebé, «por mala praxis», ha recalcado el letrado.

Un hombre que permanecía atrincherado con un arma de fuego desde anoche en el interior de una vivienda de Huétor Tájar (Granada) junto a dos menores ha matado a los niños y después se ha suicidado. Fue sobre las 21:40 horas de anoche cuando se produjo la alerta de que el hombre, con un arma de fuego y en actitud amenazante hacia dos familiares suyos, se atrincheró en una vivienda de la calle Alfredo Nobel del municipio.

La jueza ha citado a declarar a Alberto González Amador por dos presuntos delitos de fraude fiscal y otro más de falsedad documental. El delito contra la Hacienda Pública está recogido en el artículo 305 del Código Penal. La ley prevé penas de prisión de uno a cinco años y sanciones económicas que pueden multiplicar por siete la cantidad defraudada. El delito de falsedad documental está regulado por el artículo 390 del Código Penal y plantea penas que van de los tres a los seis años de prisión.

La pirueta final de estas elecciones, que han certificado el entierro del ‘procés’, es que se ha cumplido el objetivo para el que se lo hizo nacer: evitar la desaparición de Convergència.

Con base en estos cuatro puntos, la magistrada Cortés Vida concluyó que no existen indicios suficientes de delito para proceder con la acusación de agresión sexual. En consecuencia, decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones. La decisión de la magistrada no es definitiva. Puede recurrirse en apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla. De devenir firme, el jugador podría interponer una querella por denuncia falsa contra su examiga

La criminalidad bajó en la capital un 0,9% en el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2023, aunque algunos delitos graves como las violaciones aumentaron un 22,2%, con 121 delitos de este tipo denunciados. Según los datos publicados por el Ministerio del Interior, la capital anotó 62.353 delitos entre enero y marzo de este año, el 60,58% del total de la Comunidad de Madrid. Y todo pese a que en la capital viven 3,33 millones de personas frente a los 7 que residen en toda la región, es decir el 47,57%.

La Universidad de Granada (UGR) ha aprobado suspender su colaboración con universidades e instituciones de Israel. En concreto, la Universidad de Granada ha suspendido la movilidad entrante y saliente de estudiantes, personal docente e investigador. Y personal técnico, de gestión, administración y servicios con universidades israelíes, en concreto los acuerdos bilaterales de movilidad Erasmus + K171. También deja sin vigor los convenios de lectorado y cursos de verano suscritos con la Universidad de Bal-Illan y con la de Tel-Aviv.

El Partido Comunista de España vuelve a pedir soluciones diplomáticas en la guerra de Ucrania. En concreto, urge al Estado español a encabezar una propuesta para organizar una Conferencia Internacional de paz “que permita un alto el fuego y sentar a las partes a negociar” para alcanzar un acuerdo entre las partes. Esa Conferencia Internacional, dicen, debería tener en cuenta el preacuerdo que se alcanzó en Estambul en marzo de 2022 entre Ucrania y Rusia por el que Rusia había aceptado retirar sus fuerzas al nivel del 23 de febrero.

Aunque el Reino Unido es la sexta economía del mundo, y cuenta con una fuerza militar dignas de elogio, se forcejea con su nueva identidad post-imperial.

España está a la cola en tasa de homicidios, pero a la cabeza en el porcentaje de población en prisión y de tiempo medio de estancia entre rejas. Son datos contradictorios en uno de los países de Europa con las condenas más altas para muchos delitos contemplados en el Código Penal, que oculta el llamado penalismo mágico o populismo punitivo, la creencia cada vez más extendida de que a mayores penas de prisión, cuanto más gente encarcelada, más seguridad en la calle.

Los funcionarios creen que la alarma no funciona y piden que se contrate un vigilante de seguridad