La cifra se ha convertido en un símbolo que persigue a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y agrupa a las familias que cuatro años después siguen buscando justicia. El cartel dice: “7.291. No. No se iban a morir igual. 1.500 días desde los protocolos de la vergüenza. 7.291 personas fallecidas en residencias. 0 explicaciones”

Un usuario de Gmail envió un correo electrónico a tres profesores. El asunto decía: "Director de Pikesville - Grabación perturbadora". Una profesora que no se llevaba bien con el director admitió haberla compartido con una alumna "que sabía que difundiría rápidamente el mensaje por diversas redes sociales y por toda la escuela". La profesora envió la grabación a medios de comunicación y a la Asociación para la Defensa de los Derechos Civiles. La grabación se hizo viral provocando la ira en los suburbios de Baltimore contra el director.

Además, los servicios de proximidad de atención a personas mayores que viven en sus domicilios apenas se ha instalado en el 51,6% de residencias.

La asociación de familiares de residentes Rede denuncia esta mañana un brote de gastroenteritis vírica que afecta a decenas de residentes mayores y trabajadoras en la residencia Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes II (CRAPD II) en Lavadores, Vigo. La Xunta informó a los familiares con cinco días de atraso, se queja el colectivo, alude a la falta de atención médica durante varios días, acusación que la Administración niega, indica que la atención médica esta siendo constante ante un brote que, en todo caso, tilda de "leve"

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana Álvarez, ha reconocido este lunes desde los micrófonos de la COPE la residencia fiscal del hermano de Pedro Sánchez en Portugal, añadiendo además que «sí es ético y es legal». Estas declaraciones han provocado la reacción del PP de esta comunidad, cuyo portavoz, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido al PSOE de Extremadura que, primero «desautorice el delegado de Gobierno» y, segundo, «repruebe la actitud tan poco ética de David Sánchez Pérez-Castejón».

A su juicio, "no hay razón alguna suficiente" como para que, cuatro años después del confinamiento, la Administración reclame el cobro. "Como parece ser que no nos hizo bastante daño con quitárnoslos de esa forma tan cruel, ahora quieren que colaboremos solidariamente con los asesinatos que cometieron en su día", expresa con indignación.

Desde los tiempos de Esperanza Aguirre, presidenta entre 2003 y 2012, Telemadrid ha sido un campo de batalla entre el Gobierno y la oposición. La televisión y la radio públicas proporcionan un potente altavoz a todos los gobiernos regionales, independientemente de su signo. Pero el caso de la madrileña es casi único, porque el PP gobierna la región de forma ininterrumpida desde 1995. Los momentos de debilidad representados por el gobierno en minoría de Cristina Cifuentes (2015-2018) y la coalición formada por PP y Cs (2019) y 2021)

"El interés que tiene en Argentina está relacionado con dos negocios en particular: uno es el litio y el segundo tiene que ver con las telecomunicaciones" (la empresa estatal ARSAT). Tiene una mirada liberal porque básicamente les permite explotar el litio sin controles, regulaciones o exigencias. Su intención es básicamente explotar el carbonato de litio en Argentina y procesarlo en otros países. Para Argentina sería un problema porque condiciona el agregado de valor. "Se va a quedar con los negocios. Por eso, el ayudar es muy entrecomillado".

Este anciano de 80 años, que se jubiló hace siete, está actualmente en la cárcel, donde ha pasado casi toda su jubilación. La razón de su detención: el robo de un poco de sushi. Reincidente, fue condenado a pena de cárcel. «Aquí les dan de comer, tienen un techo, cuidan de ellos... Muchos ancianos cometen pequeños robos para que los manden a la cárcel», explica Akiko Sasaki, trabajadora social en el centro de reclusión de Onomichi, una prisión donde solo hay ancianos.

Ambas asociaciones han hecho entrega del documento al portavoz de cada grupo político, así como a la presidenta de la Cámara Baja. "Sin perjuicio de otras acciones institucionales, creemos necesario que en el Congreso se inicie una comisión de investigación que pueda analizar lo sucedido en las residencias de cada comunidad autónoma, al objeto de esclarecer qué decisiones han sido acertadas y cuáles no", han expresado Marea de Residencias y Verdad y Justicia, en un comunicado.

Al término de los 80 minutos de actuación, los 13 intérpretes subieron al escenario. El público se puso en pie y los despidió con un minuto de ovación y corearon una sola palabra: “¡Justicia, justicia, justicia!”. Con los fondos recaudados este sábado, las dos organizaciones van a traducir al inglés el informe de 148 páginas de la Comisión ciudadana.

Entre las opciones para obtener ese visado, estaba la posibilidad de invertir, por ejemplo, dos millones de euros de deuda pública, un millón en acciones de empresas españolas, depositar un millón de euros en una cuenta bancaria o la opción más económica y preferida por los inversores: comprar vivienda en territorio español valorada en 500.000 euros o más. De todos los visados concedidos desde el año 2013, el 96% de ellos ha sido mediante esa adquisición de inmuebles.

Se contrató a un nuevo director para la compañía y este despidió a mucha gente. Su nuevo jefe lo engaño, lo relegó de su cargo prometiendo un proyecto que no existía y luego lo despidió. El hombre, ante el anuncio de su despido, respondió: "vale, supongo que también tendrán que pagarme el despido". El director le dijo que sí, pero lo que no sabía es que correspondía una indemnización de 200.000 $. La empresa puso a un amigo del jefe que no sabía hacer las tareas y luego no encontraban sustituto.

Miembros de las plataformas Verdad y Justicia y Marea de Residencias han acudido al pleno de la Asamblea y han presentado en el Registro el documento para los grupos parlamentarios -PP, Más Madrid, PSOE y Vox- y para el presidente de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales, José Ángel Rumayor, después de llevarlo este miércoles a la Fiscalía Superior de Madrid.

Para Carlos Sardinero, de la firma Sardinero Abogados, reclamarlo "no tiene absolutamente ningún fundamento". El experto, que ha impugnado la legalidad y constitucionalidad de los "protocolos de la vergüenza", opina que la decisión del Gobierno de Ayuso "va contra la teoría de los actos propios. No tenían opción de salir de allí". "Es un acto incongruente con la precedente forma de proceder", insiste.

cuatro años después de las trágicas muertes, familias de esos mayores han recibido cartas de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Ayuso, aunque no de reparación, sino para reclamarles el dinero por los días de marzo y abril que estuvieron sus allegados en los centros de mayores antes de morir