El juzgado de instrucción 4 de Badalona (Barcelona) ha enviado a juicio al exalcalde de la ciudad catalana y candidato del PP en las municipales, Xavier García Albiol, por permitir –presuntamente– la instalación de forma irregular de unas antenas de telefonía en la comisaría de la Guardia Urbana.

A Centeno se le acusa de un delito continuado de prevaricación mientras era vicepresidente de la Diputación de Valladolid, institución que promovía, a través de la sociedad pública (SODEVA) que presidía, la pista de esquí seco que se proyectó en Villavieja del Cerro. Con un presupuesto inicial de 4 millones, una vez aprobado el proyecto se fue modificando hasta triplicarlo y pasar a 12. La pista nunca se llegó a ejecutar en su totalidad porque fue ilegalizada por los tribunales.

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado al expresidente de Murcia (PP), Pedro Antonio Sánchez, a tres años de prisión, una multa de 3.600 euros, y 17 años y 3 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público, al considerarlo culpable de prevaricación y falsedad en relación con el proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la localidad.

Los defensores medioambientales de la costa norte de Honduras saben que hay balas con sus nombres escritos o con los nombres de sus seres queridos. En lo que va del 2023, siete defensores de la tierra y del agua han sido acribillados en el Bajo Aguán, un valle de tierra fértil donde los campesinos provenientes de tierras yermas se apuntaron a un proyecto de cultivo de palma africana que los atrajo en los años 70. Las últimas víctimas han sido Santos Hipólito Rivas, de 46 años, y su hijo Javier Rivas, de 15 años.

Se trata de comentarios con calificativos como “delincuentes” o acusaciones de “prevaricación” a los que se añadían otras sin fundamento, carentes de cualquier veracidad pero que buscaban hacer daño y menospreciar la labor profesional de los integrantes de la Jefatura Superior así como de la propia representante del Ministerio Fiscal.

Salarios de miseria para los trabajadores, daños medioambientales causados por la producción: se supone que la ley sobre la cadena de suministro, en vigor desde enero, debe evitarlo. De hecho, los productos fabricados en condiciones inhumanas siguen llegando a los supermercados de Berlín y Brandemburgo. Desde la distancia, Said* observa el enorme invernadero donde hasta hace poco cosechaba tomates. 40 horas a la semana, por el salario mínimo legal de 7,67 euros la hora, al menos eso dice su contrato de trabajo. Pero la realidad es otra:…

El Consejero Delegado del Grupo de Bodegas Félix Solís tendrá que responder, este martes, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ciudad Real por un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como por otro delito continuado de distracción de aguas.Peticiones de entre dos a cuatro años de prisión. Tanto la Fiscalía como la Acusación Particular, también, solicitan dos años y medio de inhabilitación especial para ejercer su profesión y una indemnización al Estado de 84.000 euros por los daños y perjuicios

Han pasado ya casi 15 años desde que la familia Lapeña iniciara su particular vía crucis para la exhumación de dos familiares fusilados por el franquismo y cuyos restos reposan en el Valle de Cuelgamuros sin que aún hayan podido cerrar esa herida. A día de hoy, el proceso de demanda se encuentra paralizado por la negativa de la alcaldesa de San Lorenzo de el Escorial en Madrid de reactivar la licencia municipal que permitiría la entrega de los cuerpos.

La Fiscalía de Ciudad Real, con la firma del fiscal jefe, Luis Huete, ha archivado con fecha 13 de enero la denuncia presentada por dos delegados sindicales de CCOO a cuenta del concurso oposición promovido por el Consorcio contra Incendios y Salvamento (SCIS) de la provincia.

Prevaricar equivale a dictar una resolución, por parte de un juez o funcionario, conscientes de que es contraria a Derecho; es decir es injusta o arbitraria al desviarse maliciosamente del recto ejercicio de la función pública.

