El PP llevó a los tribunales la compra de Bicimad por parte del ayuntamiento de Manuela Carmena. Ahora la Audiencia Provincial de Madrid da carpetazo a esta querella, que previamente ya había sido archivada. Es decir, tumba el recurso del partido popular de Martinez Almeida. Un archivo en términos muy duros porque califica de lógica esa operación. "Esa preocupación y leo texto textual el auto, de Inés Sabanés y del Ayuntamiento de Madrid por garantizar la continuidad de la prestación del servicio de bicicleta pública.

El que también fuera consejero delegado de Metro de Madrid afirma en una entrevista concedida al diario ABC que “vamos estudiar la posibilidad de su (Bicimad) externalización. Analizaremos la experiencia de cómo se gestionó integrarlo en la EMT. Evaluaremos cómo ha funcionado y tomaremos una decisión”. Además de esa posible privatización, el equipo de Gobierno de Almeida tiene la intención de fomentar que haya otros tipos de bicicletas de alquiler en Madrid. “Facilitaremos que las empresas, tanto de patinetes como de bicicletas, puedan venir".

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El precio que el Ayuntamiento de Madrid pagó por Bicimad, el servicio de alquiler público de bicicletas eléctricas, 10,5 millones de euros "es acorde y ajustado al contrado celebrado". Es la conclusión a la que ha el perito judicial en su informe tras la querella que el Partido Popular ha interpuesto contra Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad, y Álvaro Heredia, gerente de la EMT. El Consistorio consiguió con la operación "garantizar a través de la gestión de la EMT la continuidad del servicio Bicimad y su mejora".