La séptima demanda contra España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial tiene nombre propio: la familia Gómez-Sainz, los multimillonarios mexicanos de ascendencia cántabra que en la década pasada, y casi siempre con jugosas plusvalías, mantuvieron importantes posiciones en empresas españolas como la constructora OHL (hasta el año 2006), la inmobiliaria Riofisa o el grupo textil Cortefiel (del que llegaron a tener un 10%).