A pesar de que el Roaming ya no existe dentro de la Unión Europea, la itinerancia de datos sigue siendo motivo de conflicto en otros lugares.

Tras los atentados yihadistas de 2015, Macron aplica un control en las fronteras interiores del espacio Schengen para velar por la "seguridad nacional". Esto se estaría traduciendo en un aumento de devoluciones de inmigrantes irregulares en las fronteras sin cumplir con los trámites acordados. En el caso de la frontera con España, Macron se sirve de un acuerdo bilateral firmado en 2002 para denegar admisiones en las cuatro horas siguientes al paso de la frontera si las personas procedentes de España no tienen la documentación necesaria.

El Juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza ha ratificado la sanción impuesta por la Seguridad Social al secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, por la contratación irregular de su asistente personal.

Maria José Ferrer Sansegundo,actual portavoz autonómica de justicia del PP,fue la encargada de organizar el bicentenario de la Constitución de Cádiz en Valencia con un contrato de la Fundación Jaume II el Just que la administradora del ente no ha sabido explicar. El informe apunta que no consta acta ni expediente que justifique la contratación,aunque la diputada ha demostrado que sí que existe un acta dónde se la propone como responsable de los trabajos. El informe apunta a un fraccionamiento de contratos por parte de la Fundación para eludir

Las limitaciones a las conclusiones parlamentarias que impuso el TC también impedirán concluir si Sánchez plagió su tesis. Una sentencia anuló a finales de año el dictamen de la comisión sobre el accidente del Metro de Valencia,que había señalado como "responsable" al director de rrhh de la empresa que opera el servicio de transporte. La sentencia advierte a los parlamentos que sus investigaciones "deben estar exentas de cualquier apreciación o imputación individualizada de acciones ilícitas a los sujetos investigados"..

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha solicitado información a la Agencia Tributaria y a varias entidades financieras sobre dos empresarios y una batería de sociedades "relacionadas con la financiación ilegal del Partido Popular en la Comunicad de Madrid a través del ente público Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM)" entre 2010 y 2014, cuando Esperanza Aguirre presidía la formación.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado -después de recibir un informe de la Guardia Civil interesándolo- solicitar a la Agencia Tributaria y a distintos bancos información financiera sobre personas físicas y jurídicas que habrían facilitado la presunta financiación irregular del Partido Popular madrileño, en concreto la campaña electoral del 2011 de Esperanza Aguirre, a través de la Agencia Informática de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM).

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias repartió 1,1 millón de euros a finales de 2017 entre directores y gerentes, subdirectores y administradores de los 84 centros penitenciarios. Hace unas semanas, la Audiencia Nacional determinó que se hizo de manera irregular. Se cumple un año desde que Comisiones Obreras denunció el reparto “irregular y discriminatorio” del remanente de productividad de 2017. Según argumentó el sindicato, directores y gerentes, subdirectores y administradores,fueron favorecidos con un plus de productividad

Pide al juez margen de tiempo para emitir su dictamen al conocer que hay nuevo material sobre financiación irregular de las campañas del PP en Madrid.

Se habla de decenas de contrataciones “a dedo” en puestos de todo tipo en el Puerto, que serían irregulares, y de la que se habrían beneficiado familiares de dirigentes políticos y sindicales

Las fuentes consultadas por Efe han desvinculado la operación de hoy con la investigación al CTTI por su papel durante el 1-O, por el que este centro ya fue objeto de varios registros por parte de la Guardia Civil en los días previos y posteriores al referéndum ilegal.

Ni tan bronca ni tan duradera como la de Susana Díaz hace una semana. La comparecencia de Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía, en la comisión que investiga en el Senado la financiación irregular de los partidos políticos ha discurrido este jueves con un tono serio pero no excesivamente agresivo en su cara a cara con el portavoz del PP, Luis Aznar.

El gobierno de Esperanza Aguirre y el entonces rector Pedro González Trevijano dieron por bueno para validar las ayudas y convenios un reglamento interno del propio instituto que nunca llegó a estar aprobado y que, por tanto, no respetaba los cauces legales. Ese reglamento interno fue utilizado por la Comunidad de Madrid para habilitar al IDP como receptor de subvenciones públicas. En 2007, el instituto de Álvarez Conde pidió una subvención regional para poner en marcha una investigación y el gobierno madrileño, presidido entonces por Aguirre..

