Por seis votos frente a cinco, el tribunal entierra las pretensiones del PSOE y Unidas Podemos de apartar al presidente y al magistrado Narváez del procedimiento.

La Fiscalía del Tribunal Constitucional ha dado vía libre a la reforma legal del Gobierno para modificar su criterio de elección frente al recurso de amparo del PP que tiene como objetivo frenarla. El procedimiento legislativo que propone este cambio en el método a la hora de elegir la composición del órgano de garantías, tras pasar con éxito la votación del pasado jueves en el Congreso de los Diputados, únicamente necesita una última ratificación por parte del Senado prevista para este jueves.

Pedro González-Trevijano, presidente saliente del TC, pactó con el vicepresidente, también saliente, Juan Antonio Xiol -conservador y progresista, respectivamente, si se usa una terminología ya habitual- que el Pleno extraordinario para abordar el recurso de amparo «preventivo» -creación novísima de los asesores judiciales y mediáticos del Partido Popular- se celebraría este viernes 16 de diciembre. Pero la presión política -Cuca Gamarra, portavoz popular en el Congreso, anunció el miércoles 14 que el TC adoptaría ayer jueves 15 una resolución.

Que el Tribunal Constitucional pueda paralizar la reforma sobre su propia renovación es algo inédito. Este lunes, sus magistrados se reúnen en medio de toda una tormenta política que implica a Poder Judicial, Gobierno y oposición para valorar el recurso de amparo presentado por el PP para frenar la tramitación de la reforma del Código Penal que incluye la renovación del CGPJ y del propio tribunal de garantías .

Trevijano y Narváez han sido recusados. Los dos magistrados recusados son el objeto directo de la decisión que el Constitucional va a tomar. Les afecta en primer lugar a ellos. Porque si el tribunal anula la reforma que este lunes se discute, mantendrán su cargo y su sueldo ‘sine die’, hasta que los insumisos del CGPJ decidan al fin cumplir con la ley y renovar. Pero si la reforma del Parlamento no se anula, en menos de una semana serán cesados del tribunal.

La sobreexposición de la institución en las batallas políticas, la sombra partidista y la lentitud en la resolución de conflictos son, a ojos de los expertos, los principales problemas que arrastra el órgano.L a batalla política ha terminado por someter al Constitucional a una prueba de estrés de consecuencias impredecibles. No es la primera vez, ni tampoco la segunda. Ya ocurrió con el Estatut o con el procés, cuando el tribunal de garantías se vio sometido a una sobreexposición permanente.

El TC tiene asignadas funciones de control de constitucionalidad de las leyes una vez han sido aprobadas, pero adelantarse a su aprobación e impedir el trabajo parlamentario supondría una extralimitación de funciones que lo deslegitimaría seriamente, además de que difícilmente encontraría acomodo en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Conviene recordar cómo se ha llegado a una situación de esta gravedad.

El presidente del TC, Pedro González-Trevijano, cuyo mandato ya ha caducado, celebró en la noche del miércoles una reunión con los vocales conservadores y otra más en la mañana del miércoles. Funcionan como un grupo parlamentario con sus reuniones para unificar criterios y garantizar su unidad. Ya nadie disimula lo más mínimo.No es ya que haya conservadores y progresistas en el CGPJ y el TC. Siempre los ha habido. Es que algunos de sus miembros han aceptado convertirse en la correa transmisora de los intereses de un partido político

Buena parte de la prensa española hace aspavientos a raíz de la decisión de Tribunal Constitucional español (TC) de reunirse de urgencia para tratar el recurso del PP que reclama de parar el pleno del congreso español sobre la reforma legal sobre la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).(...) Ahora bien, la misma prensa no vio “burlas” ni “urgencia inédita” cuando el TC suspendió preventivamente el pleno del Parlamento de Cataluña

La amenaza de interferencia del pleno del Tribunal Constitucional (TC) a un debate en el Congreso de los Diputados - con el pleno de este jueves, que se ha atrasado a las 12 h, para analizar el recurso del PP para detener la reforma del Poder Judicial- ha escandalizado en Madrid. El Parlament de Catalunya, sin embargo, sufre esta interferencia desde la consulta del 9-N del 2014, y además a instancias de los partidos en el Gobierno, tanto del PP como del PSOE

