La Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer si varios exmagistrados cobraron mordidas por ayudar a Inassa en un litigio judicial. Uno de ellos pudo recibir 200.000 dólares.

Santiago García Benavides, imputado en el 'caso Lezo', reconoció haber percibido en 2001, mientras disfrutaba de una excedencia, el dinero por la venta de las acciones de la firma colombiana al Canal de Isabel II. Declaró que "era y sigue siendo militar", explicó a preguntas de la fiscal que entre 1995 y 1997 desempeñó el cargo de director de Seguridad en el Ministerio de Economía y Hacienda, y en esta última fecha, en 1997, se incorporó "a instancias de Aguas de Barcelona, a solicitud de ellos, en una entrevista aquí en Madrid, a Colombia..

La Subdirección General de Localización y Recuperación de Bienes del Ministerio de Justicia ha enviado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional un informe de 31 páginas, reclamado por el juez Manuel García-Castellón, en el que se analiza el patrimonio del exalcalde y expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón, así como el de otros imputados en el 'caso Lezo', según consta en un escrito que tuvo su entrada en la Audiencia Nacional el 8 de agosto.

Solicita información de los secretarios generales del gobierno regional en 2001 para citarles como testigos por esta operación del Canal de Isabel II. El magistrado continúa con las pesquisas en la pieza número 1 de la trama con el fin de averiguar cual era la verdadera información que disponía el gobierno de Gallardón de la operativa, la cual costó 73 millones de euros a la empresa pública de aguas y estuvo, según denuncia la Fiscalía, plagada de irregularidades.

Nicolás Maduro, anunció que pedirá una "indemnización" de Bogotá por los colombianos que viven en el país petrolero, en medio de la crisis abierta en América Latina por la migración masiva de venezolanos."Hay una idea, que he aprobado, de meter una demanda internacional para solicitar una indemnización del gobierno colombiano por los 5,6 millones de colombianos que están aquí."Vamos a usar todos los mecanismos internacionales", agregó. Aunque el gobierno de Maduro sostiene que hay 5,6 millones, el más reciente censo los cifró en 721.000.

Eric Yeiner Hincapié Ramírez, un tatuador colombiano de 22 años que se hace llamar 'Kalaca Skull', se sometió a varias cirugías plásticas para parecerse a una calavera. Para lograr el mayor parecido posible, se cortó la nariz y las orejas y se tatuó su cara y se cuerpo. Además, el hombre se cortó la lengua en dos partes para semejar la de una serpiente. El tatuador se define como "una persona normal que tiene un aspecto diferente a los demás"

Pedro Calvo advierte de que el juez Manuel García-Castellón no ha llamado a declarar al parlamentario José Ignacio Echániz, que participó en la compra de Inassa, y apunta a la posibilidad de que el instructor quiera evitar que el Supremo se haga con la causa.

Un juzgado de Bolivia envió hoy, miércoles 1 de agosto, a prisión a un colombiano acusado de asesinar a otro hombre de esa nacionalidad porque supuestamente sus ronquidos no le dejaban dormir, informó una fuente de la Fiscalía boliviana. El suceso ocurrió el lunes en la noche en el municipio de Guanay, en el norte del departamento de La Paz, dijo al canal privado ATB el fiscal Luis Atanasio, a cargo del caso. El agresor, identificado con las iniciales G.M.R.V., reclamó a su compañero de habitación,

El Canal de Isabel II ha hecho historia en Colombia, aunque por motivos que no invitan a sentirse orgullosos. Su filial Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa) se ha convertido en la primera compañía sancionada en el país latinoamericano por un caso de soborno trasnacional, en relación con la adjudicación de contratos en Ecuador en el año 2016.

Junto a él fueron capturadas otras 13 personas sindicadas de narcotráfico.

La nueva filtración de un millón de documentos del bufete Mossack Fonseca, pone al descubierto el tras bambalinas de lo que sucedió después de las primeras revelaciones periodísticas en abril de 2016. Además de las repercusiones penales y tributarias en 79 países, para atender el volumen de reclamos o exigencias de clientes colombianos, la firma creó el “Proyecto Colombia”, entre otras acciones, para recaudar información que no conocía de sus clientes.

