El Gobierno gallego ocultó en su momento cuánto dinero había destinado a contratar a seis 'influencers' para que compartiesen en sus redes imágenes sobre una de las rutas a Compostela. Entre todas las partidas destinadas a contratos en los que se identifica el nombre de influencers y tienen como objeto campañas promocionales en Instagram suman casi 80.000 euros de fondos públicos este año. Los participantes en el programa de Instagrammers no Camino compartieron durante cinco días al menos una publicación diaria en las red social.

Un ‘síndrome ansioso depresivo’ encerró un día en su casa a Ana. «Un día, de repente me dije: Tienes que salir de esto, de dejar de ser una víctima... y ahí empezó todo. Los primeros días esperaba a que mi marido llegara del trabajo y me cogía del brazo para dar una vuelta a la manzana. Cada día andaba un poco más, hasta que a los 3 meses caminaba 18 kilómetros sola». Hace mucho que Ana ya no toma ningún tipo de medicación. Sus análisis de sangre, antes llenos de asteriscos, son hoy un dechado de buena salud.

La sección 2ª de la Audiencia Provincial de Córdoba ha revocado la absolución en primera instancia de Manuel Trujillo, activista integrante de la plataforma A Desalambrar de Córdoba que fue juzgado por cortar unos alambres de espino como “gesto simbólico” contra el cierre del camino público de El Bañuelo. Ahora, tras el recurso interpuesto por la propiedad de la finca que cruza dicho camino, la Audiencia ha condenado a Trujillo “como autor de un delito leve de daños”.

Este domingo, integrantes de la plataforma ecologista A Desalambrar, que trabaja desde hace dos décadas por el tránsito libre en los caminos públicos y vías pecuarias de Córdoba, habían organizado una de sus rutas reivindicativas por la barriada periférica de Santa María de Trassierra. Al finalizar la misma, han hallado cuatro de sus vehículos vandalizados, con las ruedas pinchadas, además de inscripciones rayadas donde se podía leer la palabra 'Vox' e intermitentes rotos

La Pesquera, en Cuenca, logra tras cuatro juicios recuperar vías del pueblo cerradas por grandes cotos particulares, una práctica cada vez más común a pesar de que los caminos son públicos por ley, avisan varias asociaciones

La vía pecuaria de 53 metros de anchura estaba bloqueada a su paso por la finca La Atalaya, propiedad de la empresa Agropecuaria de Algar S.L., que instaló dos cancelas, en la entrada y salida. Esta situación fue denunciada ya en 2018 por Ecologistas en Acción a la dirección del parque natural y a la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible, que no hicieron nada para solucionar esta flagrante ilegalidad. Tras numerosas reiteraciones, por fin se nos informó que se había exigido a la propiedad de la finca La Atalaya que garantizase el paso