Durante el mes de noviembre y principios de diciembre se investigó a 43 personas por presuntos delitos contra el medio ambiente, falsificación documental y pertenencia a organización criminal, que en los dos últimos años habían logrado trasladar desde la isla de Gran Canaria a África más de 5.000 toneladas de residuos peligrosos de aparatos eléctricos, obteniendo beneficios económicos de más de 1,5 millones de euros.

En plena urgencia climática y de biodiversidad, España desmantelará por primera vez varios aerogeneradores por motivos ambientales. En el foco de la polémica está el nudo eólico de Villameca, en León, del que ya se ha iniciado la tramitación para el desmantelamiento de los aerogeneradores más problemáticos tras más de 20 años. Ocupaban una zona sensible para el urogallo cantábrico, una especie que ya entonces estaba catalogada como en “peligro crítico de extinción”.

La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral contra la edil del PP de Alcorcón Susana Mozo. Está investigada por presunta prevaricación en la liquidación de las obras del Centro de Creación de las Artes (CREAA). Por ese motivo le pide 10 años de inhabilitación para empleo y cargo público. Los hechos se remontan al año 2012, cuando era alcalde el actual consejero de Transportes e Infraestructuras de Ayuso, David Pérez (PP). Y segunda teniente de alcalde, Susana Mozo.

El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (PP y Ciudadanos), que desde agosto bloquea las exhumaciones del Valle de los Caídos alegando dudas legales pese a la autorización expresa del Tribunal Superior de Madrid (TSJM), permitió hace un mes una fiesta ilegal en una finca de alto standing y a la que asistieron destacados políticos del PP. Entre ellos, el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo; el expresidente del Gobierno José María Aznar, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la expresidenta regional Esperanza Aguirre.

Dos de los funcionarios intervinieron en una modificación de las condiciones del vertedero en 2011 y el tercero en una inspección en 2017. También cita como investigados a 5 trabajadores de la ingeniería Geyser HPC

Los miembros de un tribunal para unas pruebas para cubrir plazas de especialista acordaron, presuntamente, rechazar al denuciante a pesar de que había superado el examen por considerarlo "incapaz y peligroso"

Las administraciones públicas incumplen durante 23 años la ley de 1999 que obliga a la restauración de las 300 mil hectáreas de las marismas del Guadalquivir. Doñana se está muriendo por la anemia, por la usurpación de los cauces del agua que nutrían esto, y por las administraciones que se desentienden de la agonía.

Familiares de inhumados en el Valle de los Caídos han presentado una querella en los juzgados de San Lorenzo de El Escorial contra la alcaldesa de este municipio, Carlota López Esteban, al entender que está bloqueando la licencia de obras para acceder a las criptas para proceder a las exhumaciones de restos de sus seres queridos.Los querellantes consideran que la regidora habría incurrido en un presunto delito de prevaricación al contravenir diversas resoluciones judiciales y con ello «vulnerar la reparación de las víctimas

La exalcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz (Izquierda Unida), durante 2007-2013, llegó a realizar 749 contrataciones a dedo para cubrir puestos del Ayuntamiento. Los magistrados la consideran culpable de un delito continuado de prevaricación La exalcaldesa contrataba al personal «prescindiendo de todo procedimiento legal», eligiendo «de forma personalista» a los empleados. Una forma de contratación que se hizo habitual y que, según la Fiscalía, perseguía montar una red clientelar para captar el apoyo de los vecinos y no moverse del Ayuntamiento

Incendios provocados desde dispositivos arrojados por una avioneta. Esto no va de cambio climático, va de dinero.

En 2023 está previsto que entre en vigor de la nueva Ley europea de debida diligencia en la cadena de suministro para prevenir las violaciones de los derechos humanos y de la legislación medioambiental. La normativa se aplicará en todos los países europeos y obligará a realizar controles estrictos. Así, se explica en el tema de portada de revista de Buen Gobierno, Iuris&Lex y RSC del mes de julio, en el que se explica que la crisis provocada por el Covid-19 supuso el espaldarazo definitivo a la importancia de la inversión ESG a escala global.