La pieza separada número 1 tiene que ver con la compra por el Canal de Isabel II del 75% de la sociedad colombiana Inassa en 2001,una operación que tuvo un sobreprecio de hasta 35,4 millones de euros. La segunda pieza separada tiene que ver con los contratos de adjudicación de la construcción y gestión de un campo de golf de los terrenos del Canal en el distrito madrileño de Chamberí. La tercera se refiere a las irregularidades en la adjudicación en 2007 a OHL del proyecto de línea ferroviaria entre Móstoles y Navalcarnero. La cuarta se centra

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha procesado al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la compra presuntamente fraudulenta por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao por la que se pagó en 2003 unos 30 millones de dólares.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al instructor del caso Lezo que finalice la instrucción de la pieza 2 de esta macrocausa de corrupción y que procese al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para que sea juzgado por la compra de Emissao. En un escrito, el Ministerio Público insta al magistrado Manuel García Castellón a transformar las diligencias previas abiertas sobre la compra por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña en procedimiento abreviado contra González y otras seis personas por delitos de frau

El razonamiento de las defensas parte de la explicación que ofrece el Tribunal Supremo sobre el delito de malversación de la sentencia. Por mucho que las empresas contratadas renunciaran a cobrar, se considera que la Generalitat incurrió en malversación desde "el momento en que el acreedor realiza correctamente la prestación a su cargo". Con este razonamiento sobre la mesa, acusados como Canalda defienden que el juicio por la compra de Inassa llega demasiado tarde, porque los hechos investigados ya han prescrito.

Villar Mir ha remitido un escrito al juez en el que le exige que identifique a los confidentes que alertaron a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del pago de una comisión ilegal al expresidente madrileño Ignacio González en contraprestación por la presunta adjudicación fraudulenta del contrato de la línea de ferrocarril entre Móstoles y Navalcarnero; fue imputado "porque unas fuentes ignotas le atribuyeron haber entregado un cheque a determinado investigado". Y, según el abogado, esas "fuentes aportaron a..

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha informado al juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón, de que ha encontrado unas facturas sospechosas que podrían estar relacionadas con presuntas comisiones vinculadas con la "ejecución de obras en México adjudicadas a la sociedad española Infoglobal SA, de la que Javier López Madrid es accionista a través de Financiera Capital SLU y SIA Capital Management SA".

Denuncia la “violación fragrante” de normas urbanísticas para aprobar el proyecto del Canal, adjudicado a una firma del hermano de Ignacio González.

Los investigadores constatan la existencia de una red africana para la obtención de contratos de armamento, con ministros y altos funcionarios sobornados en Camerún, Gabón, Senegal o Argelia. Defex llegó a pagar con dinero público una mamoplastia a la esposa de un contraalmirante camerunés para obtener un contrato de armamento en ese país.

La compañía, adjudicataria de varios contratos de gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid y una de las principales contratistas de la empresa de aguas madrileña el Canal de Isabel II, fue registrada por la GC en 2017 por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en busca de pruebas del presunto desvío de fondos de empresas públicas, principalmente el Canal de Isabel II, para financiar ilegalmente al PP de Madrid y el lucro personal de González. Esta no es la única causa con la que se ha relacionado al empresario.

Un trabajador de 26 años ha muerto en un accidente laboral que ha tenido lugar este viernes en la localidad guipuzcoana de Lezo, ha informado el Departamento de Seguridad. La Ertzaintza ha recibido a las 11:45 horas el aviso del accidente, que se ha registrado en una empresa situada en el polígono Ipintza de Lezo, han señalado las citadas fuentes. Según ha señalado el sindicato LAB en un mensaje que ha colgado en las redes sociales, el siniestro ha estado relacionado con la "explosión del neumático de una rueda".

La empresa de avales semipública que en 2011 dio un préstamo irregular a la empresa de los padres de Isabel Díaz Ayuso ya apareció citada en una de las conversaciones intervenidas a personas implicadas en el caso Canal de Isabel II: “Las estamos liquidando de forma discreta para no tener líos,porque claro lo que no queremos es que esto… dice como lo de AVAL MADRID me ha contado pero peor,yo es que no lo conozco muy bien lo de AVAL MADRID,bueno sé lo que es quiero decir no,digo que sepas que ellos los del CANAL DE ISABEL II están aterrados"..

El expresidente de la Comunidad de Madrid dijo a Eduardo Zaplana sin saber que les estaban grabando que comía habitualmente con el nuevo consejero madrileño. Destacó el poder de influencia del juez y el de Enrique Arnaldo Alcubilla, ex vocal del CGPJ y abogado de López que se implicó en las maniobras para influir en la Justicia. González dijo que trató con el hoy consejero de Madrid y entonces juez los cambios en la Fiscalía; él y Zaplana tenían un plan para poner a fiscales afines como Moix.

