La Fiscalía Provincial de Castelló ha abierto diligencias de investigación al concejal de Movilidad del Ayuntamiento de la capital de la Plana, Cristian Ramírez, tras la denuncia presentada el pasado 30 de mayo por el grupo municipal socialista por el caso de las multas en zona azul presuntamente impagadas por el concejal del PP “por la falta de respuestas de la alcaldesa, Begoña Carrasco, y la inexplicable desaparición de 134 multas que podría no haber abonado el edil de Movilidad”.

El exasesor de la OMS Daniel López-Acuña advierte sobre la bajada general de la inmunidad y pide volver a la mascarilla en hospitales y farmacias

Intervención del portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, sobre la criminalización de la protesta, el punitivismo, la Ley Mordaza y la intención de las derechas de cuadruplicar las multas contra los activistas climáticos.

«No es la primera sanción y damos por hecho que no será la última», asegura el concejal de Salud Pública del Municipio. Se trata de El Campello. Allí el pasado 12 de junio los agentes de la Policía Local de la localidad actuaron tras un aviso de un perro suelto y sin control alguno en la via pública. Los efectivos llegaron a la zona y vieron como el perro realizaba sus necesidades en la calle, mientras que la mujer que lo llevaba no las recogía.

La aseguradora Allianz ha sido multada con 200.000 euros por permitir la filtración de la póliza de automóvil de uno de sus clientes, así como un informe de la Dirección General de Tráfico con información del vehículo. Esa información llegó a la expareja del hombre, quien la usó en “un procedimiento judicial" que ambos llevaban a cabo "de modificación de medidas paternofiliales", de acuerdo con la resolución de la AEPD.

No habrá pacto. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cierra la puerta a un acuerdo con el gigante estadounidense Booking

Una investigación preliminar sostiene que el virus puede impulsar el crecimiento de tumores y desactivar las defensas.

Aunque se han reducido a la mitad los puntos de incumplimiento de la norma, el retraso acumulado ha hecho que Bruselas considere que persiste un problema “generalizado”. Tirar casi sin más las aguas sucias de una población al mar o al cauce del río es una práctica que a España se le ha convertido en un problema engordado a base de millones de euros en multas y juicios europeos. De momento, 87 millones pagados desde 2018 y dos procesos más pendientes de sentencia denunciados por Bruselas.

El hombre se negó a identificarse cuando un subinspector le pidió hacerlo en Gáldar, en el norte de Gran Canaria. Al oponerse a hacerlo, el agente le impuso una sanción por obstrucción, sin importar si realmente era una prestación laboral o no. Fuentes jurídicas consultadas ven poco recorrido a un posible recurso

En noviembre de 2016, la Agencia Tributaria practicó una liquidación a Haya Real Estate por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2013 y 2014 que determinó, entre otras cosas, que no podía deducirse esos finiquitos porque se pagaron “voluntariamente”. “Ninguna norma ni instrumento de obligado cumplimiento le impelía a pactar con sus directivos una indemnización por cese o despido”, fue “una liberalidad” y “no existía obligación legal” de hacerlo.

El uso de una pegatina o señal que corresponda a una empresa de seguridad de verdad, sin tener en realidad sus servicios contratados, puede acarrear sanciones, ya que se está usando de forma ilegal una marca registrada, y por ende se vulnera su propiedad intelectual. Según establece la Ley 17/2001, del 7 de diciembre, de Marcas en el Código Penal, si se realiza alguna de las acciones nombradas anteriormente, dicha persona se está exponiendo a la sanción más grave en estos casos, un delito contra la propiedad intelectual e industrial.

El Principado sostiene que la modificación de la Ley de Turismo pretende incrementar la calidad y competitividad del sector. Los inmuebles deberán alquilarse íntegramente; es decir, que no podrán contratarse por habitaciones

Al hombre sin certificado de Covid no se le permitió entrar a un café Fazer en el año 2021 y presentó una demanda a raiz de ello. Argumentó que Fazer y el Estado, responsable de las regulaciones de Covid, violaron sus derechos humanos y lo discriminaron. En su demanda citó la Constitución finlandesa, la Ley de Igualdad y las leyes de protección del consumidor. El Tribunal de Distrito de Helsinki desestimó el caso y condenó al demandante a pagar las costas judiciales del Estado (105.000€) y de Fazer (16.000€).

Consumo multa con 150 millones de euros a cuatro compañías por cobrar el equipaje de cabina y por obligar a imprimir el billete

Reforzar el régimen sancionador contra este residuo es una de las medidas propuestas por Sanidad, que tanto fumadores como no fumadores apoyan de forma casi unánime en las encuestas.

El concierto de Taylor Swift va a dar el pistoletazo de salida para controlar el ruido que hay en el ambiente en los aledaños al Nuevo Bernabéu. Dicho evento va a suponer un punto de partida por el que la Policía municipal va a controlar si hay exceso o no de ruido. Ha sido el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien ha estado tramitando ya varios boletines de denuncia por exceso de ruido durante los conciertos que se han celebrado hasta ahora en nuevo estadio. Y, en caso de que exceda de los decibelios permiti

Todo empezó cuando la reclamante solicitó a Mercadona las grabaciones de las videocámaras tras sufrir un accidente en sus instalaciones. Cuando transcurrió un mes sin obtener ninguna clase de respuesta, la reclamante escribió al Delegado de Protección de Datos de Mercadona. Para su sorpresa, le respondió que las imágenes ya habían sido borradas, lo que motivó a que la usuaria en cuestión pusiera los hechos en conocimiento de la AEPD. . Esto inicia un proceso sancionador ante el que Mercadona enarboló, fundamentalmente, tres argumentos.

Un informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda, realizado por el Instituto de Salud Carlos III, confirma el aumento de casos de COVID-19 en las últimas semanas, principalmente, entre las personas de 45 y 65 años.

El 25% del material enviado a analizar no cumplía con las condiciones contratadas. Muchas administraciones, como la Comunidad de Madrid y Puertos del Estado, distribuyeron material de protección sin control del laboratorio. Un dato que refleja el saqueo: el precio de las mascarillas FPP2 en las fábricas chinas durante los primeros meses de la pandemia osciló entre 1,3 euros y dos euros, pero los especuladores consiguieron colarlas a las Administraciones españolas hasta por ocho euros.