El texto que ultima el Ministerio de Igualdad, al que ha accedido elDiario.es, elimina los requisitos actualmente vigentes para hacer la modificación en el Registro Civil, que solo exigirá la "declaración expresa" de la persona.

Muchos gobiernos del PP Y Vox están planteando eliminar la ley de Memoria Democrática y sustituirla por una ley de Concordia, ¿pero puede existir una ley de Concordia, cuando sigue vigente la ley de Amnistía de 1977, que perdonó el genocidio y dejó impune a asesinos, torturadores y mantuvo en su sitio a jueces antidemocráticos?

El Tribunal Constitucional suspende de forma provisional y hasta que resuelva el fondo del asunto la 'ley trans' y LGTBI+ del Gobierno de Ayuso. El Pleno admite a trámite los recursos de inconstitucionalidad del Gobierno y suspende varios artículos de las modificaciones realizadas el año pasado.

El Ministerio de Sanidad sigue pisando el acelerador con el objetivo de tener aprobadas o al menos muy avanzadas antes de final de año las reformas legales contenidas en el plan contra el tabaquismo que consensuó esta primavera con las comunidades autónomas.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pide “explicaciones” a la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, por los contratos adjudicados por diversas administraciones a la sociedad que comparte con su pareja. La directora y su pareja han obtenido durante dos años encargos para gestionar puntos violetas y otras actividades relacionadas con la igualdad de las mujeres por valor de 250.000. 64 de ellas fueron adjudicaciones directas, insiste el medio.

Por mucho que Pedro Sánchez las incluya en el marco del Plan de Regeneración Democrática, y que Alberto Núñez Feijóo pretenda exagerarlas asegurando que atentan contra la libertad de prensa, la realidad es que las propuestas del presidente del Gobierno respecto a los medios de comunicación son de obligado cumplimiento para España a partir del 8 de agosto de 2025. Porque no son nuevas, todas forman parte del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación que la Unión Europea aprobó el pasado mes de marzo.

Extremadura frena en seco la derogación de la ley de Memoria Histórica que el PP y Vox habían pactado para sustituirla por una de Concordia. La ruptura de la coalición por parte de la extrema derecha ha dejado en papel mojado el acuerdo firmado hace un año y la polémica medida ya no es una prioridad y “no está sobre la mesa”, ha asegurado este martes la presidenta de la Junta, María Guardiola.

Yolanda Díaz anunció el martes por la mañana que había pactado con el PSOE "derogar" la polémica norma. A mediodía, los socialistas desmentían a la vicepresidenta y afirmaban que solo van a "abrir el debate".

Microsoft despidió a un equipo interno especializado en la diversidad, la equidad y la inclusión alegando "necesidades cambiantes del negocio". A través del correo electrónico, el jefe del antiguo equipo de diversidad de Microsoft afirmaba que su departamento iba a ser desmantelado "El verdadero trabajo de cambio de sistemas asociado con los programas de DEI en todas partes ya no son críticos o elegantes para el negocio como lo fueron en 2020", escribía. Google y Meta también recortaron sus programas de diversidad y equidad el año pasado.

Ya es el tercer peor julio de la última década, con ocho mujeres asesinadas en apenas dos semanas. La última víctima en confirmarse ha sido una mujer de 32 años, asesinada el 14 de julio en Sabadell (Barcelona) a manos de su pareja, que la agredió con un arma blanca en su casa y en presencia de dos de sus cuatro hijas menores de edad. En dos de ellos existían denuncias previas contra el agresor por maltrato. Ante este repunte, el Ministerio de Igualdad convocará a finales de mes un comité de crisis para analizar las circunstancias de cada caso.

El Tribunal Constitucional avaló la ley a excepción del artículo que sancionaba el “uso no autorizado” de imágenes de los agentes de los cuerpos de seguridad, por lo que policías y guardias civiles dejaron de aplicarlo. Se trata del artículo 36. En noviembre de 2020, el Constitucional avaló la ley mordaza, pero no el artículo 36.23: “El uso no autorizado de imágenes o datos ... de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad...". Ya no se aplica y en su lugar se denuncia a la AEPD la difusión de esas imágenes y datos.

Que dice que los delitos de injurias están en la ley mordaza (llevan 150 años en el código penal) y los van a derogar... Un ministro no puede decir un disparate así en nombre del Gobierno. El delito de injurias estaba en el código de Hammurabi hace 3500 años. Eso ni está en la ley esa que ella dice ("Ley de mordaza") ni se puede derogar. Si la portavoz del Gobierno es incapaz de explicar sus políticas y dice disparates así yo ya no sé dónde vivo.

El portavoz adjunto de Sumar Enrique Santiago ha aclarado este martes en el Congreso que el anuncio realizado horas antes por la vicepresidenta Yolanda Díaz sobre un acuerdo con el PSOE para la derogación de la conocida como Ley Mordaza, se limita a la reforma de un artículo para que deje de ser infracción la toma o difusión de imágenes en manifestaciones.

No está previsto que la derogación de la conocida como ley mordaza sea una de las medidas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncie este miércoles durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para exponer las líneas fundamentales de su plan de "calidad democrática. Fuentes de Ferraz aseguran que en el primer paquete del que dará cuenta Sánchez no estará incluida la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, pese a que Sumar lo ha situado como su principal prioridad en la mesa de negociación que constituyó con el PSOE

Los dos partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, han registrado, junto con Coalición Canaria, la proposición de ley para reformar la Ley de Extranjería que obligaría entre todas las comunidades al reparto de casi 3.000 menores extranjeros que están en Canarias. Cinco días después de la conferencia sectorial en la que los consejeros del PP pidieron más tiempo para analizar la norma propuesta por el Ejecutivo y que cuenta con el visto bueno del presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, el Ejecutivo ha tomado la decisión de empezar la tramitación