Entramos en una situación inédita. El Tribunal Constitucional entra en el Parlamento español para impedir que se legisle. La ofensiva contra el Gobierno y el Congreso ya va más allá de la consigna ‘Gobierno ilegítimo’ con la que empezó la legislatura. Estamos asistiendo a pronunciamientos cada vez menos disimulados para que el aparato del Estado, en su conjunto, se insubordine. En un contexto de grave colisión del Ejecutivo con la cúpula del Poder Judicial introducir cambios en el Código Penal susceptibles de distintas lecturas es como...

El sector conservador de jueces y juezas del Consejo General del Poder Judicial se cree superior. Siente que es poseedor del gen dirigente que Vallejo-Nájera deseaba para España y que estaba envenenado por el gen rojo marxista a extirpar. En septiembre estos jueces decidieron que no iban a cumplir la ley y que robarían al pueblo la elección mediante soberanía popular de un Gobierno que tenía que tener su representación mayoritaria en el Tribunal Constitucional. El pueblo no sabe, el pueblo se equivoca, los jueces ultras deciden por él.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple este domingo cuatro años con el mandato caducado. Se dice pronto: el PP lleva cuatro años incumpliendo la Constitución. Pero ya no es solo eso. Ahora la derecha está extendiendo esa misma técnica –impedir la renovación a través del bloqueo– a otro órgano constitucional importantísimo: el Tribunal Constitucional. Al igual que el CGPJ, el TC también emana del pueblo, sus mayorías hacia un lado o al otro también dependen del resultado de las elecciones y también tiene el mandato caducado.

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha señalado este miércoles que España "no es el único país" en el que se nombran exministros como magistrados del Tribunal Constitucional, en alusión a Juan Carlos Campo, y ha instado a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para acometer las renovaciones en su conjunto.

Pedro Sánchez, ¿debe ceder al chantaje de los "golpistas" anticonstitucionales y seguir sin sustituir a los magistrados caducados el 12 de junio de 2022 en el tribunal de garantías que por la Constitución y la ley Orgánica del Poder Judicial tiene obligación de realizar?

El pleno sigue sin poner fecha a la deliberación sobre las medidas cautelares con las que el exdiputado reclama recuperar el escaño que perdió por su condena dictada por el Tribunal Supremo por patear a un policía en 2014. Hace algo más de nueve meses, Alberto Rodríguez se dirigía por escrito al Tribunal Constitucional para pedir la devolución de su escaño.

El Ministerio Público sostiene que la Audiencia de Sevilla mantuvo "una inequívoca voluntad de beneficiar al acusado-varón" y de minimizar el daño psíquico sufrido por una de sus tres víctimas.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por la Junta de Extremadura, los propietarios de las viviendas, la promotora del resort y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo contra la sentencia del Tribunal Supremo que ordena la demolición al completo del complejo Isla de Valdecañas. La decisión no se ha tomado por unanimidad: seis magistrados han votado a favor y cinco en contra. Se abre así una nueva puerta a mantener en pie el resort de lujo.

El tribunal se pronunciará sobre las dudas legales en torno a la designación del actual presidente suplente del CGPJ, Rafael Mozo, un día antes de la reunión clave para los candidatos al Constitucional. El pleno se celebrará después de que el bloque progresista haya designado como su candidato al magistrado del TS José Manuel Bandrés. Los conservadores, por su parte, tienen como favorito al instructor del procés, Pablo Llarena.

El Tribunal Constitucional ha ordenado a un juzgado de Barcelona investigar la denuncia de agresiones policiales realizada por una fotoperiodista en el marco de las movilizaciones del Procés en 2019. En la sentencia, subraya la necesidad de investigar con diligencia las denuncias de acciones que puedan haber impedido ejercer el derecho a la libertad de información.

