Denuncia la “violación fragrante” de normas urbanísticas para aprobar el proyecto del Canal, adjudicado a una firma del hermano de Ignacio González.

La compañía, adjudicataria de varios contratos de gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid y una de las principales contratistas de la empresa de aguas madrileña el Canal de Isabel II, fue registrada por la GC en 2017 por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en busca de pruebas del presunto desvío de fondos de empresas públicas, principalmente el Canal de Isabel II, para financiar ilegalmente al PP de Madrid y el lucro personal de González. Esta no es la única causa con la que se ha relacionado al empresario.

Un trabajador de 26 años ha muerto en un accidente laboral que ha tenido lugar este viernes en la localidad guipuzcoana de Lezo, ha informado el Departamento de Seguridad. La Ertzaintza ha recibido a las 11:45 horas el aviso del accidente, que se ha registrado en una empresa situada en el polígono Ipintza de Lezo, han señalado las citadas fuentes. Según ha señalado el sindicato LAB en un mensaje que ha colgado en las redes sociales, el siniestro ha estado relacionado con la "explosión del neumático de una rueda".

La empresa de avales semipública que en 2011 dio un préstamo irregular a la empresa de los padres de Isabel Díaz Ayuso ya apareció citada en una de las conversaciones intervenidas a personas implicadas en el caso Canal de Isabel II: “Las estamos liquidando de forma discreta para no tener líos,porque claro lo que no queremos es que esto… dice como lo de AVAL MADRID me ha contado pero peor,yo es que no lo conozco muy bien lo de AVAL MADRID,bueno sé lo que es quiero decir no,digo que sepas que ellos los del CANAL DE ISABEL II están aterrados"..

El expresidente de la Comunidad de Madrid dijo a Eduardo Zaplana sin saber que les estaban grabando que comía habitualmente con el nuevo consejero madrileño. Destacó el poder de influencia del juez y el de Enrique Arnaldo Alcubilla, ex vocal del CGPJ y abogado de López que se implicó en las maniobras para influir en la Justicia. González dijo que trató con el hoy consejero de Madrid y entonces juez los cambios en la Fiscalía; él y Zaplana tenían un plan para poner a fiscales afines como Moix.

Esta mujer, que procede del colegio público Virgen del Cortijo, en el distrito de Hortaleza, se postuló en el último concurso de méritos de la Comunidad para dirigir tres centros en la región, pero fue excluida de todos ellos por no cumplir dos requisitos. Los centros que quería liderar son el Ramón Pérez Ayala; el Dionisio de Ridruejo y el Blas de Lezo, que finalmente controla en sustitución de Javier Montellano, director suspendido por decisión de la consejería y contra el criterio de los padres y madres de alumnos.

El PSOE, que ejerce la acusación popular en el procedimiento sobre presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II, ha remitido a la Audiencia Nacional su escrito de acusación por la compra presuntamente fraudulenta de la colombiana Inassa en 2001. En sintonía con lo expuesto por la Fiscalía Anticorrupción, la formación socialista dirige su acusación contra un total de 22 personas, entre las que no se encuentra el expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón, del cual, no obstante, solicitan que declare como testigo en la vista oral.

La mención expresa al fundador de Coalición Canaria figura en una de las grabaciones intervenidas en el registro al domicilio de Paulino Hernández, el Villarejo de OHL. La Guardia Civil sitúa a Julio Bonis como presunto receptor de comisiones en México antes de que la constructora optara por esta fórmula de pago ante las dificultades que encontraba en España para abonarlas sin levantar sospechas.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 7 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta para los exconsejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, antiguos colaboradores de Alberto Ruiz-Gallardón, por la pieza 1 del caso Lezo, esto es, la compra de la sociedad colombiana Inassa a cargo del Canal de Isabel II en el año 2001.

La Fiscalía Anticorrupción ultima su escrito de acusación en la pieza separada número 1 de caso Lezo donde pedirá hasta siete años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos agravada para varios de los ex miembros de la cúpula del Canal de Isabel II en dicho procedimiento. La adquisición de Inassa por el ente público estuvo “plagada de ilicitudes”, recogía el auto de procesamiento del instructor.

Una grabación de la operación Lezo desvela la preocupación que despertó entre los ejecutivos de la compañía la vinculación de Antonio Plasencia,su socio en la obra del puerto de Granadilla,con las investigaciones por la compraventa de la playa de Santa Cruz de Tenerife que acabaron con su exalcalde de CC,Miguel Zerolo,en prisión. La GC sospecha que el dinero de las presuntas ‘mordidas’ se repartía entre las empresas de las UTE. En las conversaciones intervenidas se menciona a Zerolo,se habla del caso Forum y se alude a la ATI como el “núcleo fu

