El juicio por el caso de la destrucción de los discos duros de Bárcenas acaba sin culpables. El magistrado Eduardo Muñoz ha decidido absolver al PP, procesado como persona jurídica, y a tres de sus empleados al considerar que no hay suficientes pruebas para condenarlos por un delito de daños informáticos y encubrimiento. La fiscalía pedía su absolución.

El PP que se sienta en el banquillo como persona jurídica acusado de un presunto delito de daños informáticos,obvió la llamada de atención del propio juzgado 31 y presentó un extenso informe pericial informático horas antes de que arrancase el juicio. Las acusaciones lo han recibido una semana después,y apenas una semana antes de que concluya la vista,este viernes. Los abogados PP y de los otros tres acusados respondieron a las quejas de las defensas afirmando que "hay que venir preparado" a un juicio penal,y que el documento tiene "muchas foto

El juez Eduardo Muñoz decidirá en sentencia y no en fase de cuestiones previas como pretendía el PP, si debe aplicarse la doctrina Botín, lo que asegura que el Partido Popular deberá permanecer en el banquillo y ser juzgado por la destrucción de los equipos informáticos del ex tesorero Luis Bárcenas. La fiscalía apoyó la petición del PP, después de que Bárcenas retirara la demanda, pero el juez estima que la destrucción de pruebas es una cuestión de interés público y da la razón a las acusaciones populares, que podrán mantener la acusación.

Según consta en un escrito enviado al tribunal, la formación conservadora se opone a esta iniciativa —pedida por el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid para facilitar el trabajo de los periodistas— porque "generaría un juicio paralelo en los medios de comunicación y en la sociedad, entre quienes se fomentaría un veredicto anticipado de culpabilidad" y afectaría así al derecho a la presunción de inocencia de los acusados. Los periodistas pueden entrar habitualmente a los juicios, que son vistas públicas,..

La cúpula de la Policía Nacional ordenó arrebatar a Luis Bárcenas la copia que mantenía oculta de los discos duros que fueron destruidos a martillazos por el PP en la sede de Génova. Este fue uno de los principales objetivos de la denominada operación Kitchen, diseñada por el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para desposeer al ex tesorero del PP de todo su arsenal contra la dirección nacional: desde documentos sobre la financiación ilegal a grabaciones comprometedoras con altos cargos, pasando por estos dispositivos.