"Justicia" es un perro al que su dueño ató el hocico con cinta aislante hace unas semanas. El maltratador ha sido juzgado esta semana y condenado a 2 años de cárcel y 25 sin poder tener animales.

Denuncian el estado de los animales con signos de desnutrición, deshidratación, infestación parasitaria, proliferación de enfermedades, ataques, canibalismo y cría incontrolada

El Juzgado de lo Penal número 3 de Lleida ha absuelto de un delito de maltrato de animales al concejal de Torà Josep Maria Alsina, que mató a tiros un perro abandonado en el 2012 y lo remató con un palo. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, "no ha quedado acreditado que el acusado tuviera la intención de maltratar al animal ni que provocase intencionalmente un sufrimiento innecesario".

Desiré Vicente, la madre de la niña de cinco años de edad sobre la que pesa una orden de restitución para que vuelva a Suiza con el padre, imputado en España por violencia de género, ha presentado este viernes un recurso extraordinario de amparo ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de suspender este proceso, mientras lo resuelve, y que la niña continúe en España con ella.

Manuel Marchena es presidente de la Sala de lo Penal del Supremo y ha sido ponente de la resolución, por tanto responsable último de que el Alto Tribunal devuelva el caso. Lo llamativo: Además de ser paisanos, su camino se ha cruzado con el del socialista en más de una ocasión. Marchena entró en el Tribunal Supremo de la mano de López Aguilar. Siendo él ministro de Justicia, Marchena fue nombrado fiscal del Alto Tribunal el 1 de julio de 2004. Años atrás ejerció como fiscal en la Audiencia de Las Palmas de Gran Canaria, donde arrancó este caso.

Porque con la entrada en vigor de Ley de Seguridad Ciudadana, protestar sin solicitar previamente permiso para impedir que se lleven a cabo festejos en los que se haga sufrir a un animal puede conllevar ahora multas desorbitadas. Si hay “resistencia a la autoridad” o la Policía asegura que los participantes en estas protestas se negaron a disolver la concentración, la infracción podría ser considerada como "falta grave", que conlleva una sanción de entre 601 a 30.000 euros. O "muy grave", penalizada entre 30.001 a 600.000 euros.

La Fiscalía de Málaga ha realizado escrito de acusación contra la presidenta de la protectora Parque Animal para la que solicita cuatro años de prisión por el sacrificio "masivo" de casi 2.200 animales,a los que, supuestamente, suministraba menos producto eutanásico y de forma incorrecta, lo que les provocaba "una lenta y dolorosa agonía". Desde principios de 2008 y hasta al menos octubre de 2010, vinieron sacrificando animales domésticos recogidos en la asociación "de forma masiva e injustificada", haciendo "auténticas sesiones de exterminio".

EQUO ha presentado una denuncia ante el juzgado de guardia de Bilbao por maltrato animal en un terreno privado en el alto de Gordexola (Bizkaia). Los animales supervivientes, en un estado lamentable, han comenzado a ser recuperados por la Diputación de Bizkaia y serán trasladados al centro de Galdames. Las fotografías son dantescas: cadáveres de caballos en estado de descomposición, esqueletos, y animales desnutridos que tratan de beber agua en un balde casi vacío.

El Tribunal Supremo ha considerado por primera vez el maltrato psicológico como causa de desheredación y ha dado por buena la decisión de un padre de privar a sus dos hijos de sus bienes por vejarlo de palabra y abandonarlo durante los últimos siete años de su vida. En una sentencia conocida ayer, la más alta instancia judicial española hace una lectura extensiva de los artículos del Código Civil que regulan las causas de desheredación y equipara el maltrato psicológico al llamado maltrato de obra.

La Unión Federal de Policia (UFP) y la Unión de Guardias Civiles (UNIONGC) han presentado una querella contra la abogada Lorena Ruiz-Huertas por sus declaraciones en el programa "Salvados" sobre maltrato policial. "En cada guardia del turno de oficio que tengo, la policía maltrata a los detenidos de manera sistemática durante la detención, no solo físicamente sino que los veja e insulta", afirmaba la abogada en el debate sobre la justicia en España.

Betzdorf, Alemania. Alemania. Personas indignadas averiguaron donde vivía el agresor y después de quitarle el perro, le dieron tremenda tunda.

Casi 400 millones de niños y niñas menores de 5 años -el 60% de los niños de ese grupo de edad en todo el mundo- sufren regularmente agresiones psicológicas o castigos físicos en el hogar, según nuevas estimaciones de Unicef. De ellos, unos 330 millones son castigados por medios físicos.

Un juzgado de Sevilla ha ordenado localizar del periodista Vito Quiles, colaborador y miembro de la candidatura de Alvise Pérez, a quien se investiga por un delito de injurias y calumnias y que no ha respondido a los requerimientos que la Justicia le ha hecho llegar para que dé explicaciones. Lo ha hecho a través de un auto, al que ha tenido acceso este periódico, en el que la titular del juzgado de Instrucción 18, María José Moreno, explica que Quiles "intenta sustraerse de la acción de la justicia", por lo que procede averiguar su paradero.

Los acusados han reconocido los hechos, han escrito una carta de disculpas dirigida al jugador y al equipo y han aceptado la prohibición de acceder a estadios en competiciones profesionales de fútbol durante dos años. En la misiva, los tres jóvenes muestran su arrepentimiento por los hechos acaecidos el 21 de mayo de 2023 en el estadio de Mestalla durante el partido entre el Valencia CF y el Real Madrid.

Los vecinos ponen en alerta a la Policía Local que identifica al sujeto y le imputa un delito contra la Ley de Bienestar Animal

Ondara no se resigna a la sangre. Ayer jueves se gestó el embrión de una plataforma que pretende luchar contra el maltrato animal después de que la conselleria de Cultura gestionada por Vicente Barrera (extorero y dirigente de Vox) haya impuesto la celebración de una novillada con picadores para el próximo 7 de septiembre.

Mató con un objeto punzante a su expareja tras incumplir una orden de alejamiento que estaba vigente.