La familia Lladró irrumpe de rebote dentro del caso Taula, concretamente en la pieza del pitufeo, la que investiga la presunta financiación irregular del PPCV de Rita Barberá, así como el blanqueo de cerca de 50.000 euros. En un escrito, el fiscal Anticorrupción solicita ampliar la información sobre la empresa Laterne, vinculada a unos pagos de 372.000 euros hechos a la fundación municipal Turismo Valencia, en un cruce de facturas anormal a ojos de los investigadores, pues en dicho cruce aparece Lladró.

Margarita Cifuentes, hermana de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, deja su puesto de docente en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), la misma universidad donde Cristina Cifuentes sacó su máster con notas falsificadas. Un puesto que Margarita Cifuentes obtuvo de manera irregular, ya que no cumple las condiciones que exige la ley para ser profesora visitante, la figura laboral a la que estaba acogida en la universidad.

Los países del norte de África no han respaldado por el momento la propuesta de Austria -país que preside este semestre la Unión Europea- para crear en sus territorios "plataformas" adonde llevar a los migrantes rescatados en el mar en su ruta hacia el Viejo Continente, tal y como ha quedado patente este viernes en la conferencia sobre esta materia en Viena. Austria defiende que los migrantes interceptados tratando de llegar a Europa sean devueltos a los países de tránsito y que sea allí donde se decida quién tiene derecho a asilo

En la declaración ante su juez, Crespo ha asegurado que Costa en los últimos meses viene ayudando económicamente a Álvaro Pérez, que también ha declarado en la misma causa por la Fórmula 1. De él salió, y no de Camps, ha dicho, la propuesta de facturar a constructoras para cobrar la deuda que el PP valenciano tenía contraída con Orange Market, más de un millón de euros. "Costa era el filtro por el que todo pasaba", ha llegado a decir de Costa, y ha exculpado de este modus operandi a los ex dirigentes del PP valenciano Vicente Rambla y Serra..

Según ha afirmado Ignacio Cembrero en La Sexta, Marruecos ya habría puesto precio a su colaboración en la contención de la inmigración irregular: 60 millones de euros. Según este medio, el Gobierno de Pedro Sánchez se habría puesto en contacto con Marruecos para conocer qué necesitan para contener la oleada migratoria. Y Marruecos no ha tardado en entregar la lista de peticiones. Vehículos, helicópteros, material antidisturbios y radares, medios y recursos valorados en 60 millones de euros para contener la migración irregular...

Así lo ha hecho tras confirmar una primera sentencia del Juzgado de lo Social nº2 de Móstoles que condenaba a la empresa municipal a readmitir a la empleada y a indemnizarla con 15.000 euros por los daños morales que le causó el despido, según la sentencia fechada a 27 de junio de 2018. En el fallo del Juzgado de Móstoles se recoge la historia de C.G.M., licenciada en Ciencias Biológicas, que en 2002 comenzó a trabajar para esta empresa, anteriormente llamada EMUVISA (Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo), como capataz.

Durante cuatro días, cerca de cinco trabajadores miembros del sindicato han permanecido de acampada a las puertas de la factoría con el objetivo de que uno de sus compañeros, que fue despedido “por ponerse enfermo” y estar más de 12 días de baja en menos de dos meses, fuese readmitido.

Una trabajadora de una de las que se conoce como “grandes superficies” fue despedida al día siguiente de solicitar por escrito la reducción voluntaria de jornada. Pero el asunto no acabó como siempre sino de una forma muy diferente y quizá no como la empresa esperaba. La trabajadora solicitó su reducción voluntaria de jornada por escrito y no solo verbalmente. Esto fue fundamental en este caso porque permitió relacionar el hecho del despido con el hecho de la solicitud.

Fuentes de la candidatura de Casado aseguran que se trata de una intoxicación para perjudicarle. Los candidatos no pueden utilizar la información personal de los afiliados por la ley de protección de datos. Pablo Casado o el misterio de cómo llevarse bien a la vez con Aznar y Rajoy