De las tres investigadas, la única que sabemos que casi con seguridad será condenada es la que menos responsabilidad tiene: la profesora Cecilia Rosado, la empleada en precario que fue presionada para falsificar el acta. Cifuentes tiene derecho a mentir, como lo tienen todos los imputados para defenderse de una acusación penal. Pero no tenía derecho a hacerlo como presidenta de la Comunidad de Madrid. Les invito a repasar el siguiente vídeo, del 26 de marzo de 2018. Cuesta encontrar a alguien que mienta así de bien.
