El pleno aprueba con 183 votos a favor, 153 en contra y 8 abstenciones tomar en consideración y votar mañana de urgencia la reforma de la Ley del Poder Judicial para que Gobierno y CGPJ puedan renovar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.

El CGPJ sigue caducado y el PP es el principal responsable de ello, pero cuando el PSOE hace un movimiento para renovar el Constitucional, Feijóo les acusa de romper una inexistente negociación. Queda él como el señor de Estado mientras los socialistas, como los radicales que no cuentan con el jefe de la oposición. El mundo al revés.

Entre el 9 y el 12 de junio CGT ha celebrado su XIX Congreso Ordinario en Zaragoza, al que se presentaron dos candidaturas para gestionar el sindicato durante los próximos cuatro años. Tras el recuento realizado en la tarde de ayer, la de Miguel Fadrique obtuvo el 52% de los votos baremados, frente al 46% de la candidatura de Charo Arroyo. El derecho a voto recayó en casi 600 delegados, representando a 143 delegaciones y convirtiendo a la XIX edición de este congreso en la más participativa hasta la fecha durante el periodo democrático.

"El Gobierno podría nombrar a sus dos magistrados. Tiene la facultad, porque así lo establece la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Podría nombrarlos". El órdago que a principios de semana lanzó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha encendido todas las alarmas en el PP. “No se atreverán” o “sería un disparate” son las dos frases más repetidas entre cargos de distinto rango en el partido, que en privado reconocen sus recelos respecto al próximo movimiento del Ejecutivo.

El próximo 12 de junio caduca el mandato de cuatro magistrados del TC, dos nombrados por el Gobierno y otros dos, por el CGPJ. La renovación daría como resultado una mayoría progresista, pero el partido de Feijóo sigue atrincherado en la negativa a cumplir el precepto constitucional que insta a la renovación del Poder Judicial.Lo que implicaría que leyes recientes recurridas por Vox y el PP tengan menos probabilidades de ser tumbadas en el tribunal. Ejemplos de dichas leyes son la de la ley de la eutanasia, la del aborto o la de educación.

En su discurso, Minh Chinh enfatizó la necesidad de considerar los intereses nacionales como el objetivo supremo, mientras se impulsan la conectividad, la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo. Según el jefe de Gobierno, desarrollar una economía de mercado de orientación socialista, construir un estado de derecho socialista y promover la democracia socialista son los tres pilares para materializar la meta. “Vietnam no sacrifica la igualdad, la seguridad social y el medio ambiente por el crecimiento económico”, dijo

Quedan 21 días para que expire la fecha que dio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de abril para renovar el Consejo General del Poder Judicial que lleva en funciones tres años y medio por el bloqueo del Partido Popular y que, debido a la última reforma impulsada por el gobierno, no puede hacer nombramientos. Ese día, el 12 de junio caduca el mandato de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Dos elegidos a propuesta del gobierno de Mariano Rajoy y otros dos a propuesta del órgano de gobierno de los jueces.

El bloqueo institucional ante la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP se analizará fuera de España. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha pedido al Gobierno que se pronuncie sobre una demanda presentada por seis magistrados de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria que acudieron a este órgano ante la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde diciembre el año 2018.

Un error en la renovación de la señalización que instala el Ayuntamiento bautiza al barrio de La Rosaleda con el nombre de una de las cantantes españolas más internacion

La Mesa del Congreso contesta al presidente del Poder Judicial que no se tramitará el procedimiento para designar un sustituto porque el Consejo está en funciones desde hace más de 3 años. El CGPJ, además de tener mermadas algunas de sus funciones, seguirá actuando con un vocal menos tras la jubilación el pasado 5 de marzo de uno de sus miembros, Rafael Fernández Valverde, que fue designado a propuesta del PP y además también ejercía de magistrado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

"Hay que proteger a las personas mayores, pero siempre fomentando su movilidad, seguridad y libertad", afirman desde la Dirección General de Tráfico. La subdirectora de Educación y Formación Vial de la Dirección General de Tráfico (DGT), María José Aparicio, ha confirmado que el organismo que dirige Pere Navarro reducirá los periodos de vigencia del carné de conducir de las personas mayores. Aparicio lo ha indicado durante su participación en una jornada de debate sobre los obstáculos que limitan la movilidad de las personas mayores y...

