La mayoría del dinero de la Política Agraria Común (PAC) que ingresó la Iglesia y sus entidades vinculadas entre 2018 y 2022 está desacoplado de la producción y se debe a “derechos históricos”. El dinero de la política agraria europeo destinado a la Iglesia es una de las tantas “anomalías” y “sorpresas” que tienen las partidas de las PAC, tanto como los casi dos millones de euros que se llevó Telefónica en 2022.

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva,...

Los jornaleros en el país vecino cobran entre 10 y 20 euros por día trabajado. La UE importó frutas y verduras frescas de Marruecos por valor de 1.844 millones. El 54% de las empresas que operan en el sector en el reino alauí son españolas

La Audiencia de Granada acoge este jueves el juicio contra un empresario de invernaderos en Albuñol...

Tras el vistoso y bucólico Pacto de Doñana del pasado noviembre entre Junta de Andalucía y Gobierno central, el proyecto de ley que tramitaba en el Parlamento de Andalucía el ejecutivo andaluz con el apoyo de la ultraderecha de Vox para legalizar regadíos en la Corona Norte de Doñana fue metido en un cajón sine die por segunda vez en poco más de un año de diferencia, tras un primer intento frustrado a finales de la pasada legislatura, cuando sí necesitaba los apoyos de la ultraderecha para sacarlo adelante.

El ministro de Agricultura exige que arrimen el hombro en materias como la simplificación de los trámites de la Política Agraria Común (PAC) y las ayudas al seguro agrario.

El 40% de los productores se han negado a firmar los contratos con las plantas transformadoras por debajo de los costes de producción. Las cooperativas y algunas empresas privadas acordaron un precio de 145-150 euros, pero otras empresas se negaron rotundamente. No obstante, muchos productores pacenses se han negado a aceptar los 130 euros por tonelada que ofrecían las tres procesadoras más grandes, Conesa, Transa y Alsat.

Las grandes de la agricultura son las empresas del sector de la alimentación que más han exprimido la crisis de inflación. Mucho más que la industria o los supermercados. Las grandes sociedades productoras del campo, la ganadería, la silvicultura y la pesca y el comercio al por mayor de materias primas agrarias y animales vivos han trasladado el aumento de los costes (energía, fertilizantes...) desde mediados de 2021 a los precios de venta y los han seguido subiendo. Es decir, han expandiendo sus márgenes de beneficio. O lo que es lo mismo, sus

Las explotaciones disminuyen en número pero crecen en tamaño. Las que se explotan en régimen de arrendamiento comen terreno a las que lo hacen en términos de propiedad. Y hay una clara falta de relevo generacional. El 41% de los agricultores tienen más de 65 años mientras que sólo el 8% tiene menos de 40 años.

El ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, Luis Planas, ha admitido que hay “situaciones comerciales en las que de forma puntual sí ha habido mayores dificultades en la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria“. En consecuencia, ha instado a los agricultores a que denuncien con más frecuencia las irregularidades ante la Agencia de información y control alimentario (AICA), aunque también ha expuesto que se tenga en cuenta que los precios en origen (aquellos que se pagan por los productos del campo) han subido de “forma significativa”...

El Gobierno mantiene su plan pactado con Bruselas de no fijar peajes por el uso de las autopistas a cambio de potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril, pero abre la puerta a que los alcaldes que lo deseen los levanten dentro de sus ciudades, para restringir el tráfico o reducir el acceso a áreas más amplias de las que abarcan las zonas de bajas emisiones (ZBE) que las de mayor número de habitantes están obligadas a delimitar. Esta ausencia y esta presencia se incluye en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que ha vuelto a ob