"Si así de nerviosos se ponen con una simple demanda civil no quiero ni pensar cómo se pondrán cuándo se enteren del resto de acciones legales", ha asegurado el abogado. Solo le ha faltado añadir #ahilodejo.

El Ministerio de Justicia advierte que el Estado español no asumirá en ningún caso la defensa del juez Pablo Llarena por los actos privados que se le atribuyen.

Consideran que los exiliados buscan hacer daño personal al magistrado y no sólo desacreditar el proceso y que Justicia ha caído en la estrategia de éstos, dejando "vendido" a Llarena, que ahora tendrá que pagar un abogado de su bolsillo que le costará miles de euros.

La demanda civil belga de los procesados independentistas contra el magistrado Pablo Llarena es una caja de Pandora. Según ha sabido ARA, fue el propio Carlos Lesmes, presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quien promovió la anulación del seguro por responsabilidades civiles que tenían jueces y magistrados. Y por otro lado, el Ministerio de Justicia, bajo presión -según fuentes judiciales- de Lesmes anunció ayer que se personará en la causa civil

El Estado no asumirá "en ningún caso la defensa del juez Pablo Llarena por los actos privados que se le atribuyen". "La demanda presentada incluye referencias a expresiones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar", sostiene Justicia. España sí se personará en la causa para defender lo referente a la función jurisdiccional del magistrado.

El Reglamento de la Carrera Judicial establece que el escrito de solicitud de amparo deberá presentarse ante el CGPJ en el plazo máximo de diez días naturales desde que ocurrieron los hechos determinantes de la solicitud de amparo o, en su caso, desde que el juez o magistrado tuviera conocimiento de los mismos.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena se ha visto obligado a abandonar Cataluña. Ha renunciado a pasar sus vacaciones en el Pirineo, donde veranea desde hace años en una pequeña localidad. El acoso de los Comités de Defensa de la República y las dificultades para garantizar su seguridad ante los insultos, escraches y seguimientos que se iniciaron desde su misma llegada a la comunidad autónoma a finales de julio han provocado que abandone su piso habitual de descanso en este periodo estival para elegir un destino fuera de España

El episodio ocurrido en febrero de este año cuando el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena devolvió el escrito presentado por la representación procesal de Carles Puigdemont, indicándole que no se le tenía por personado en tanto en cuanto no fuera hallado -a pesar de que se sabía que tenía su residencia en Waterloo- o se pusiera a disposición del tribunal, suponía la puesta de largo de un nuevo concepto jurídico, el del “huido”, del que sin embargo no existe una sola referencia en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Artadi cree que Llarena no tendría miedo "si estuviera seguro de que todo lo que ha hecho es inmaculado" y ante el rumor de que se emita una nueva euroorden, asegura que no impedirá que Puigdemont siga trabajando

Hasta la fecha el sufrido contribuyente español se ha visto abocado a rescatar bancos y concesionarios de autopistas varios, pero no se había dado el caso hasta el momento de que se nos pidiera que rescatáramos a un juez. Sin embargo, eso es exactamente lo que está sucediendo. El magistrado Llarena, con el dudoso apoyo de su amigo Lesmes, el amo del calabozo del CGPJ, pretende que se utilice dinero público para pagar la representación legal de Pablo Llarena en un pleito civil en Bruselas y, además, que en caso de que éste se pierda y sea conden

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes -el mandato vence el 4 de diciembre-, ha desencadenado una caza de brujas contra Concha Sáez, la única vocal de la comisión permanente que votar en contra de conceder el amparo al magistrado Pablo Llarena a raíz de la demanda civil en Bélgica.

Un día después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) otorgara amparo a Llarena y solicitara la actuación de los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores, a través de la Abogacía del Estado, "para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica". Cualquier intervención de la Abogacía del Estado ante un juzgado o tribunal de un país extranjero debe realizarse necesariamente a través de la contratación de un abogado en ese país.

El gobierno de Pedro Sánchez recoge el guante del Consejo General del Poder Judicial y ya estudia contratar un abogado en Bélgica para defender el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en la demanda civil interpuesta por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro ex consejeros a el exilio.

El amparo del Consejo ante lo que el órgano de gobierno de los jueces considera "un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional", consistirá también en arbitrar las medidas relativas a la integridad económica del magistrado. Es decir, que el Estado asuma la condena --Puigdemont le reclama un euro de manera simbólica-- y las costas que se deriven de una eventual condena civil

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves otorgar al instructor de la causa del 1-O en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, el amparo que este había solicitado frente a la citación para el próximo 4 de septiembre que le ha realizado un juez belga a instancias del president Carles Puigdemont y de los consellers en el exilio. A la demanda, acusaban civilmente a Llarena ante la justicia belga de falta de imparcialidad y de vulnerar su presunción de inocencia.

l CGPJ pide a la Abogacía del Estado que defienda a Llarena en Bélgica y que se asuman las costas si es condenado.. Este apoyo supone solicitar a los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores que actúen a través de la Abogacía del Estado"para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante la demanda civil presentada contra el juez.

La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces debate este jueves la solicitud de amparo del magistrado del Supremo. Llarena pide amparo por el "ataque planificado, grosero y fraudulento" de la demanda en Bélgica

El juez Pablo Llarena, instructor de la causa contra el presidente Carles Puigdemont, cree que la demanda contra él es un ataque contra la soberanía española

El magistrado instructor de la causa por rebelión en la que está procesado Carles Puigdemont, Pablo Llarena, ha pedido por primera vez amparo al Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Lo ha hecho por la demanda civil interpuesta en Bélgica por el expresidente catalán y sus exconsejeros prófugos de la Justicia española.

Traducido al asunto de Carles Puigdemont, el principio de especialidad garantizaría que si éste fuera entregado LLarena no podría procesarle por los delitos de rebelión y sedición.

La Policía Nacional ha detenido a una de las personas que participaron en la concentración del pasado fin de semana en un restaurante de Mont-ras dónde estaba cenando el juez Pablo Llarena. Según la policía, el arrestado es vecino de Palafrugell y quedará en libertad una vez le hayan tomado declaración en la comisaría de La Verneda de Barcelona, donde ha sido trasladado.

El juez Pablo Llarena envió al tribunal de Schleswig–Holstein miles de folios para intentar la extradición de Carles Puigdemont por un delito de rebelión. Una ingente cantidad de información en la que incluyó documentación que no consta en ninguna de las causas abiertas en España a raíz de la convocatoria y posterior celebración del 1-O.

El expresidente de la Generalitat, instalado de nuevo en Bélgica, compartió la localización de la cena del magistrado del Tribunal Supremo desde su cuenta personal de Twitter.

IU quiere que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, explique en el Congreso las supuestas irregularidades que se habrían cometido en la adjudicación de una plaza de fiscal a Sofía Marchena, hija del presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, según han denunciado las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia.