Ana Oramas, instó este miércoles al ministro de Función Pública, Míquel Iceta, a “indultar” a los cientos de miles de trabajadores públicos en fraude de ley por abuso de temporalidad. La diputada nacionalista reivindicó la necesidad de “devolver la dignidad laboral a quienes están sometidos a un permanente fraude en sus contrataciones, garantizando así que las administraciones tienen suficientes recursos humanos y que sus puestos de trabajo no dependen del capricho del político de turno”. “Va a hacer el mayor ERE de la historia de España”.

Anula una serie de sanciones por más de 400.000 euros que la Inspección impuso a Ibermutua por incurrir supuestamente en gastos sin amparo legal. Ya se había multado a otras mutuas por la misma razón. - El Tribunal Supremo acaba de propinar un severo revés a la ofensiva iniciada en la época del Gobierno Rajoy y continuada después con entusiasmo por los responsables de Trabajo y Seguridad Social de los sucesivos gabinetes de Pedro Sánchez a través del brazo armado de la Inspección contra los gastos presuntamente suntuarios de las mutuas...

La amenaza de ver reducida una parte de su salario por faltar al trabajo se está dejando notar de manera clara en el número de bajas sin justificar por parte de los operarios de la empresa de limpieza de Málaga. El texto oficial concreta que no se considerarán "causa" las dos primeras bajas por enfermedad común; tampoco computan para esta escala de devengos los procesos con hospitalizaciones.

Sólo un 2% de asalariados fueron contratados en 2020 gracias a la intermediación de las oficinas públicas de empleo, un porcentaje que apenas ha variado en los últimos años y que, por tanto, no es consecuencia de la pandemia. De hecho, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), esa tasa de intermediación del 2% que registraron en 2020 las oficinas públicas de empleo es la misma que presentaron en 2019.

En los países del norte de Europa, la relación trabajador-administración es mucho más parecida a la que existe en el sector privado.

Personal no sanitario, que ha concatenado contratos de tres meses como refuerzo para el covid-19, se ha visto en la calle en plena segunda ola. Los sindicatos hablan de “chapuza” en un hospital con más del 45% de la plantilla con contratos temporales.

Según los datos de las memorias de recaudación la Agencia Tributaria, los empleados del sector privado percibieron en 2019 un salario medio de 23.683 euros por su trabajo mientras que los del sector público llegaron a los 36.387 euros.

En junio de 2020 se hizo público el primer Anteproyecto de Ley del Trabajo a Distancia en España. Se inició así el camino para dar respuesta a los problemas derivados de una realidad inimaginable antes de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Una de las cuestiones controvertidas en el debate entre el Gobierno y los agentes sociales se encuentra en su ámbito de aplicación. Mientras los sindicatos exigen que la norma sea aplicable al personal laboral de la Administración, el texto presentado por el Ministerio de Trabajo elude incluirlos.

Distribución de la plantilla de Inspectores y Subinspectores de Trabajo por comunidades autónomas y por provincias, así como su correspondiente cantidad de órdenes de servicio finalizadas. Información del 2018 (no se encuentra información más actualizada con este nivel de detalle)

No estamos altamente entrenados, hemos estado sentados sin hacer nada. Este programa no es adecuado para sacar a Gran Bretaña del encierro. El entrenamiento fue muy básico. Vimos algunas diapositivas sobre nuestro papel - el sitio web de salud pública que usaremos, y un guión de lo que teníamos que decir a la gente. Nos dijeron: no se salgan del guión, y si había algo que no podíamos responder, debíamos preguntar a nuestro supervisor.

El presidente prefiere no tener ataduras por si gana las elecciones y la crisis obliga a volver a la época de recortes salariales a los funcionarios y otros empleados públicos

Centenares de agentes de la policía local y nacional han sido desplegados este lunes por el suburbano de la capital y han asistido sorprendidos a la escasa afluencia y acogida de las mascarillas que dispuso el Gobierno en esta primera vuelta al trabajo

Desde que Rivera abandonó la política el 11 de noviembre entró de nuevo en el ejército de ciudadanos en minúsculas, esos que no van convocando ruedas de prensa para hablar de lo suyo.

Hemos encontrado la solución a la crisis que atraviesa Venezuela ofreciendo al presidente Maduro una salida laboral acorde con sus capacidades creativas y lejos de los problemas que tiene su país.

Kafka se hubiese entretenido muy a gusto en Lanzarote. Seguro que Larra también. Seguro que en muy pocas partes del mundo, un funcionario público se levanta por las mañanas, coge su coche y en lugar de ir a la administración pública en la que trabaja (más bien, cobra) se desvía por la LZ1 para trabajar en una entidad privada. Así, un día, dos días, un año, dos años, diez años, veinte años.

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid no se escapa del efecto privatizador. Con el nombramiento de Borja Carabante, uno de los artífices de la actual situación en Metro Madrid, el gobierno de la ciudad deja clara su situación. Cosa que ya demostró desde el gobierno de la Comunidad de Madrid con la apertura de las puertas de la ciudad a la entrada de las empresas VTC de Uber y Cabify, en detrimento del servicio de taxi.

En su afán de acabar con la competencia, Uber ofrece sus servicios muy por debajo de sus costes de operación. Uber perdió más de 3.000 millones de dólares en 2018. Y hay más: los ingresos están decreciendo. De ésas 700 ciudades en las que opera, el 24% de las reservas ocurre en sólo cinco. Y más: un 15% de las reservas totales son de viajes desde y hacia aeropuertos. A esto hay que sumar la inseguridad jurídica del negocio, que depende de centenares de legislaciones distintas y cambiantes. Y algo aún más inestable, sus relaciones laborales.

"Después de haber hecho mis compras aqui por más de un año tengo que decir que no volveré jamas. Esta noche el cajero encargado me negó la entrada a las 9:59. Nunca imaginé que estuvieran tan poco motivados para vender", reflejó el cliente, que firma en Twitter bajo el seudónimo de Telito Online. Ante esta queja, el departamento de atención al cliente de Alcampo no dudó en responder dando la razón a dicho usuario. "Te pedimos disculpas por esta situación que nos comentas, se ha tratado de un error y sentimos mucho las molestias."

El TJUE contestará a dos cuestiones prejudiciales sobre este asunto previsiblemente antes de fin de año. El caso de un informático estatutario temporal interino del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) que suma 18 años en ese puesto eventual, y los de 4 odontólogas, también de la sanidad pública madrileña, que llevan entre 12 y 17 años encadenando distintos contratos temporales han llegado ya al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Todos ellos demandan que la administración autonómica que les emplea sea sancionada por haber abusado

Más de 5.000 trabajadores de ocho hospitales públicos de la Comunidad de Madrid con gestión privada han anunciado movilizaciones para protestar contra la discriminación que sufren respecto a las condiciones laborales de los empleados públicos de su misma categoría. El colectivo cree que, de haber elegido otro modelo de gestión, los hospitales estarían a punto de estar amortizados y sin embargo, quedan por cumplir dos tercios del contrato hasta el año 2035, lo que supondrá un sobrecoste de entre 1.975 y 3.483 millones.

El 40% ha soportado piropos o comentarios sobre la apariencia.El 40% se ha sentido discriminada por ser mujer (ninguneos o indiferencia en reuniones de trabajo frente a sus compañeros…)El 32% ha recibido comentarios ofensivos relacionados con su condición de mujer. El 9% recibe correos electrónicos o ‘WhatsApp’ de naturaleza sexual (insinuaciones, mensajes subidos de tono, gifs, vídeos de YouTube). El 17% ha sufrido contacto físico no deseado (manos, cintura, espalda). El 86% NO comunica estas situaciones a la organización.

Trece semanas entre febrero y junio.

La Policia Nacional ha detenido a un hombre de 52 años sin antecedentes delictivos acusado de apoderarse de la clave de acceso al correo electrónico de una excompañera de trabajo y usarlo para publicar a su nombre un anuncio en una conocida página web de contactos sexuales en Las Palmas de Gran Canaria.

El salario bruto medio anual en España fue de 26.949 euros por trabajador en 2022, un 4,1% superior a la cifra registrada el año anterior, según indica la Encuesta de Estructura Salarial publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos datos reflejan el mayor incremento en la retribución en el país, al menos, desde 2009.

Héctor Tejero, asesor de Salud y Cambio Climático en el gabinete de la ministra de Sanidad, habla de la amenaza del calor en nuestro país y del nuevo sistema de alertas con el que se estrena en el cargo

El Ministerio de Trabajo y Economía Social se reunirá este lunes con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para debatir sobre el borrador del anteproyecto de ley sobre la reducción de la jornada máxima legal, sin merma salarial, hasta las 38,5 horas semanales en 2024 y hasta las 37,5 horas en 2025.

La sindicalista defendió la intervención del mercado de la vivienda, y afirmó que "al no estarlo, nos está devorando". "Como no se reduzca el precio de la vivienda, los empresarios estáis bien jorobados", advirtió al respecto.

La deslocalización impulsada por la IA podría suponer una amenaza para los trabajadores de las economías más potentes, al hacer que los trabajadores de los mercados más baratos sean más eficientes y estén más capacitados para asumir puestos de trabajo más cualificados. Es más fácil contratar, despedir y trasladar trabajadores en muchos mercados en desarrollo. Muchos trabajadores de estos mercados son jóvenes y tienen hambre de adquirir habilidades que les ayuden a construir sus carreras. La IA completa la ecuación.

En esta ocasión, 200 ciudadanos y ciudadanas han participado en el acto, que ha despertado gran expectación entre bañistas y paseantes de todas las nacionalidades. Decenas de militares han formado en el corazón del paseo Jaume I, bajo las banderas izadas de todas las comunidades autónomas y con la estatua del Rei Jaume I como testigo.

La Policía Nacional concluye que la actividad presuntamente delictiva de estas personas afectaba únicamente al colectivo de trabajadores extranjeros, llegando a un régimen de cuasi esclavitud.

Asimismo, Trabajo señala en el borrador, entregado este viernes a los agentes sociales, que se considerará la comisión de una infracción por cada trabajador afectado. En el caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada únicamente se considerará la comisión de una infracción por cada trabajador afectado en los supuestos de ausencia de registro, así como en los de omisión de datos o inclusión de datos falsos o inexactos.

Charla de Nicole Emma, trabajadora sexual en TED Salt Lake acerca de qué nos puede enseñar una trabajadora sexual sobre la conexión entre humanos “ Soy trabajadora sexual y como trabajadora sexual veo un lado de las personas que la mayoría de ustedes no. Solo para que estemos en el mismo marco, el término trabajo sexual se refiere a encuentros sexuales entre adultos que consienten a cambio de algún tipo de pago.”

Los trabajadores con jornada parcial o reducida podrán seguir realizando el mismo número de horas tras la entrada en vigor de la reducción de jornada laboral, percibiendo a cambio un incremento salarial proporcional.

Al igual que entonces —Milei visitó Madrid entre el 17 y 19 de mayo para presentar su libro El camino del libertario y asistir a la reunión europea de la extrema derecha convocada por Vox en Vistalegre—, el viaje “no oficial” del presidente ha vuelto a ser financiado por el Estado argentino y cuenta con el apoyo logístico del español. Entonces, el concejal Gabriel Solano, del Partido Obrero, denunció penalmente al presidente y a su hermana, Karina Milei, por usar fondos y bienes públicos con “fines privados”.

La oposición critica una operación que supone la adquisición de 63.000 metros cuadrados en un espacio que lleva cerrado desde 2019