La comisión de investigación del Congreso de los Diputados analizará a fondo el contrato millonario del hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, adjudicado a Priviet Sportive.SL, la empresa que pagó comisiones al familiar de la líder regional por la compra de mascarillas procedentes de Corea del Sur durante lo peor del Covid, que aterrizaron en IFEMA. Por esta operación la mencionada compañía, propiedad de un amigo de Ayuso de la infancia, se embolsó un importe total de 1.512.000 euros (IVA incluido).

La Xunta de Galicia, entre las administraciones de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, adjudicaron al menos 20 millones de euros a la empresa dirigida por el cuñado del hoy líder del Partido Popular, Ignacio Cárdenas, hermano de Eva Cárdenas. Estos contratos, al menos 44 según ha podido documentar ElPlural.com, se adjudicaron a Universal Support entre 2020 y 2023, y el Congreso de los Diputados los ha puesto bajo la lupa en la comisión de investigación que fiscalizará las contrataciones de mascarillas durante la pandemia.

Una empresa gallega que imponía a los vigilantes de seguridad jornadas de 24 horas durante 15 días seguidos se ha hecho con el contrato para vigilar un centro de menores migrantes no acompañados y otro de niños y niñas tutelados

A pesar de las acusaciones y la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, el caso fue archivado, no encontrando indicios de irregularidades. Sin embargo, pese a que se dio carpetazo a esta polémica, el tema ha vuelto a la actualidad después de que este martes la comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia destinados a la compra de material sanitaria en pandemia -que echará a andar el próximo lunes- haya solicitado tanto a Room Mate, como a Enrique Sarasola todos los contratos de este proceso

El Concello de Ferrol ha dado marcha atrás en su decisión de redactar «exclusivamente» en castellano todos los contratos que licite y deban ser publicados para su adjudicación. Tras conocerse el contenido de la instrucción municipal en la que, por razones de agilidad administrativa y para reducir los plazos, se establecía esa medida, el gobierno local ha rectificado y garantiza ahora que también se traducirán al gallego.

Aaron Cortés, tenista español que llegó a ser el 955 del ránking, ha sido suspendido 15 años tras admitir 35 quebrantamientos del programa anticorrupción del tenis. Cortés cometió estas irregularidades entre 2016 y 2018 y entre ellas se incluye amañar el resultado de partidos, aceptar dinero por ello, no avisar a las autoridades de los intentos de soborno, apostar en partidos y dar dinero a los organizadores de los torneos para que le dieran invitaciones.

La empresa de telemarketing vinculada al cuñado de Alberto Núñez Feijóo a la que la Xunta adjudicó contratos por 19,2 millones de euros entre 2020 y 2023 por los servicios de call center, información telefónica sobre el covid y rastreo de casos durante la crisis sanitaria, pagó 1,16 millones de euros anuales en salarios los trabajadores y trabajadoras a los que destinó a cubrir esas tareas. Rel: www.meneame.net/story/empresa-cunado-feijoo-gano-oferta-mas-cara-otro-

La multinacional estadounidense DXC Technology, encargada de proporcionar servicios informáticos y de gestión a grandes empresas y entidades públicas en España, se enfrenta a una huelga de sus trabajadores que podría tener un impacto significativo en sectores clave de la economía del país. Los empleados de DXC, que suman alrededor de 7.500, están llamados a secundar paros durante siete días estratégicamente seleccionados, comenzando el 21 de marzo y extendiéndose hasta el 5 de junio.

Es el 77% del presupuesto anual de la Xunta para sanidad, más de tres veces lo que se gasta al año en políticas sociales o algo más del 30% del dinero del que dispone en cada ejercicio. Desde 2018 hasta 2023, el Gobierno gallego, dirigido por el Partido Popular ha gastado 4.000 millones de euros en contratos sin concurso público, en licitaciones menores. Es decir, en contratos a dedo de hasta 15.000 euros para servicios y de hasta 40.000 euros para obras, que son los máximos establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público para que un en

El PP ha registrado este viernes en el Parlamento su escrito de “oposición a dicha comisión”, como ya lo hizo meses atrás cuando la propuso Adelante Andalucía. Los populares, que tienen mayoría absoluta en el Parlamento, bloquean la investigación sobre la contratación de emergencia de la Junta en el Parlamento andaluz la misma semana en la que el Congreso aprueba por mayoría -y con la abstención del PP- una investigación sobre la compra de mascarillas por parte de todas las administraciones públicas durante la pandemia.

La Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) se gastó 292 millones de euros en fichar productoras externas durante el año 2023, esto supone más que duplicar los 142 millones que se destinaron en 2022 y doblar la media de los últimos tres años. Así consta en la última actualización de los contratos de la cadena pública a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE a través de una pregunta formulada en el Portal de Transparencia.

El Congreso ha dado luz verde este jueves a la creación de una comisión de investigación sobre la compra de mascarillas durante la pandemia. La iniciativa, impulsada por el Partido Socialista tras las informaciones sobre el 'caso Koldo', ha salido adelante gracias a los votos del bloque de investidura y con la abstención del Partido Popular.

La empresa Grupo Centenari tiene 60 denuncias ante Inspección de Trabajo por prácticas como impagos a la plantilla o falta de material adecuado para atender a los y las residentes. La Comunidad de Madrid ultimaba la renovación de su contrato.

El Tribunal Supremo ha sentenciado que un informático tendrá que entrar en prisión por paralizar durante una semana el Banco Santander con un ciberataque denominado “bomba lógica” después de que en 2017 su empresa, una subcontrata de la entidad, decidiera “prescindir de sus servicios”. Los jueces, según ha sabido elDiario.es, han confirmado su condena de tres años de cárcel por causar el “caos” en el banco de Ana Patricia Botín, un ataque informático que tumbó 3.178 ordenadores de 839 oficinas y más de un centenar de puestos de caja durante cas

Un hombre que exigió a una joven de 14 años firmar lo que denominó un "contrato de sumisión" que la obligaba a estar a su disposición las 24 horas del día, de lunes a domingo, y a agredirla sexualmente donde él dijera, ha sido condenado a dos años de cárcel y a cuatro de libertad vigilada.