El psiquiatra Jesús de la Gándara reflexiona sobre los comportamientos cutres y cortoplacistas de quienes se forraron en la pandemia a costa del sufrimiento colectivo

"Se pueden imaginar que el PSOE está comiendo palomitas, y no descartaría yo que Casado no estuviera también haciendo lo mismo. Tras las embestidas del PP por el caso Koldo, tras el nivel de exigencia sobre la corrupción situado en el listón más alto, ahora estalla este caso, que sirve a Ayuso para aparecer otra vez como la víctima doliente, cansada de soportar sobre sus hombros tanto infundio y tanta mentira. Su declaración de ayer fue de manual, de manual del victimismo."

Así se enriqueció el 'Clan Ayuso' en lo peor de la pandemia. Como escribía Valle-Inclán: "En España se premia el robar y el ser sinvergüenza".

El 5 de mayo de 2020, Maxwell Cremona, la empresa de Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, facturó 1.009.527,02 euros a la compañía FCS Select Products S. L., una organización con sede en Barcelona y contactos en China que empezó a importar mascarillas en lo peor de la pandemia pese a dedicarse al sector de las bebidas energéticas. La factura, a la que accedió EL PAÍS, forma parte de la denuncia contra el empresario por presuntamente defraudar 350.951 euros en los ejercicios fiscales de 2020

Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, anuncia que "en breves" se autorizará el contrato de licitación de la Ciudad de la Justicia.

El portavoz de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha reclamado investigar hasta el final "todas" las irregularidades que se produjeron durante la pandemia, independientemente del signo político del que venga, esto incluye tanto el 'caso Koldo' que ha salpicado a algunos dirigentes del PSOE como la denuncia a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por presunto fraude fiscal. Según ha expresado Matute en una rueda de prensa este martes en el Congreso, la pandemia supuso una "magnífica" oportunidad de negocio para la "gente sin escrúpulos".

El comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, pertenecía a la "esfera" de influencia del conseguidor, Víctor de Aldama y del exasesor de Ábalos. Villalba era “uno de los nuestros” que estableció una "línea de comunicación segura", abrió “un par de puertas” en Venezuela o realizó "una gestión en B de la hostia". Trabajos por los que cobraba 2.000 euros mensuales en negro.

La Junta de Andalucía adquirió en los primeros meses de pandemia mascarillas que estaban caducadas desde 2014. A día de hoy, la empresa proveedora del material sanitario no ha recibido ninguna sanción, tal y como ha podido comprobar ElPlural.com. Se trata de tapabocas de la firma Suremask ConfortCover, que se repartieron en los centros de salud de la Axarquía (Málaga). Tal y como contaban los medios de comunicación en mayo de 2020, algún responsable de la entrega masiva tachó con rotulador negro la fecha de caducidad, que no pudo verse hasta...

Causas abiertas, sin juicios ni sentencias todavía, y con guión de la obra muy parecido. Un escenario de caos mundial con las administraciones públicas comprando material sanitario a la desesperada en el mercado persa de las mascarillas, los guantes de nitrilo y los trajes de protección. Cargamentos de millones de tapabocas que se quedaban atrapados en una aduana. Hospitales, centros de salud y residencias saturados. Y nadando en aguas turbulentas, los actores: expertos en comercio internacional y empresas del sector. Gente con contactos.

La primera vez que se escuchó hablar en Canarias de un ‘caso mascarillas’ fue en mayo de 2022. Entonces, la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas anunció que investigaba al Servicio Canario de la Salud, que pagó cuatro millones a una empresa de compraventa de vehículos, RR7 United SL, por unas mascarillas que nunca llegaron. La querella se dirigía al que era entonces el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez (que dimitió de su cargo) por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, mientras que al adjudicatario, Ray

Las actas policiales tramitadas durante lo más duro de la pandemia en 2020 revelan las condiciones de estos centros de mayores. Un alto porcentaje no tenía suficiente personal sanitario. Más Madrid ha presentado una denuncia en la Fiscalía con estos documentos. Las 198 actas de inspección que la Policía Municipal de Madrid levantó durante lo peor de la pandemia de 2020 son un buen reflejo de lo que se vivieron aquellos trágicos días en las residencias de la capital. Según un análisis que ha hecho Infobae España de todas las actas, hechas públic

José Ramón García González, el empresario detrás de Sibucu 360, la empresa con la que tanto Isabel Díaz Ayuso como Alberto Núñez Feijóo hicieron negocio para comprar mascarillas después de conocerse que había repartido este material con sellos falsos, fue condenado a nueve meses de cárcel y una multa de 615.372,75 euros por fraude y falsedad documental.

La afinidad entre los votantes de Vox y el PP se observa en otra de las preguntas. No son pocos los que piensan que los populares pueden acabar dándole el abrazo del oso a su ahora socio de gobierno –como ya sucedió en el pasado con Unión Valenciana- y hay porcentajes que apuntan a que esta tesis no ni mucho menos descabellada. Cuando se pregunta qué partido político consideran más próximo a sus ideas, el 17,7% de los que señalan en la encuesta que votaron a Vox el año pasado, no dudan en nombrar al PP.

La Fiscalía de Las Palmas ha presentado una querella en la que acusa de malversación, blanqueo y fraude a Hacienda a cuatro empresarios que vendieron material sanitario al Gobierno de Canarias durante la pandemia de covid por importe de casi 23 millones. Esta es la tercera causa penal que se abre en Canarias por compras de material sanitario durante el estado de alarma: la primera examina una estafa de 4 millones en el suministro de mascarillas que ya costó el cargo al director del SCS y la segunda analiza los contratos del 'Caso Koldo'