Esta mujer, que procede del colegio público Virgen del Cortijo, en el distrito de Hortaleza, se postuló en el último concurso de méritos de la Comunidad para dirigir tres centros en la región, pero fue excluida de todos ellos por no cumplir dos requisitos. Los centros que quería liderar son el Ramón Pérez Ayala; el Dionisio de Ridruejo y el Blas de Lezo, que finalmente controla en sustitución de Javier Montellano, director suspendido por decisión de la consejería y contra el criterio de los padres y madres de alumnos.

El PSOE, que ejerce la acusación popular en el procedimiento sobre presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II, ha remitido a la Audiencia Nacional su escrito de acusación por la compra presuntamente fraudulenta de la colombiana Inassa en 2001. En sintonía con lo expuesto por la Fiscalía Anticorrupción, la formación socialista dirige su acusación contra un total de 22 personas, entre las que no se encuentra el expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón, del cual, no obstante, solicitan que declare como testigo en la vista oral.

La mención expresa al fundador de Coalición Canaria figura en una de las grabaciones intervenidas en el registro al domicilio de Paulino Hernández, el Villarejo de OHL. La Guardia Civil sitúa a Julio Bonis como presunto receptor de comisiones en México antes de que la constructora optara por esta fórmula de pago ante las dificultades que encontraba en España para abonarlas sin levantar sospechas.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 7 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta para los exconsejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, antiguos colaboradores de Alberto Ruiz-Gallardón, por la pieza 1 del caso Lezo, esto es, la compra de la sociedad colombiana Inassa a cargo del Canal de Isabel II en el año 2001.

La Fiscalía Anticorrupción ultima su escrito de acusación en la pieza separada número 1 de caso Lezo donde pedirá hasta siete años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos agravada para varios de los ex miembros de la cúpula del Canal de Isabel II en dicho procedimiento. La adquisición de Inassa por el ente público estuvo “plagada de ilicitudes”, recogía el auto de procesamiento del instructor.

Una grabación de la operación Lezo desvela la preocupación que despertó entre los ejecutivos de la compañía la vinculación de Antonio Plasencia,su socio en la obra del puerto de Granadilla,con las investigaciones por la compraventa de la playa de Santa Cruz de Tenerife que acabaron con su exalcalde de CC,Miguel Zerolo,en prisión. La GC sospecha que el dinero de las presuntas ‘mordidas’ se repartía entre las empresas de las UTE. En las conversaciones intervenidas se menciona a Zerolo,se habla del caso Forum y se alude a la ATI como el “núcleo fu

El PSOE había pedido su imputación y el juez entiende que esta petición tiene una "base irreal" al "apoyarse en un artículo periodístico que, a su vez, dice que se basa en un informe Anticorrupción que no existe en absoluto". Para los socialistas, esto "demuestra" que la expresidenta tenía "un claro conocimiento de la tramitación" del proyecto, pero apunta que "no sólo del inicio del procedimiento, que reconoce como propio", sino de las "vicisitudes del mismo", ya que explicó en la misma comparecencia en la Asamblea de Madrid que el Ayuntamie

El expresidente de Inassa remite un escrito a la Audiencia Nacional para ratificar que el exdirigente del PP se llevó una comisión millonaria por una operación ruinosa para la Comunidad de Madrid.

a propuesta figura en los puntos de la junta de accionistas que el grupo celebrará en Londres el próximo 27 de junio. "El caso está ahora cerrado", dice la compañía sobre la sentencia firme del Supremo contra su presidente ejecutivo por las tarjetas opacas de Bankia. Javier López Madrid está imputado en la trama Púnica desde 2016 y, desde 2017, en el caso Lezo por el presunto pago de una comisión de un millón y medio de euros en 2007 a cambio de la adjudicación a OHL del fallido tren de Cercanías a Navalcarnero.

El desembolso total que hizo el Canal de Isabel II con la compra de Inassa en 2001 no fue de 73 millones de dólares sino que ascendió a 97,4 millones. Así lo concluye Hacienda en un informe pericial incorporado al caso Lezo que investiga la Audiencia Nacional y que viene a ratificar la tesis de la Fiscalía Anticorrupción de que la adquisición de la colombiana en 2001 conllevó un "sobreprecio injustificado".

El magistrado Manuel García-Castellón reclama a la Agencia Tributaria que revise las cuentas de una empresa del yerno de Juan Miguel Villar Mir, el principal dueño de OHL, por recibir dinero de una cuenta suiza propiedad de una sociedad de Luxemburgo

Nuevo giro en el caso de las presuntas mordidas de empleados OHL. Tras escuchar a varios directivos de la constructora, el juez ha imputado a seis políticos y ha citado a declarar a tres de ellos. Abelardo Genaro Moya (excargo de la Junta de Andalucía), José Luis Almazán Palomino (PP de Melilla) y Albino Pardo Rodríguez (exdirector del Puerto de Cádiz) serán los primeros cargos públicos que declararán como imputados en la pieza ocho del caso Lezo para esclarecer su supuesta vinculación con el supuesto cobro de comisiones.