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado este martes que no se ha producido ningún avance en el plan normativo que anunció el Gobierno hace un año con el objetivo de renovar la Corona respecto a su transparencia y ejemplaridad y que ahora mismo la hoja de ruta del Gobierno está centrada en la recuperación económica y en cumplir los compromisos con la Unión Europea.

Llop incidía en la línea oficial del Gobierno de que la renovación se tiene que producir “cuanto antes mejor” aunque, apelando a unos plazos más realistas, ponía como fecha límite el mes de marzo por la visita oficial que el Comisario Europea de Justicia tiene previsto hacer a España: “Si puede renovarse el CGPJ mañana, mucho mejor, pero en cualquier caso hay que hacerlo antes de la visita de Didier Reynders a España”.

El 'whatsapp' que desencadenó la parálisis en la que se encuentra sumida en la actualidad el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple hoy tres años. Cinco días después de que PP y PSOE alcanzasen un acuerdo para renovar el órgano de Gobierno de los Jueces, en noviembre de 2018, este saltó por los aires tras difundir el entonces presidente popular en el Senado, Ignacio Cosidò, un mensaje de 'whatssapp' presumiendo de que «controlarían desde atrás» varios órganos clave del Tribunal Supremo.

Los magistrados constatan que Arnaldo, Espejel, Sáez y Montalbán reúnen los requisitos de idoneidad requeridos para convertirse en nuevos magistrados del Constitucional

La mujer, que acudió con su esposo a la consulta, sufrió un ataque de ansiedad tras la agresión, que se saldó con su arresto

Tras meses de bloqueo, el Constitucional se renueva con algunos candidatos de bajo perfil técnico y contaminados políticamente. Quienes tienen encomendado el control de los poderes públicos en sus distintas facetas han de poseer una cualificación profesional que es condición inexcusable para acometer el proceso de renovación institucional. Sólo desde el respeto a esa premisa innegociable cobran sentido las mayorías requeridas: no son un mero trámite sino el lugar donde cristaliza el esfuerzo de consenso que realizan los responsables políticos.

Gobierno y el PP han cerrado el acuerdo para renovar cuatro de los órganos constitucionales cuyo mandato estaba caducado: El Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos. Una semana después de anunciarse que se reiniciaban las negociaciones, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, han pactado los nombres que serán designados por el Congreso y el Senado en próximas secciones. Quedan pendientes todavía los relevos en el Conse

Gobierno y PP explican que "los nombres propuestos son profesionales de reconocidos prestigio reconocido y una dilatada trayectoria profesional" y que son nombres "de consenso" en su totalidad La renovación afecta al Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentos y la Agencia de Protección de Datos, pero no al Consejo General del Poder Judicial.

Tras el discurso del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, se produjeron el lunes junto al Salón de Plenos del Tribunal Supremo -en el que acababa de abrirse solemnemente el año judicial- los corrillos habituales, todavía limitados por la pandemia. En uno de ellos, Felipe VI ofreció su resumen de lo que acababa de escuchar al presidente del Consejo General del Poder Judicial: "Os ha leído la cartilla a todos".

En los casi tres años que el asunto lleva paralizado, la posición del PP ha ido evolucionando y ha ido planteando nuevas exigencias para el acuerdo porque “no se fía del Gobierno”. Estos son los hitos de un largo desencuentro.

El Consejo General del Poder Judicial vivió en 1996, coincidiendo con la llegada de José María Aznar al poder, una situación relativamente similar a la actual, aunque mucho menos duradera. El retraso en la renovación del órgano de gobierno de los jueces duró ocho meses, y no casi tres años. Pero se halló una solución drástica. Pascual Sala, que presidía entonces la cúpula judicial, lo describe con una afirmación categórica: “El retraso lo solucionamos con una dimisión colectiva, que desactivó el Consejo. Así conseguimos la renovación".

La principal asociación de juezas y jueces progresistas de este país, Juezas y Jueces para la Democracia, ha iniciado una campaña de recogida de firmas en internet para obligar al Partido Popular a desbloquear el órgano de gobierno de la judicatura, que lleva caducado y en funciones más de mil días, casi tres años desde que a finales de 2018 acabó su mandato. En apenas unas horas, la asociación de jueces progresistas de este país ha recogido más de 2.500 firmas