Un panel favorable a Trump da forma a las nuevas normas electorales de Georgia en reuniones largas y a menudo caóticas. La Junta Electoral del Estado de Georgia trabajó una vez en relativa oscuridad. El cambio pone de relieve cómo la administración electoral se ha vuelto cada vez más escrutada y politizada, particularmente en Georgia y otros estados que el presidente Joe Biden volteó para los demócratas en 2020. El expresidente Donald Trump sigue afirmando sin pruebas que el fraude generalizado le costó las elecciones en Georgia.

Guo Wengui, también conocido como Miles Guo, fue declarado culpable de un fraude de mil millones de dólares por fiscales estadounidenses en Nueva York. Guo ha sido asociado del ex estratega de Trump, Steve Bannon, quien fue arrestado en el yate de Guo en 2020. Guo fue declarado culpable de nueve cargos, incluidos extorsión, fraude y lavado de dinero. Aparte del juicio penal, la Comisión de Bolsa y Valores acusó a Guo de un presunto plan que recaudó 500 millones de dólares de inversores minoristas para una Cripto llamada H-Coin

Algo turbio se mueve en el sector de los operadores petrolíferos en España. Dos semanas después del lanzamiento público de AOPYDE, una asociación que representa a poco más de media docena de empresas independientes denuncia que un desconocido las está dando de baja en Hacienda (en el registro REDEF --Registro de Extractores de Depósitos Fiscales--) sin su conocimiento. Aunque en el último mes la lista suma 24 empresas, en las últimas 24 horas se han quitado de un plumazo hasta ocho.

"Estamos viendo cómo la estrategia nacional toma forma en Georgia" advierte el abogado electoral de Atlanta. Con la aprobación inicial en una votación de 3-1 el martes, la enmienda propuesta obligaría a los funcionarios electorales locales a contar las papeletas emitidas en el distrito electoral la noche de las elecciones e investigar cualquier discrepancia entre la suma y el total de votos antes de certificar las elecciones, informa The Georgia Recorder. La norma también autorizaría a los miembros de la junta electoral a examinar los registros

Boeing se declarará culpable de un cargo de fraude penal derivado de dos choques de aviones 737 Max que mataron a 346 personas, después de que el gobierno concluyera que la compañía incumplió un acuerdo que la había protegido de ser procesada durante más de tres años, según indicó el domingo por la noche el Departamento de Justicia. El acuerdo, que aún requiere la aprobación de un juez federal para entrar en vigencia, pide a Boeing que pague una multa adicional de 243,6 millones de dólares. Es la misma cantidad que pagó según el acuerdo de 2021

El hecho de que no se logre identificar al miembro del Tribunal (un funcionario) que facilitó a un opositora las preguntas y respuestas de un examen para la obtención de plaza a un puesto público, no impide la condena a 9 meses de prisión para la susodicha por cometer un delito contra la Administración Pública.

Los magistrados Concepción Espejel y César Tolosa han suscrito un voto particular en el que comparten con sus otros dos colegas de la minoría conservadora que el Tribunal Constitucional no solo debió desestimar los recursos de amparo de los cinco condenados de los ERE a los que la mayoría progresista ha amparado en el Pleno de esta semana, sino que se ha extralimitado en su función constitucional

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha confirmado en todos sus términos la sentencia condenatoria dictada en su día en primera instancia por el Juzgado Penal 3 de Oviedo para 5 personas y el sindicato UGT desestimando los recursos presentados por sus respectivas representaciones legales, por un delito de fraude se subvenciones en relación a una ayuda concedida a la organización en 2012. La Audiencia sólo estima parcialmente el recurso de una de las condenadas. La sentencia, que no es firme, puede ser recurrida en casación

Según la Fiscalía, dejaron de pagar en agosto del 2013 la cuota correspondiente a la aportación de los trabajadores y la cuota empresarial; dos de ellos se registraron supuestamente como trabajadores para cobrar prestaciones por desempleo indebidamente.

Según la Fiscalía de Taranto, la sociedad ADI habría manipulado los registros de emisiones de CO2 para beneficiarse de la normativa de la Unión Europea (UE) ideada para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores de gran consumo energético.

Los hombres, de 26 y 73 años, habrían solicitado ayudas de la Política Agraria Común, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feder), aportando datos falsos en las declaraciones. Así, se habrían atribuido el uso de fincas rústicas en Lugo y Guntín mediante el arrendamiento, sin conocimiento ni consentimiento de sus legítimos propietarios, lo que ocasionó una modificación de la valoración catastral de las mismas.Habrían recibido hasta 30.000 euros con esas ayudas de la UE

Es la empresa gallega con más deuda, unos 35 millones. Fue la Agencia Tributaria la que pidió su separación al apreciar «graves irregularidades». La sociedad nació tras la descomposición del Grupo Mahía en Santiago.

El juez sostiene que el cliente fue víctima de un engaño sofisticado de suplantación de identidad mediante SMS y señala fallos de seguridad por parte de la entidad financiera.

Salem Media distribuyó "2.000 mulas", que afirmaba que los demócratas conspiraron para robar las elecciones de 2020. La empresa de medios de comunicación conservadora responsable del libro y la película "2.000 mulas", en la que se denunciaba una conspiración generalizada de los demócratas para robar las elecciones de 2020 y que fue apoyada por el expresidente Donald Trump, ha emitido una disculpa y ha dicho que detendrá la distribución de la película y retirará tanto la película como el libro de sus plataformas.