En noviembre del 2012 el departamento de policía de East Haven, Connecticut (donde vivo) firmaba un acuerdo con el departamento de justicia (DOJ) del gobierno federal de Estados Unidos. Tras dos años de pesquisas, DOJ publicó un detallado informe confirmando que la policía local de East Haven era poco más que una turba de racistas violentos. Gracias a la investigación y a este paquete de medidas, varios agentes acabaron en la cárcel, la mitad de los policías del departamento fueron despedidos, y todos sus líderes perdieron su trabajo.