El Ejecutivo debe designar cuanto antes los dos magistrados del Tribunal Constitucional de su competencia, sin esperar a que el CGPJ designe los dos que le competen

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Superior de Catalunya contra la normativa que regula la presencia del catalán y el castellano en las escuelas de la comunidad autónoma.

El Tribunal Constitucional ha dado la razón a Farid Hilali, el marroquí que estuvo más de 1.700 días encarcelado en Reino Unido y España por su supuesta vinculación con los atentados del 11-S. Los magistrados sostienen que la Audiencia Nacional vulneró su derecho a la tutela judicial en julio de 2020, cuando sentenció que solo tenía derecho a recibir una indemnización de 2.000 euros por el tiempo que había pasado en prisión preventiva hasta archivarse la investigación contra él.

El Tribunal Constitucional (TC) ha pospuesto su decisión sobre la demanda de amparo presentada por un abogado sevillano, Daniel Sánchez Bernal, contra un señalamiento tardío, para la próxima reunión de la Sala Primera, para la que todavía no hay fecha.

Los servicios de transporte escolar sancionados forman parte del concurso que Educación convocó en 2021 dividido en 57 lotes repartidos por todo el país. Gran parte de esos contratos fueron adjudicados a Monbus, algunos de ellos de forma indebida por superar el límite de ocho lotes que podía recibir un mismo grupo de empresas, como viene dictaminando el TSXG en otros procesos ahora pendientes de recurso ante el Tribunal Supremo.

Didier Reynders, el comisario de Justicia de la Unión Europea, saldrá de su cargo actual para defender su candidatura a la Presidencia del Consejo de Europa, el próximo 25 de abril, como él mismo comunicaba esta semana en una nota oficial. En ella, Reynders se reservaba un mes de plazo más, para lograr el acuerdo entre PP y PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

La sala de lo penal del Tribunal Supremo revoca la sentencia del Tribunal de Justicia de Catalunya que entendía que la sentencia del juzgado no había descrito la peligrosidad del arma empleada.

El Tribunal Supremo (TS) ha fijado que un cuchillo es un arma blanca con una hoja cortante y «objetivamente peligrosa al margen de sus concretas características». Por lo que no es necesario que la víctima de un robo describa los detalles del arma para que el autor sea condenado por un delito de robo con violencia e intimidación con uso del mismo.

El Tribunal Supremo (TS) estadounidense celebró este martes una audiencia sobre la mifepristona, una sustancia empleada en las píldoras abortivas, y los jueces se inclinaron, en su mayoría, hacia no restringir su uso. Pese a que el TS cuenta con una mayoría conservadora y fue el órgano que eliminó hace casi dos años la protección constitucional del aborto en EEUU, hoy mostró sus reticencias a creer que la asociación médica antiabortista Alianza para la Medicina Hipocrática haya demostrado la peligrosidad de la mifepristona.

El Tribunal Supremo ha establecido que los menores no acompañados (menas) que al cumplir la mayoría de edad soliciten la renovación de su residencia temporal pueden acreditar como ingresos las ayudas económicas como el Ingreso Mínimo Vital o las que provienen de programas de acompañamiento financiados por las administraciones y ONG.

El Ministerio de Política Territorial ha enviado un requerimiento a la Puerta del Sol exigiendo la modificación de dos leyes autonómicas que, entiende el Ejecutivo nacional, va en contra de la normativa estatal: la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y la Ley de Protección Integral Contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e identidad Sexual. Ambas aprobadas por la mayoría absoluta del PP madrileño, entre críticas de la izquierda y la alabado por la extrema derecha.

De esta forma, el Supremo estaría dando un balón de oxígeno a la conclusión de miles de convocatorias de empleo público de supuesta «estabilización» que se amparan en la Ley 20/2021 y que están basadas en una manipulación. En el preámbulo de esta ley del gobierno de coalición supuestamente progresista se afirma, sin ningún tipo de rubor, que «el TJUE comparte la postura […] de que no cabe en nuestra Administración la transformación automática de una relación de servicio temporal en una relación de servicio permanente».