Los votantes de Sumar son los más críticos con la justicia y su utilización política, mientras los del PP son los únicos que muestran una confianza en los jueces superior al 50%

Actuaban preferentemente de noche, en grupo de 15 a 20 personas. Mientras uno agredía por sorpresa a cada víctima, los otros le daban cobertura para que nadie auxiliara a los agredidos

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves la petición del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, a cargo de estudiar cómo afecta la amnistía a los investigados de Tsunami Democràtic, de adelantar su jubilación del 16 de octubre –cuando cumple 72 años– al 2 de septiembre.

Las elecciones europeas han supuesto —en principio— el final de un ciclo electoral extraordinariamente largo que arrancó con las autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023. Durante más de un año, todos los partidos políticos, pero, sobre todo, Partido Popular y PSOE, han estado bajo una lógica electoral que lo condicionaba todo. En el caso de los populares, entendían que un pacto con Pedro Sánchez podría acarrear un coste grande en las urnas y esa es una de las razones por las que han mantenido el bloqueo a la renovación del Consejo Gener

El PSOE lleva mañana al Hemiciclo una Proposición de Ley para que los empleados públicos que trabajan en las prisiones tengan el principio de veracidad y puedan tener una compensación si son agredidos. En 2023 hubo 508 agresiones, un aumento del 127% en cinco años.

El profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías (Sevilla, 1968) presenta La justicia en el banquillo (Arpa, 2024) un pequeño manual para entender qué está pasando con un poder que parece haberse rebelado contra el poder ejecutivo y el legislativo en los últimos años. Exletrado del Tribunal Constitucional, Urías insiste a lo largo de la entrevista en que lo importante no es la ideología de las personas que administran la justicia, sino la ausencia de métodos para controlar su falta de imparcialidad.

Las autoridades persiguieron a personas por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión o asociación; algunas fueron condenadas a largas penas de prisión o a muerte tras juicios manifiestamente injustos. Se siguió sometiendo a defensores y defensoras de los derechos humanos a reclusión arbitraria o a la prohibición de viajar tras haber quedado en libertad condicional. Los tribunales impusieron condenas a muerte tras juicios manifiestamente injustos, incluso a personas que eran menores de edad en el momento del presunto delito...

La alarmante cadena de fallos judiciales de los últimos años ha vuelto a poner de relieve las fragilidades del sistema. Los "errores" saltan a la vista cuando los casos implican a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Joana Sales recibió una paliza por parte de un mosso. El agente la denunció por un presunto delito de atentado contra la autoridad y pide para ella dos años de cárcel. El juicio arranca esta semana, pero las expectativas de la joven son prácticamente nulas. "La vida me ha enseñado que no puedo tener fe la Justicia"

Los agentes utilizaron el vehículo durante los años que duró la investigación judicial. El propietario finalmente fue absuelto. El deportivo, que estaba prácticamente nuevo cuando se lo llevaron las autoridades judiciales –apenas tenía 10.000 kilómetros–, contaba con 120.000 nuevos kilómetros en su contador cuando le fue devuelto a su propietario.

Umm Hudaifa, viuda del líder del autodenominado Estado Islámico, Abu Bakr al Baghdadi, detenida en una cárcel iraquí, niega haber ayudado a su esposo en actos violentos y asegura que intentó abandonarlo, pero no pudo.

Sudáfrica tiene una de las peores desigualdades de ingresos del mundo y su tasa de desempleo supera el 30%. Pero algunos políticos sudafricanos creen que tienen una solución: un ingreso básico universal.

Europa estaba muerta antes de las elecciones de ayer, y ahora lo está más. El avance del fascismo es cada vez mayor, y no solo en Occidente (el caso de Milei es paradigmático) y la desorganización y el individualismo campan a sus anchas. Asistimos a una crisis sistémica del capitalismo y solo puede recurrir al fascismo para intentar mantener el chiringuito.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado el primer paso para imputar al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, por revelación de secretos. Así se extrae de la Diligencia de Ordenación y que ha sido firmada este 7 de junio por el letrado de la Administración de Justicia, Enrique Calvo Vergara.

En relación con el anuncio de la adhesión de España al procedimiento de la Corte Internacional de Justicia expongo algunas cuestiones para que al menos sepamos de qué estamos hablando. El Estatuto contempla dos vías para que los Estados se adhieran a este procedimiento en los arts. 62 y 63. El art. 62 indica que si un Estado considera tener un interés de orden jurídico que puede ser afectado por la decisión de la Corte, podrá intervenir. [...] lo cierto es que el debate sobre si España se suma o no a la demanda de Sudáfrica no tiene sentido.

Feria de Madrid, en cuyo accionariado está el Gobierno regional y el Ayuntamiento de la capital, licita un contrato para que un bufete le ayude en los temas legales de traer la Fórmula 1. Asegura que sale de su cuenta de resultados y que no reciben financiación pública

La convocatoria llama a rezar el “Rosario por España y en defensa de la fe católica en todo el mundo” en Ferraz durante la jornada de reflexión y en el propio día de la votación, como ya ha ocurrido durante las protestas contra la amnistía. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice que no afecta a la neutralidad política

El juez Juan Carlos Peinado ha citado a declarar como investigada a Begoña Gómez el viernes 5 de julio, a las 10.00 horas, por la supuesta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias.

Si atendemos a la regulación legal, "el despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos". Entre las consecuencias de incumplir estos requisitos formales, contemplados en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores E.T., está la declaración del despido como improcedente sin posibilidad de subsanación, viéndose la empresa obligada a asumir los costes derivados de la improcedencia y a cesar de nuevo al empleado.