Dicen que defienden el derecho de las familias a elegir proyecto y calidad educativa pero a la hora de la verdad como ha ocurrido en el @BlasDeLezo son los primeros en atacar la libertad de las familias y acabar los proyectos educativos de calidad. Hoy, en el pleno

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ocupe el juzgado el Juzgado Central de Instrucción número 5 el tiempo que su titular, José de la Mata, permanezca en la situación administrativa de servicios especiales tras haber sido nombrado por el Gobierno miembro nacional de España en Eurojust. Pedraz, hasta ahora titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, accede a este puesto al ocupar el lugar más alto en el escalafón de cuantos magistrados han optado a la plaza

Fiscalía sostiene que el exdirectivo facilitó el pago de las mordidas y elaboró facturas ficticias para sustentar la salida de los 2,5 millones de dólares. De este modo no solo rechaza sus pretensiones de archivar esta parte concreta del procedimiento sino que insiste en apuntar que se desviaron 2,5 millones de dólares de las cuentas de OHL en México a modo de dádiva para adjudicarse esta faraónica obra que nunca llegó a realizarse.

La Guardia Civil ha detenido al guía de un centro de buceo por el fallecimiento de la investigadora oceanográfica María Casanova, quien perdió la vida al quedar atrapada en el interior del pesquero coreano Soo Yang, hundido en el puerto de la Luz y de Las Palmas, en Gran Canaria.

El juzgado 16 de Sevilla fija declaración del dos veces candidato andaluz de Vox y sus dos exsocios el 8 de febrero.

Múltiples indicios apuntan a que Villarejo suministró a fiscales colombianos datos secretos del 'caso Lezo', a cuyo sumario tenía acceso gracias a la personación como "acusación popular" de Transparencia y Justicia, la asociación que creó para acceder a los sumarios y maniobrar en cada procedimiento.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Lezo', Manuel García Castellón, ha propuesto juzgar al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por haber cobrado presuntamente una comisión de 1,8 millones de euros por el contrato del tren a Navalcarnero.

La Fiscalía Anticorrupción da por finalizadas las pesquisas por la adjudicación del tren de Navalcarnero. Tras investigar si se pagaron desde OHL mordidas para conseguir la licitación, concluye que hay indicios suficientes para actuar contra la excúpula del Canal de Isabel II así como contra el exconsejero delegado de la constructora, Javier López Madrid.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha presentado un escrito de defensa en la pieza separada del caso Lezo sobre la compra de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II en el que pide anular las grabaciones iniciales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según consta en el documento de 70 páginas firmado por el abogado Esteban Mestre, que busca invalidar todo el procedimiento.

Ordena indagar el cobro de 1,4 millones de euros por parte del exgerente del Canal de Isabel II al sospechar que pueden ser pagos de la multinacional. Tras cuatro años de investigación en la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II, los investigadores siguen rastreando el movimiento de dinero vinculado a los cabecillas de este caso de corrupción, bautizado como Lezo. Tanto es así que el magistrado Manuel García Castellón ha acordado una ampliación de las comisiones rogatorias a Suiza

A partir de este martes, la Audiencia Nacional vivirá una cita judicial en el marco del caso Púnica con tintes de Día de la Marmota pero que esconde mucho más y puede deparar sorpresas. Un histórico de los casos de corrupción, el exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, (conocido como El Albondiguilla en la trama Gürtel) acudirá el miércoles de nuevo al juzgado de Instrucción número 6, pero con varias novedades desde su anterior cita, como la aparición de su agenda como alcalde.

El juez del caso Lezo ha llamado a declarar de nuevo como investigado el 21 de marzo al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y también a su yerno Javier López Madrid por la pieza que investiga la adjudicación del tren de Navalcarnero (Madrid), después de que ambos declararan esta semana en el caso Púnica.

A Ayuso se le olvida decir quién se beneficia del pelotazo urbanístico y que Madrid ya tenía un hospital de pandemias que desmanteló su partido en 2014, el Hospital Carlos III. Gobernaba Ignacio González, quién terminó en prisión por el caso Lezo.

