La reforma de Ayuso en materia de ley del suelo abre la puerta a destinar zonas para la construcción de vivienda que inicialmente no estaban reservadas para esos fines, en detrimento de equipamientos sociales o áreas verdes. En materia ambiental, busca excluir del requisito de evaluación de impacto a gasolineras, crematorios y campos de golf.

El Tribunal Constitucional suspende de forma provisional y hasta que resuelva el fondo del asunto la 'ley trans' y LGTBI+ del Gobierno de Ayuso. El Pleno admite a trámite los recursos de inconstitucionalidad del Gobierno y suspende varios artículos de las modificaciones realizadas el año pasado.

El Tribunal Supremo de Corea del Sur ha confirmado este jueves en un fallo histórico que una pareja del mismo sexo puede beneficiarse del seguro médico estatal de su cónyuge, en una medida aclamada como una victoria para los derechos LGBTI en un país que se ha quedado atrás con respecto a otras legislaciones de la región.

El borrador de la nueva ley de universidades que tiene previsto aprobar la Comunidad de Madrid abre la puerta a una mayor mercantilización, a la firma de conciertos con las universidades privadas y a la sanción de la protesta estudiantil.

La pasada semana se había paralizado, al menos de momento, el denominado “ecocidio” de Monte Gancedo. Es el nombre que recibía el plan del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el municipio más rico de España y feudo electoral del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, para construir un desarrollo inmobiliario de lujo en una zona de alto valor ecológico. Pero, más allá de la destrucción del bosque, si el plan sale adelante se estaría gestando una réplica del fiasco de El Cañaveral, el desarrollo junto a Vicálvaro con miles de viviendas, pero sin s

Las familias de las víctimas en las residencias de Madrid en 2020 acudirán el miércoles a los juzgados para exigir un perdón a la presidenta Díaz Ayuso por haber dicho que un mayor “no se salvaba en ningún sitio”. La medida es un acto requerido por la ley, previo a la presentación de una querella por injurias, y está motivada por las declaraciones que hizo Ayuso el 15 de febrero en la Asamblea autonómica, tratando de defender los protocolos que limitaba drásticamente la hospitalización de los mayores enfermos que residían en las residencias

El Tribunal Superior de Madrid ha pedido al Tribunal Supremo que impute al fiscal general del Estado por la querella de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El juez entiende que pudo haber un delito de revelación de secretos en el comunicado con el que la Fiscalía buscaba desmentir varios bulos sobre el proceso judicial por doble fraude fiscal contra el empresario.

Esta situación vulneraría la Ley Trans, que eliminó el requisito de que la filiación de la progenitora no gestante esté supeditada al matrimonio | En el Registro de Tafalla, en cambio, sí permiten la inscripción

Inmaculada Iglesias, titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, será la jueza que investigue si abre diligencias e imputa a Nacho Cano por los delitos de favorecimiento de inmigración ilegal, con penas que van desde los dos hasta los cinco años, y contra los derechos de los trabajadores, con sanciones oscilantes entre los seis meses y los seis años de prisión. Se trata de la misma instructora del caso de Alberto González Amador

Fijaos por donde, lo mismito que dijo del fraude fiscal de su novio: que todo era una persecución política del malvado “Perro Sanchez”. Y finalmente resulta que su novio confesó el fraude de 350.000 euros dejándola de mentirosa. Ayuso, un consejo: antes de gritar "estalinismo" o "persecución", asegúrate de que tus colegas o novios no están montando un chiringuito ilegal. Que una cosa es defender a los amigos y otra convertir la Comunidad de Madrid en un bufete de abogados para presuntos delincuentes.

López decidió "ir a saco" contra Ayuso por su gestión de las residencias en lo peor de la pandemia

Agentes de la Policía Nacional arrestan al director de Malinche tras recibir denuncias de extranjeros afectados

En política, es fundamental la habilidad para mantenerse en el candelero, pero también es vital saber salirse del foco cuando vienen mal dadas. Sobre la habilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para acaparar los titulares se ha escrito mucho, aunque se ha puesto menos en valor su capacidad para borrarse del mapa cuando no le conviene. Y en una semana negra para la derecha y la ultraderecha en Europa, Ayuso ha sabido usar una bomba de humo para desaparecer, hasta el punto de quedarse sin agenda pública.

Díaz Ayuso, de 45 años, es una de las figuras más relevantes del Partido Popular español y la única capaz de hacerle sombra al liderazgo del actual presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo las investigaciones de la Fiscalía por posible fraude fiscal y presunta falsedad documental a quien es su novio desde hace casi tres años -y con quien convive en un departamento costoso-, empañan a la presidenta regional y la acorralan.

Un año más, ha comenzado en Madrid la semana del Orgullo, la cual está basada en la reivindicación de los derechos LGTBI y en protesta contra los discursos de odio promovidos por la derecha. Miles de personas han salido por las calles de Madrid y muchos han clamado contra la derecha que asola la ciudad: "Ayuso, Almeida, iros a la mierda", se ha escuchado por las calles de la capital en protesta contra las políticas derechistas y conservadoras promovidas por los Gobiernos regional y local.

Parece que el detenido asfixió a su pareja, de origen cubano, hasta la muerte. Tenían un hijo de 7 años que parece que se encuentra en buen estado.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid está preparando una nueva ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia con la que pretende perseguir, castigar y silenciar las protestas estudiantiles.

El fiscal considera probado que los correos fueron filtrados antes de que los fiscales imputados tuvieran acceso y ante los indicios que apuntan al entorno de Ayuso como fuente, reclama al juez que cite a su pareja, Alberto González y a su abogado, para que testifiquen a quién dieron acceso a sus comunicaciones con el Ministerio Público sobre las negociaciones para su acuerdo por fraude fiscal