El portavoz de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha reclamado investigar hasta el final "todas" las irregularidades que se produjeron durante la pandemia, independientemente del signo político del que venga, esto incluye tanto el 'caso Koldo' que ha salpicado a algunos dirigentes del PSOE como la denuncia a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por presunto fraude fiscal. Según ha expresado Matute en una rueda de prensa este martes en el Congreso, la pandemia supuso una "magnífica" oportunidad de negocio para la "gente sin escrúpulos".

La Fiscalía denuncia en el juzgado dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental que la Agencia Tributaria atribuye a la pareja de la presidenta de Madrid para evitar pagar impuestos de sus negocios millonarios en la pandemia

Las autoridades descubieron faltas en los registros de calibración de instrumentos y problemas sobre control de calidad. El informe se hace público a menos de un mes de que Neuralink instalara un implante en un humano. Otros problemas detectados fueron sobre control de calidad: los responsables de los estudios no firmaron el informe final ni documentaron ninguna desviación de los protocolos aprobados o de los procedimientos normalizados de trabajo. "Sin duda, es una señal de que la empresa debe estar atenta a ciertas prácticas", afirmó Chapman…

Las cinco ediciones del Gran Premio de Europa que acogió Valencia costaron a las arcas públicas 308 millones de euros y supusieron cuatro investigaciones por irregularidades y comisiones ilegales. Como en el GP de España que Madrid pretende acoger en 2026, los dirigentes regionales hablaron entonces de “coste cero” para el erario público. El de Valencia fue presentado bajo el mismo mantra pero dejó un reguero de deuda millonaria que el erario público ha estado pagando hasta la actualidad.

Tres vicesecretarios del PP de Madrid en el distrito de la Latina, entre ellos un dirigente de Nuevas Generaciones (NNGG) de la Comunidad, denunciaron por escrito a Alberto González, concejal del Ayuntamiento de Madrid y dirigente del partido que ocupa la secretaría del PP de los 21 distritos de la capital. Los cargos del PP, que dimitieron el pasado año, pero que continúan siendo afiliados, denuncian presiones, coacciones, encargos de espiar a otros afiliados del entorno de la actual presidenta de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul, además…

La magistrada tumba la reclamación de la compañía que impuso unilateralmente la cantidad

Máximo en multas de la Inspección de Trabajo a raíz de su buzón anónimo de colaboración ciudadana. El cuerpo encargado de velar por la legalidad laboral impuso en un año casi 17 millones de euros en multas a empresas por las irregularidades detectadas en inspecciones tras los avisos a través del 'Buzón de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social' (ITSS). Se trata del dato de 2022, el último publicado, y el más elevado registrado en los informes anuales hasta la fecha.

La inspección de Trabajo de la Generalitat ha finalizado gran parte de sus actuaciones, hallando irregularidades o fraudes en una veintena de las casi 45 empresas subcontratadas que operan en la construcción del nuevo estadio. Estos abusos son ahora acreditados por la Generalitat, que principalmente habría detectado que las subcontratas no pagan lo que corresponde a los trabajadores y a la Seguridad Social. Obreros denunciaron sentirse "esclavos", con jornadas de más de diez horas por 1.000 euros mensuales y un peón que dormía en la calle.

La Inspecció de Treball de la Generalitat ha finalizado gran parte de sus actuaciones en las obras del Camp Nou y ha hallado irregularidades o fraudes en una veintena de las casi 45 empresas subcontratadas que hasta ahora operaban en la construcción del nuevo estadio del Barça. Relacionadas: 1- www.meneame.net/story/camp-nou-denuncias-explotacion-obras 2- www.meneame.net/story/grieta-reforma-laboral-da-pie-abusos-como-camp-n

Dados los múltiples casos civiles y penales contra Trump en el último año, la montaña de proyectos de ley legales no es necesariamente una sorpresa. En agosto del año pasado, Save America reveló que había quemado la mayor parte de su dinero en efectivo en las defensas legales de Trump y sus asociados. El Times informó en ese momento que Save America había solicitado un reembolso de 60 millones de dólares a otro grupo afiliado a Trump para mantenerse a flote.

