...Aunque en todos los casos han actuado totalmente cubiertos con guantes, bragas, gafas y capuchas, precisamente para no ser reconocibles a través de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad, la sorna y la vanidad les llevó a dejar, en una de las casas donde el botín había sido especialmente 'generoso', un mensaje escrito de su puño y letra. "Thanks friend. Grasias por todo"...

El presentador ha destacado que se trata de un problema que debe atajar el Gobierno. Nacho Abad ha sorprendido a todos al desvelar que él mismo había sido víctima de la okupación: "A mí me han okupado, dejaron de pagarme, pagando yo la luz y el agua". "La sensación de imbecilidad que se te queda y la incapacidad que tienes de reaccionar ante un problema de ese tamaño, que te dan ganas de coger un palo, ir a la puerta y decir 'o sales o te doy'. Pero sabes que te tienes que controlar... Pero el Gobierno tiene que dar solución a la gente que no

Lo que debe esperar un propietario en España para tener una sentencia que permita desalojar a los okupas de una vivienda se sitúa de media en los 24 meses. Así se desprende de sumar el periodo que ocupa el procedimiento en los Juzgados de Primera Instancia y, en caso de que haya recurso, el de las Audiencias Provinciales encargadas de resolverlo.

La mujer ha dicho en varias televisiones que no está llevando a sus hijos al colegio para evitar que la echen de las dos viviendas que tiene okupadas. Los servicios de menores también tienen en cuenta que la mujer fue sancionada hace pocos días por llevar a tres de sus hijos en su BMW sin tener carnet, haciendo maniobras temerarias y dando positivo en cocaína. Además, la mujer trató de usar una identidad falsa para evitar los cargos.

La Junta de Chamberí acaba de emitir una resolución por la que concede a Alberto González Amador dos meses para la legalización de las obras de reforma integral que efectuó sin permiso municipal en la casa del distrito que comparte con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.En la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, el Ayuntamiento de Madrid indica que puede solicitar una licencia que ampare las obras de acondicionamiento parcial y obras exteriores en su vivienda. Sobre estos trabajos pesaba orden de cese.

También se deja constancia de que la persona que se encuentra en la vivienda en el momento de la inspección prefiere no identificarse y que no dispone de ningún “título administrativo que habilite las actuaciones realizadas”. En ese momento ya se le advierte de que la realización de obras sin ningún tipo de permiso podría suponer una infracción urbanística y en su caso un ilícito penal. Al finalizar la visita esa persona, que rehúye identificarse, insiste en que hay registrada una declaración responsable

Una familia con cinco hijos ha okupado un chalet de lujo en Ses Coves Noves (Menorca) y han grabado un ‘house tour’.

La Comisión de Industria y Turismo del Congreso ha aprobado una proposición no de ley del PSOE para instar al Gobierno a promover la instalación de camas elevables en los establecimientos turísticos y a reconocer a las camareras de piso como profesión de alta peligrosidad.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha responsabilizado a los servicios municipales de que en su respuesta a la solicitud del PSOE, el Ayuntamiento de Madrid amputara el expediente abierto por las obras ilegales realizadas en el piso en el que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto a su pareja, Alberto González Amador.

“No vamos a filtrar ni un solo dato de ningún particular”, aseguraba Inmaculada Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, cuando los periodistas le preguntaban por los hechos denunciados por Reyes Maroto. “No somos la Fiscalía General del Estado ni Hacienda, hay que respetar la protección de datos”, decía sobre la entrega de información incompleta a la oposición por parte de la Junta de Chamberí.

Este martes, la Audiencia ha dictado sentencia condenatoria contra los acusados. En detalle, el Tribunal impone al principal acusado 50 años de prisión y una multa de 540 euros por cuatro delitos de agresión sexual y un delito de favorecimiento a la prostitución coactiva de un menor de edad. La Sala condena a otros dos acusados a 32 años de prisión por cuatro delitos de agresión sexual. Y por último, imponen al cuarto acusado la pena de 24 años de prisión por cuatro delitos de agresión sexual.