Juan Osuna está citado este viernes a declarar en calidad de testigo después de que Felicísimo Ramos, exdirectivo de la constructora y principal sospechoso, asegurara ante la Policía Judicial que recibía instrucciones de su parte.

El magistrado considera que en los audios incautados al exdirectivo Paulino Hernández Ros constan "pasajes expresivos que resultan indiciariamente compatibles con la ejecución del delito" que se le atribuye a exdirectivos y "personas vinculadas" a la constructora.

La UCO de la Guardia Civil había reclamado al magistrado que pidiera información a la constructora sobre el pago que realizó su filial mexicana a una firma de Luxemburgo, que después traspasó 700.000 euros a una sociedad del yerno de Villar Mir

En realidad esta biografía nace de un hecho que nos ha llamado poderosamente la atención como son los motivos que le llevaron a volver a su juzgado de la Audiencia Nacional para hacerse cargo, a sabiendas, primero de la instrucción de 2 casos que por separado o juntos pueden determinar tanto su futuro como el del PP (Púnica y Lezo). A esto casos hay que añadir que desde noviembre del 2017 su juzgado ha acabado instruyendo, entre otros, el no menos complejo Caso Tándem. Pero antes de entrar en estos 3 casos vamos a repasar rápidamente su…

Juan Miguel Villar Mir ha logrado que una juez de Madrid investigue las diferentes quejas que ha planteado contra la investigación del caso Lezo, según consta en un escrito de 12 de marzo dirigido al juez Manuel García-Castellón en el que el empresario reclama numerosa documentación del procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional.

La Guardia Civil ha reactivado los registros telefónicos en el caso Lezo para acceder a los mensajes cifrados que Ignacio González y otros investigados enviaron desde la aplicación de mensajería instantánea 'Signal'. Las diligencias tienen lugar después de que la UCO remitiera un oficio al juez en octubre para solicitar autorización para el "desprecinto y volcado de efectos informáticos" del presunto cabecilla de la trama. La defensa del expresidente de la Comunidad de Madrid ha mostrado su oposición a estas prácticas.

Los procesados son el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, el presunto cabecilla de la red Lezo, y otros 28 implicados en las adquisiciones presuntamente irregulares de las filiales latinoamericanas de la empresa pública del agua. Los autos de apertura de juicio oral no son recurribles, por lo que son firmes.

Caja de oro rosa de 18 kilates, sistema dual-wing de alta precisión y brazalete de piel. Así es el reloj de la prestigiosa marca Jaeger-Locoultre valorado en 38.000 euros que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, imputado en por la trama de corrupción desmantelada en el caso Lezo, adquirió en una fecha no determinada y terminó subastando por la mitad de su precio en octubre de 2015, año y medio antes de su arresto detención. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha ordenado a la Guardia Civil investigar

Cerca de 3 años después del arranque del caso 'Lezo' los investigadores siguen poniendo el foco en la presunta comisión de 1,4 millones de euros que se habría adjudicado el expresidente de la Comunidad de Madrid por facilitar que la faraónica obra fuera a parar a OHL. El magistrado acuerda la testifical de Marjaliza y lo hace para que éste especifique qué político fue el que propició que OHL se adjudicara la faraónica obra cuyo importe de adjudicación inicial fue de 363 millones de euros, si bien nunca llegó a realizarse.

La magistrada instructora del caso Erial investiga los pagos a una agencia de comunicación, Asesores de Comunicación Pública, contratada por el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana así como por el presunto ingeniero financiero de éste, Fernando Belhot, a raíz de aparecer en unas grabaciones en el caso Lezo.

Anticorrupción consigue que varios imputados reconozcan sus delitos, por los que ya han pagado 31 millones de euros en concepto de responsabilidad civil .

El expresidente madrileño asegura en un escrito al juez del caso que iba a fundar con Fernando Belhot una empresa sobre desinfección de aguas. El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha admitido ante el magistrado al frente del caso Lezo, Manuel García Castellón, que intentó sacar adelante un negocio sobre comercialización de un producto de desinfección de aguas con el abogado natural de Urugay Fernando Belhot, el cual también aparece vinculado a los negocios del expresidente de la