Roberto Macías era administrativo en UGT Andalucía. Mexicano, vino a España en 2004. Cuenta que UGT aplicó un ERE "con la misma reforma laboral por la que convocaron una huelga general". Se veía en la calle. Robó un USB con la contabilidad que ha desembocado en el caso de facturas falsas que se enjuicia desde este lunes, por el que el sindicato está acusado de un desvío de 40 millones. Solo hay un condenado : el propio Macías, por filtrar la documentación a la prensa. "Estoy señalado, no puedo trabajar, solo tengo una ayuda de 369 euros"

Las facturas tendrán que incluir un código QR para que el cliente pueda, si así lo desea, proporcionar información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Desde la Agencia Tributaria, y a través de su sede electrónica, facilitarán una ruta de la información que precise. Este gesto será de gran ayuda para la lucha contra el fraude porque una factura al entregarse a un cliente, si luego no aparece para Hacienda, podría suponer un serio problema para el negocio o el autónomo.

El déficit tarifario arrastrado por el antiguo desfase entre ingresos y costes reconocidos del sistema eléctrico, que llegó a rondar los 30.000 millones, no estará totalmente saldado hasta 2028. El pasado ejercicio, tras el pago de otros 231,8 millones solo en intereses, la deuda acumulada bajó de 10.000 millones por primera vez en muchos años. Se redujo un 21,5% respecto a 2022, hasta esos 7.866 millones. Cuando desaparezca del todo, supondrá aliviar la factura en más de 2.000 millones cada año.

Una nueva macrocausa que llega a juicio con un importante retraso de más de una década. La Audiencia de Sevilla tiene previsto iniciar este lunes, 29 de enero, el juicio por el escándalo de las facturas falsas del sindicato UGT-A, que sienta en el banquillo de los acusados a la ex cúpula de la organización sindical en Andalucía y en el que el sindicato está citado como responsable civil subsidiario por la totalidad de las cuantías supuestamente defraudadas: más de 40 millones de euros, en concreto 40.750,047,74 euros.

Cinco sentencias dictadas en 2023 por el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) han aumentado en 40 millones la ya abultada factura que la privatización de hospitales emprendida por Esperanza Aguirre pasa año tras año al Ejecutivo madrileño. Planteadas por distintas filiales de Quirón, la más antigua y cara de las cinco reclamaciones –30,3 millones– llegó a los tribunales en 2020. El resto de las cantidades que el tribunal madrileño ordena abonar por atrasos –10 millones en números redondos– se corresponden con recursos formulados en 2021.

Un portavoz de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid afirma que el Gobierno autonómico “valorará” la posibilidad de llegar a “un acuerdo extrajudicial” tras la suspensión del procedimiento, cuya petición atribuyen a Encasa Cibeles. En todo caso, admiten que el plazo de suspensión “se entiende prorrogado salvo que alguna de las partes comunique al juzgado su deseo de continuar con el procedimiento por falta de acuerdo entre ambas”. Y eso algo que, por el momento, no ha sucedido. Encasa Cibeles declinó hacer declaraciones.

A veces la irregularidad es ínfima, como superar en un céntimo la barrera para dar contratos a dedo, pero en otras veces es relevante, como en 11 contratos donde ese límite se superó ampliamente. Otra de las irregularidades más frecuentes es prorrogar contratos menores año tras año, algo en lo que han caído frecuentemente entidades como la CRTVG o el Consorcio de Servizos Sociais.

El Gobierno andaluz, presidido por el popular Juanma Moreno, acumula 2.057,95 millones de euros en facturas en el cajón, según refleja el último informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que fiscaliza la cuenta general de la Junta correspondiente a 2022. La cifra se acerca, peligrosamente, al pico más alto registrado en la historia reciente de la autonomía, que fue en 2011, durante la etapa del socialista José Antonio Griñán como presidente de la Junta. Entonces, había 2.069 millones en facturas en el cajón.

La entrada en vigor del nuevo sistema para calcular el precio en el mercado regulado de la luz deja en el aire si este producto seguirá siendo más barato y rentable que los contratos de electricidad del mercado libre. Además, sube, el IVA.

Serunion, que acumula 65.000 euros en multas en Educación y la amenaza de una rescisión, es proveedora en los centros sanitarios de Álava hasta 2024 y en el de Santa Marina de Bilbao hasta 2026