Que "...Sánchez explique lo antes posible cómo hará para “regenerar la democracia”, motivo por el que “seguirá con más fuerza si cabe”. No hay en este momento otra forma de regenerar que acabar de inmediato con el secuestro de la Justicia que no dura cinco días, sino cinco años, y lanzar, de una vez por todas, una ley de medios que evite que la ideología del 45% de los votantes de derechas de este país cope el 90% del espacio mediático", y ya está.

En cualquier caso, es muy chungo que unos cuantos jueces puedan pisotear y cagarse eso que llamamos democracia debería ser un motivo más que suficiente para abordar una reforma urgente del poder judicial. Esta caterva, que dice ser un sindicato y que se autodenomina "Manos limpias", son los mismos autores de aquel infame "Informe PISA", por sus siglas "Pablo Iglesias Sociedad Anónima". Se demostró que ni era informe ni era nada. Se trataba de un batiburrillo cutre de recortes, pantallazos de titulares de prensa, copias de documentos (...)

La investigación sobre la Operación de Catalunya se divide y se marcha a Madrid. La Fiscalía de Barcelona ha decidido enviar a la Fiscalía Anticorrupción, en Madrid, la denuncia del mayor Josep Lluís Trapero, contra la policía patriótica del PP, que lo acusó de falsos hechos delictivos, según consta en los papeles de la Operación Catalunya. La Fiscalía de Barcelona también ha resuelto que envía a la Fiscalía de Madrid la denuncia presentada, el marzo pasado -ante la difusión de nuevos audios del comisario José Manuel Villarejo-...

El partido pide al tribunal de garantías que obligue al Supremo a investigar al juez y a su ayudante, a quienes acusa de haber violado su derecho a una participación política “en igualdad de condiciones” con sus resoluciones “prevaricadoras”. Manuel García Castellón y Joaquín Gadea han vulnerado su derecho a ejercer la acción política “en igualdad de condiciones” con otras formaciones, recogido en el artículo 23 de la norma fundamental. Ocurrió en la causa que abrió García Castellón e instruyó Gadea sobre la supuesta financiación ilegal del....

El TSJC aparta a Emilio Moya y a su compañero Carlos Vielba de una causa que investiga al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas al entender que ha quedado acreditada una relación de amistad entre los jueces y el empresario

El Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano que vela porque se cumpla la Carta Social Europea, critica que España limite a los jueces la posibilidad de que los trabajadores reciban una indemnización adicional adecuada por los perjuicios causados por un despido improcedente. El Comité hace este reproche en el marco de los despidos por embarazo o durante la baja de maternidad.

En cuatro proyectos de ley que tramitará el Congreso de aquel país, también piden reformar la ley para enviar a prisión a los piqueteros que organicen manifestaciones y los delincuentes reincidentes ir a la cárcel en vez de esperar al juicio

Tras aquella publicación, los magistrados ya presentaron una denuncia conjunta en el juzgado de guardia de Barcelona en la que se pedía la apertura de una investigación para aclarar quién accedió a las bases de datos del DNI y facilitó las imágenes a ese medio de comunicación. Un proceso judicial que se archivó en España pero que terminó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Barcelona no tiene más delincuencia que otras ciudades turísticas; lo que hay es un embotellamiento en los juzgados para resolver los hurtos y robos: faltan recursos, materiales y de personal, y al menos 6 juzgados de lo penal más para juzgar y ejecutar las condenas, especialmente a los multirreincidentes.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia que supone un duro correctivo para una empresa del metal de la Bahía de Cádiz, que despidió a uno de los cabecillas de las protestas previas a la huelga que paralizó el sector durante nueve días en noviembre de 2021. El tribunal considera probado que el trabajador fue despedido por su actividad sindical y obliga a la empresa a pagarle una indemnización de 6.250 euros por el daño moral causado.

Un grupo de personalidades del mundo de la cultura, la judicatura y el periodismo han mostrado en un video su apoyo al periodista Pablo González, detenido en Polonia y en prisión provisional desde hace casi dos años, sin que se haya celebrado juicio alguno, y sin ningún tipo de prueba, cuando cubría el éxodo de personas refugiadas al comienzo de la guerra de Ucrania.

El magistrado reconoció en una charla en octubre que había engañado a sus colegas franceses a principios de los 2000. Ahora plantea una maniobra similar con Suiza para hacer pasar como definitivo un informe que no lo es para avanzar en la causa de Tsunami. Tras la mentira de García Castellón, el juez busca ahora una maniobra similar con Suiza. Ahora es para tratar de afianzar sus acusaciones contra Marta Rovira. García Castellón recibió un revés del país helvético, que ya ha cuestionado la investigación por su posible carácter político.

Los polémicos argumentos orales de la Corte Suprema de Estados Unidos de esta semana ofrecieron un recordatorio de que si bien el público se centra en los casos electorales de Donald Trump, las acciones de la corte esta primavera boreal tendrán igualmente consecuencias para una serie de reglas establecidas en Washington que rigen la vida estadounidense. En los últimos años, los jueces de la Corte Suprema han invalidado normas sobre emisiones de centrales eléctricas, condonación de préstamos estudiantiles y precauciones contra el covid-19.

En España, ni jueces ni fiscales son elegidos democráticamente. No representan a nadie más que a su buen hacer profesional, suscrito con la superación de unas duras oposiciones al cargo. Son funcionarios de alto rango, gozan de una elevada reverencia social y una autoridad muy exclusiva. Pero a algunos debe parecerles poco y pretenden vetar leyes y forzar cambios de gobierno. Es a lo que estamos asistiendo en las últimas semanas con los pasos procesales de determinados fiscales y magistrados en torno a la Ley de Amnistía. Ya no basta con el j

David Trueba entrevista al cineasta en 'Un día en Nueva York con Woody Allen', que Movistar Plus+ estrena este viernes. Hastiado siempre de responder sobre su situación legal, Woody Allen quedó tan satisfecho de la entrevista que permitió a Trueba curiosear por sus oficinas en Manhattan.