“Pido que investiguen porque la sociedad necesita recobrar la fe en los servicios públicos y las instituciones”, señala una abogada que interpone la demanda por su madre, de 82 años y minusválida.

"Todas y cada una de las denuncias van a ser consecuencia de la oportuna investigación hasta sus últimas consecuencias", ha dicho la fiscal de Sala María José Segarra. La asociación de familiares Pladigmare ha aportado al Ministerio Público las misivas desveladas por infoLibre para que las tenga en cuenta en los procedimientos. Relacionada: www.meneame.net/story/cartas-reyero-consejero-sanidad-durante-crisis-r

La Fiscalía General del Estado ha contestado a María Mercedes Bueno Morales, coordinadora de la plataforma Foro Internacional de Víctimas por las Desapariciones Forzadas Infantiles, con el compromiso de analizar los 58 casos denunciados “para determinar el alcance penal” de los hechos. Además, las víctimas exigen "responsabilidad para aquellos que decidieron ocultar, alterar o modificar la verdadera identidad de un hijo, entregándolo a terceros", siendo dicha acción un delito internacional de "desaparición forzada infantil".

La Plataforma Trans explica que las ideas de Lidia Falcón sobre la identidad de género o la teoría queer están amparadas por el derecho a la libertad de expresión, pero no así las afirmaciones denunciadas. “Los trans están haciendo campaña por la pedofilia” o “los homosexuales quieren poder alquilar úteros femeninos para producir niños” son algunos de los contenidos denunciados. La denuncia incluye además afirmaciones de un artículo de marzo de 2020 en La Tribuna del País Vasco.

En el año 2019 se interpusieron 168.057 denuncias por violencia de género, mientras que sólo se incoaron 7 causas por denuncia falsa –todas aún en trámite sin que se haya formulado el escrito de acusación– y otras 17 causas están pendientes de incoación. La proporción entre los procedimientos por denuncia falsa desde 2009 –121 en total– en relación con los procedimientos en los que se ha dictado sentencia condenatoria es del 0,0069%, según refleja la memoria anual dada conocer este lunes con motivo de la aperta del Año Judicial.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado las diligencias de investigación que abrió hace unos días a raiz de una cadena de declaraciones de dirigentes de tres políticos -de ERC, Adelante Andalucía y el BNG- que incluían insultos contra la Casa Real. Según informan fuentes jurídicas, el Ministerio Público considera que las afirmaciones de Pere Aragonés, Teresa Rodríguez y Ana Pontón no son injuriosas ya que están amparadas por la libertad de expresión.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la denuncia interpuesta por la Asociación El Defensor del Paciente contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a quien acusaba de haber ordenado no aceptar en los hospitales a ancianos procedentes de residencias de la región durante la crisis del coronavirus.

La coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha criticado este lunes que la denuncia que Vox ha presentado contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, entre otros, no es más que un intento de "darle una vuelta de tuerca" a la campaña de las cloacas contra el partido morado que se inició, según ha denunciado, desde el Gobierno del PP y su "Policía política".

Denuncia que cuatro exsecretarios regionales de ambos sindicatos malversaron fondos públicos por la gestión de las residencias de tiempo libre

Las fiscalías de los distintos territorios tienen abiertas actualmente 160 diligencias de investigación por posibles delitos cometidos en la gestión de la crisis del coronavirus en residencias de mayores. Son 26 nuevas diligencias respeto a las cifras de la semana. A esta cifra se suman otras 211 diligencias del ámbito civil. La Comunidad de Madrid es la que reúne el mayor número de investigación por parte de las fiscalías, en total 93. En Catalunya, solo Barcelona cuenta con 29 investigaciones penales abiertas sobre residencias de mayores.

El gobierno de la Comunidad de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, están viviendo unos últimos días complicados por la diferencia de criterio con sus socios de gobierno, por declaraciones han tenido que ser rectificadas y por otras que le han costado una denuncia por la Asociación Defensor de El Paciente.

Asturias ha desestimado la petición de la formación al considerar que en los hechos denunciados no existen indicios de delito; Álava, Ávila, Badajoz, Cantabria, Galicia, Huelva, Huesca, León y Zamora también han dicho que no

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha ampliado su denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que investigue si la falta de material de protección que están sufriendo los profesionales sanitarios con motivo de la crisis del coronavirus podría ser constitutivo de un delito contra la seguridad en el trabajo, según los artículos 316 y 317 del CP. Así,instan de nuevo a que se disponga la incoación de diligencias que permitan el esclarecimiento de la "situación de desprotección" que ha generado el uso de mascarillas defectuosas

El Partido Socialista sostiene que "es clara la voluntad con estos tuits de crear una sensación en la ciudadanía de inseguridad, miedo y desconfianza, alterando para ello la ya afectada tranquilidad de los ciudadanos".