Después de una década y treinta operaciones reconstructivas, las razones del ataque que le abrasó la cara, orejas, cuello, pecho y brazos siguen siendo un misterio. Aun así, cuando Betty Laura Zapata, una fotógrafa venezolana que vive en Londres, contactó a Espitia para hablarle de su proyecto para documentar a víctimas de ataques con ácido en Colombia, se topó con una poderosa ciudadana pública.

El expresidente madrileño insiste en que la compra de Inassa fue beneficiosa para los madrileños y se hizo con los informes jurídicos a favor. Ha negado haber cobrado comisiones derivadas de un sobreprecio y se ha mostrado molesto con la pregunta. Asegura que no conocía los detalles de la compra aunque ha insistido en que "las cosas se hicieron bien y de acuerdo con la ley"..

Aunque como presidente de la Comunidad de Madrid era el máximo responsable, Alberto Ruiz Gallardón ha afirmado ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que desconocía los detalles de la sospechosa compra de Inassa en 2001, que supuso un desembolso de 73 millones de dólares, pagados a través de una empresa interpuesta en Panamá, un paraíso fiscal.

El exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón va a entrar este jueves en la Audiencia Nacional como imputado. El exministro de Justicia está imputado en el caso Lezo por la compra en 2001 de la empresa colombiana Inassa a través de una sociedad panameña. Anticorrupción apuntó a que se produjo un desvío de fondos porque se pagó por esa compañía mucho más de lo que costaba realmente. Su antiguo equipo en la Comunidad de Madrid ha defendido que la compra fue legal con la que generaron 200 millones de euros de beneficio.

El expresidente del Canal niega haber cobrado comisiones por la compra de la sociedad colombiana en 2001. Afirma que la expansión por latinoamérica se planeó en época de Leguina y dice que buscaba modernizar el Canal..

La Unión Europea entregará 15 millones de euros adicionales para reincorporación de la Farc.

La comunidad negoció y adquirió Inassa mientras se cometían irregularidades. Nada más llegar, el Canal tuvo que poner seis millones de dólares por las pérdidas de un negocio ruinoso en Venezuela.

Endesa importó a España carbón de sangre de minas colombianas entre 2010 y 2017. Enel, propietaria de la eléctrica española, lo reconoció en su última junta de accionistas. Trabajó con dos empresas colombianas acusadas de utilizar a paramilitares contra los mineros

Agentes de Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada a la falsificación de Tarjetas de Identidad de Extranjero. Se ha procedido a la detención de 12 ciudadanos colombianos -6 en Madrid, 4 en Barcelona, 1 en Pamplona y otro en Mallorca- acusados de diversos delitos como pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental o infracción a ley de extranjería. La banda estaba asentada en Madrid y los demandantes principales de la documentación falsa eran mujeres, también de nacionalidad colombiana, que ejercían la pros

Los votantes colombianos residentes en el extranjero tendrán una semana para elegir al nuevo presidente. Cancillería y Registraduría trabajan juntas para garantizar el pleno desarrollo de la jornada electoral.

Diego García Arias, uno de los principales exdirectivos de Inassa (la filial del Canal de Isabel II en Sudamérica) investigado por pagar y recibir mordidas, ha decidido reclamar a la Comunidad de Madrid 300.000 dólares (250.000 euros) por lo que él considera un despido improcedente. Alega que tenía un contrato blindado que le habilitaba a cobrar esa cantidad si Inassa decidía prescindir de sus servicios sin causa justificada. García Arias ha reconocido que se llevó 900.000 dólares en la operación en que también cobró Ignacio González.

En el libro ‘Democracia feroz’, el politólogo Gustavo Duncan trata de contestar esta pregunta.

Los investigadores concluyen que hay indicios claros de que los 73 millones de dolares que se pagaron por Inassa son superiores al precio real de la compañía y que el visto bueno que dio el gobierno regional de Gallardón no contenía autorización para llevar a cabo la compra como finalmente se hizo,a través de una empresa radicada en Panamá,y adquiriendo junto al 75% Inassa el 51% de una compañía dominicana llamada Watco. Además cuestionan en qué documentos o informes se basó el Consejo de Gobierno para autorizar..