El PSOE había pedido su imputación y el juez entiende que esta petición tiene una "base irreal" al "apoyarse en un artículo periodístico que, a su vez, dice que se basa en un informe Anticorrupción que no existe en absoluto". Para los socialistas, esto "demuestra" que la expresidenta tenía "un claro conocimiento de la tramitación" del proyecto, pero apunta que "no sólo del inicio del procedimiento, que reconoce como propio", sino de las "vicisitudes del mismo", ya que explicó en la misma comparecencia en la Asamblea de Madrid que el Ayuntamie

El expresidente de Inassa remite un escrito a la Audiencia Nacional para ratificar que el exdirigente del PP se llevó una comisión millonaria por una operación ruinosa para la Comunidad de Madrid.

a propuesta figura en los puntos de la junta de accionistas que el grupo celebrará en Londres el próximo 27 de junio. "El caso está ahora cerrado", dice la compañía sobre la sentencia firme del Supremo contra su presidente ejecutivo por las tarjetas opacas de Bankia. Javier López Madrid está imputado en la trama Púnica desde 2016 y, desde 2017, en el caso Lezo por el presunto pago de una comisión de un millón y medio de euros en 2007 a cambio de la adjudicación a OHL del fallido tren de Cercanías a Navalcarnero.

El desembolso total que hizo el Canal de Isabel II con la compra de Inassa en 2001 no fue de 73 millones de dólares sino que ascendió a 97,4 millones. Así lo concluye Hacienda en un informe pericial incorporado al caso Lezo que investiga la Audiencia Nacional y que viene a ratificar la tesis de la Fiscalía Anticorrupción de que la adquisición de la colombiana en 2001 conllevó un "sobreprecio injustificado".

El magistrado Manuel García-Castellón reclama a la Agencia Tributaria que revise las cuentas de una empresa del yerno de Juan Miguel Villar Mir, el principal dueño de OHL, por recibir dinero de una cuenta suiza propiedad de una sociedad de Luxemburgo

Nuevo giro en el caso de las presuntas mordidas de empleados OHL. Tras escuchar a varios directivos de la constructora, el juez ha imputado a seis políticos y ha citado a declarar a tres de ellos. Abelardo Genaro Moya (excargo de la Junta de Andalucía), José Luis Almazán Palomino (PP de Melilla) y Albino Pardo Rodríguez (exdirector del Puerto de Cádiz) serán los primeros cargos públicos que declararán como imputados en la pieza ocho del caso Lezo para esclarecer su supuesta vinculación con el supuesto cobro de comisiones.

El exdirectivo del Canal de Isabel II en Latinoamérica Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado como el principal testaferro del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el caso Lezo, ha puesto a disposición de la Audiencia Nacional los 2,4 millones de euros (2.739.003 dólares) que ingresó de las presuntas comisiones pagadas por el empresario brasileño Sebastiao Cristovam por la compra de la empresa brasileña Inassa.

El juez que instruye el caso Lezo, Manuel García-Castellón, ha decretado el archivo de las actuaciones contra el que fuera alcalde de Madrid y ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. Éste había sido llamado al procedimiento en calidad de imputado en abril de 2018 por la compra presuntamente fraudulenta de la empresa colombiana Interamericana de Aguas (Inassa).

Los socialistas, que están personados como acusación popular en la pieza separada del 'caso Lezo' sobre la compañía de Juan Miguel Villar Mir, tendrán que determinar si piden la imputación de Adrián Baltanás y de otros excargos del partido.

Javier López Madrid quería echar por tierra todo un año de investigaciones en el caso Lezo. Su defensa pedía anular los últimos 12 meses del procedimiento porque no le habían notificado el cambio de un perito. Pero el argumento no ha convencido al juez, quien ha rechazado la solicitud y, con ella, la intención del empresario de dilatar la causa.

La Audiencia Nacional mantiene una investigación secreta a la cúpula de la gran constructora OHL por haber mantenido "una práctica generalizada" de sobornos a funcionarios públicos, entre los que habría políticos, para conseguir adjudicaciones de obra pública en toda España. El hallazgo de grabaciones en poder de un antiguo empleado de OHL ha provocado la apertura de una pieza separada del caso Lezo, que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón.

La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto presentar en las próximas horas un escrito donde insta al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón a archivar la imputación del que fuera alcalde de Madrid y ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en el marco del caso Lezo. El Ministerio Público presentará este miércoles en el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia el informe donde da por finalizada la instrucción de la pieza separada número 1 de esta macrocausa de corrupción –donde se investiga la compra de

El PSOE ha pedido al juez del caso Lezo que llame a declarar como investigada a la expresidenta madrileña Aguirre y a otros cuatro miembros del consejo de Gobierno que votaron a favor de la construcción de un campo de golf en instalaciones del Canal de Isabel II,el 18 de enero de 2007. La acusación que ejerce el PSOE en esta causa explica que aprovecha que la Fiscalía "ha reactivado" la pieza separada en la que se investiga la construcción de una cancha de prácticas de Golf para pedir nuevas diligencias de investigación que consideran indispe