La Asociación Defensor del Paciente, CAS Madrid y SAS Madrid han remitido hoy a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid un escrito en el que denuncian la falta de medios de protección individual con la que está trabajando el personal sanitario y advierten a la Inspección de Trabajo que si no hace caso a las denuncias ya interpuestas estaría cometiendo dejación de funciones.

Miguel Poveda, Martirio y Javier Ruibal se unen a las decenas de artistas que han firmado la petición de restitución del nombre de la calle, cuyos apoyos superan ya ampliamente las 10.000 firmas que serán entregadas al Defensor del Pueblo Andaluz. Se trata de la Avenida del Flamenco, a la que el Gobierno local del PP la ha vuelto a rotular en memoria del conde de Vallellano, ex ministro de Franco en los años cincuenta y destacado colaborador del general Mola en el golpe militar de 1936...

Nuevo caso de humor judicializado. La Fiscalía ha denunciado por un delito contra las instituciones del Estado al director del programa 'Està passant' de TV3, Toni Soler, y a dos de sus colaboradores, por un gag del pasado 16 de octubre en el que se comparaba a los Mossos d'Esquadra con perros a raíz de las cargas policiales en las protestas contra la sentencia del procés.

La Fiscalía ha archivado la causa contra la asociación Infancia Libre al no apreciar datos objetivos que aseguren que funcionaba como una organización ilícita, como había denunciado la Policía Nacional. Según la Fiscalía, no se ha podido establecer una conexión “directa” de muchas de las mujeres que supuestamente interpusieron denuncias falsas contra los padres de sus hijos y la asociación, además la mayoría de los supuestos se presentaron en fechas anteriores a la constitución de Infancia Libre o cuando ésta ya había dejado de tener actividad

El ministerio público sevillano ha abierto diligencias a raíz de la denuncia de EL PAÍS sobre el lamentable estado de los terrenos donde se halló el mayor tesoro tartésico de la Península.

FACUA envía a Fiscalía certificados de la difusión en Twitter de audios de la menor. La asociación ha facilitado a la AEPD y a la Fiscalía certificados digitales de los mensajes difundidos en Twitter por Alfonso Ussía, Cristina Seguí, Bertrand Ndongo y el subinspector de Policía Nacional Alfredo Perdiguero.

Transforma su denuncia por delitos de odio, amenazas e injurias en una denuncia por coacciones y solicita su archivo por "falta de autor conocido"

Resalta que ninguno de los delitos por los que pidió hasta 27 años de prisión supuso una violación grave de derechos humanos. La Fiscalía presentó en su día un escrito de acusación que reclamaba 27 años de prisión para ocho detenidos en la operación Judas y ocho para otros cuatro. El Ministerio Público considera que las actividades de la célula radical surgida de los CDR, autodenominada ERT (Equipo de Respuesta Rápida), supusieron la comisión de delitos de pertenencia a organización terrorista y, para ocho de los investigados, también de tenenc

La Fiscalía calcula que, a fecha de junio de 2022, el periodista contrajo una deuda con Hacienda de 3,2 millones de euros y le acusa de un delito de frustración de la ejecución -antes denominado alzamiento de bienes-. Por ese delito pide para él 4 años y 6 meses de prisión, una multa de 31.500 euros y el pago de una indemnización a la Agencia Tributaria de 1,3 millones de euros, que presuntamente habría evadido entre 2011 y 2014.

Una vecina de Sevilla de 42 años, cuyas iniciales son D.M.G., ha sido detenida por la Guardia Civil por un delito de denuncia falsa, que había interpuesto para ocultar un robo de gasóleo en el que estaba implicado su hijo. En este caso también han sido detenidos su hijo de 22 años J.M.R.M., y J.M.V.G., de 20, por un delito de robo con fuerza, según ha informado el instituto armado.

Haber pasado la noche del 19 de junio en Nobu, frente a la bahía, sale por alrededor de mil euros en la habitación más pequeña. Una denuncia de Áncora, asociación ciudadana para la conservación de patrimonio, ha propulsado que se examine si hay delito en las obras sobre la antigua villa donostiarra. Áncora, además del daño al patrimonio también denuncia actividad hotelera entre agosto y noviembre de 2023 careciendo de licencia.

Ve "claro" que no se ha causado "de forma intencionada" una "grave violación de derechos humanos". | La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que amnistíe el terrorismo que se le atribuye al expresidente catalán Carles Puigdemont, al diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg y a la plataforma independentista 'Tsunami Democràtic'.