¿Habría sitio en Vigo para producir la nueva furgoneta?Según la cabecera citada, sí. Además, hay que tener en cuenta que la Xunta subvencionó, a través del IGAPE, la concepción de la plataforma para la producción de las K-9 eléctricas con casi dos millones de euros. Aunque en la memoria para la ayuda se aseguraba que las K-9 se producirían exclusivamenet en Balaídos, posteriormente la multinacional exportó la producción a otras plantas del grupo, como la del Reino Unido, a donde emigraron varios ingenieros gallegos que participaron en su diseño

La conselleira ha avanzado en esta entrevista que el Consello de la Xunta aprobará este lunes el inicio de la tramitación de la mina de Touro como proyecto industrial estratégico. Sobre los plazos a partir de ahora, ha detallado que comenzará la información pública y otras gestiones desde el punto de vista de la tramitación ambiental para lo que, según ha apuntado, la Xunta se ha puesto un tope de "un año" y normalmente "dos, tres meses previos de análisis de la documentación".

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP propone a sindicatos y a las principales asociaciones de centros privados de Galicia que sea la Administración autonómica la que asuma los gastos de las jubilaciones parciales de los profesores de la enseñanza concertada, que podrán reducir su jornada entre un 25% y un 50%, y de las contrataciones del personal de relevo. Así figura en un borrador de acuerdo elaborado por la Xunta de cara a la reunión de la comisión tripartita de la educación concertada de este jueves, 27 de junio.

La diputada de Más Madrid Beatriz Borrás ha sido quien ha preguntado sobre la construcción irregular de un centro de formación sanitario de 2,5 millones de euros en el macro complejo educativo Ciudad Escolar de Madrid, un caso que publicó elDiario.es y desveló que se había construido ese centro sin contrato y troceando facturas. De esa manera se evita sacar la obra a concurso público y se saltan casi todos los controles. La obra se troceó en facturas menores de 40.000 euros para sorpasar la rendición de cuentas.

En una nueva entrega de declaraciones cruzadas, la Cámara Alta ha sido testigo de un enganchón que han protagonizado Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, y Antonio Silván, senador popular por León.

315 contratos fijos para hombres y 74 para mujeres. Esta es una de las cifras que figura en la documentación que Cobre San Rafael (Atalaya Mining) ha remitido a la Xunta . La multinacional defiende que el proyecto es “más verde” que el anterior pero algunos vecinos insisten en que es “idéntico” al que tumbó la Xunta hace unos años por la contaminación potencial de las aguas.Los críticos se quejan de que la Xunta recibió la Solicitud de Declaración de Proyecto Industrial Estratégico en enero.

La Xunta de Galicia será la primera administración autonómica en utilizar la inteligencia artificial (IA) para trazar el perfilado competencial de más de 70.000 demandantes de empleo para tratar de ocupar los 15.000 puestos de trabajo de “urgente cobertura” que permanecen vacantes en la comunidad autónoma. El proceso permitirá ajustar la oferta a la demanda y, “aunque no es el objetivo fundamental”, purgar de las listas de demandantes de empleo a las personas que “no tienen interés en trabajar”.

En este tiempo Cobre San Rafael ha seguido instalada en Touro, acentuando e invirtiendo cada vez más en su estrategia de greenwashing, de la mano de la Cámara Mineira y del propio Gobierno gallego. También siguieron los continuos vertidos y los daños ecológicos a los ríos Lañas y Brandelos, a pesar de las multas “leves a pesar de su reincidencia” de Augas de Galicia y los supuestos sistemas de tratamiento de la empresa.

Manifestación 30 de Junio en Compostela. Punto de llegada:Puerta Principal Complejo San Caetano (Presidencia) Convocan: "Plataforma Ulloa Viva" "Plataforma en Defensa da Ría de Arousa"

El Instituto Galego de Consumo está tardando "más de un año" en tramitar "bastantes quejas" de consumidores a empresas cuando la ley fija un plazo de seis meses, y no está comunicando sus decisiones a los denunciantes. Así lo reveló la Defensora del Pueblo cuando hizo público un recordatorio de deberes legales que dirigió a la vicepresidencia económica de la Xunta, que preside Francisco Conde y de la que depende el Departamento de Consumo, que dirige Manuel Heredia.

El movimiento contra la fábrica de Palas ha superado por completo el ámbito local y ha conseguido desenmascarar la imagen verde con la que la compañía y el Gobierno de Alfonso Rueda pretendían ocultar su carácter contaminante.

El personal de confianza del sector público estatal administrativo ha crecido un 58% en comparación con 2017 y su gasto un 42%, hasta los 152 millones de euros. El número de asesores y altos cargos del Gobierno y su gasto asociado ha sido un arma arrojadiza en el debate político en los últimos años. Durante el periodo posterior a la crisis financiera y de deuda, el Ejecutivo redujo el número de ambos, en consonancia con los recortes en gasto público que se efectuaron. El fin de la contención se inició en 2017.

El preacuerdo alcanzado contempla la consolidación de una bolsa de empleo con carácter permanente y por orden de antigüedad en la que se incluirán los dos trabajadores despedidos y en el orden en el que les correspondía. Y es que, según denunciaba el lunes en rueda de prensa el responsable de Transportes de la CIG en Santiago, Inácio Pavón, la empresa se saltaba la lista e incluía en ella "a familiares" de los responsables.

El Servicio Galego de Saúde (Sergas) ha concedido un permiso retribuido de seis meses de duración a Eloína Núñez Masid, prima de Alberto Núñez Feijóo y gerente de los hospitales del área sanitaria de Santiago hasta que Alfonso Rueda la cesó el mes pasado. Unido al mes de vacaciones al que tiene derecho, la medida permitirá que Eloína Núñez cobre su nómina de la Xunta sin reincorporarse efectivamente a su plaza de técnico superior de salud en Ourense hasta enero de 2025.

Es la última de una larga tanda de licitaciones que la Xunta tiene que declarar desiertas. En un problema que afecta al SERGAS, al 061 e incluso al transporte de sangre y cuya raíz es, según coinciden empresarios y sindicatos, es el empeño de la Administración en ahorrar hasta el último céntimo en la prestación de estos servicios públicos, lo que al final acaba provocando huelgas de trabajadores que padecen atrasos y empresarios operando asumiendo pérdidas. En última instancia, el deterioro de lo público.

"Es imperativo que la sociedad en su conjunto actúe de manera inmediata (...) Es la única salida", deja claro ante la presunta persecución del entorno del ahora presidente del PP