Dos empresas que han sido condenadas por montar un cártel en la industria de defensa para repartirse millones de euros en contratos públicos han creado en el último año una sociedad pantalla en común para seguir optando y ganando licitaciones. Las empresas en cuestión son Cohemo y SDLE (Star Defense Logistics & Engineering), dos contratistas habituales del Ministerio de Defensa en los últimos años.

España cae cuatro puestos en el índice de Competitividad Mundial de IMD, y se sitúa como la 40 de las 67 economías analizadas, la peor posición registrada en los últimos diez años. Detrás de esta pérdida de posiciones se encuentra la peor percepción sobre la eficiencia del gobierno y la eficiencia empresarial. En concreto, el análisis desvela un retroceso en la competitividad de nuestras finanzas públicas, política fiscal, marco institucional, legislación empresarial y marco societario. A ello, se añaden las dudas que entre los expertos de IMD

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no contempla dimitir en el caso de que el Tribunal Supremo decida investigar el desmentido remitido a distintos medios de comunicación desde el Ministerio Público para combatir una información falsa difundida a distintos medios de comunicación por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.

El informático accedió de forma ilícita a los servidores, provocando daños valorados en más de 678.000 dólares. Los despidos siempre son traumáticos. Por ese motivo, durante el despido deben tomarse determinadas medidas orientadas a evitar incidentes como los que sucedieron cuando una empresa de software con sede en Singapur despidió a uno de sus informáticos.

Un tribunal en Florida ordenó el pasado lunes 10 de junio a la empresa bananera estadounidense, con un frondoso historial como agente desestabilizador en en América Latina operando bajo el nombre de United Fruit Company, pagar 38,3 millones de dólares por contratar a un grupo paramilitar y asesinar a ocho personas en Colombia durante los 90.

El fiscal general del Estado ha emitido este viernes la orden que esperaban los fiscales del procés. En su escrito, reclama que apoyen amnistiar el delito de malversación en contra de su criterio al entender que no hacerlo se opone a "la voluntad del legislador, la voluntad de la ley y el propio tenor literal de los preceptos".

Podcast de Marta Garcia Aller para en El Confidencial en el que se comenta que las grandes empresas buscan a psicópatas para los puestos directivos

Ordena a los fiscales que aboguen por levantar las órdenes de detención dictadas por Pablo Llarena.

“La orden es improcedente y contraria a las leyes”, afirman los fiscales del Supremo. Álvaro García Ortiz convoca a los fiscales de Sala a una junta el próximo martes.

Almudena Lastra dice al juez que investiga a dos de sus subordinados que ella no estaba de acuerdo con el comunicado y que el fiscal general, que se ha hecho responsable de su difusión, le dijo por WhatsApp que debía enviarlo por “imperativo

La fiscal superior de la Madrid, Almudena Lastra, ha declarado este jueves ante el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le dio la orden de difundir la nota de prensa con los datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso. Además, le dijo que lo tenía que hacer por "imperativo".

La sentencia vulnera sus derechos fundamentales, porque aplica una "incompatibilidad con carácter preventivo", ya que todavía no se ha dado el supuesto por el que debido al ejercicio profesional de su pareja, deba inhibirse de tomar alguna decisión de su cargo. Por ello, a juicio de la magistrada, el tribunal conculca el derecho constitucional de Delgado a acceder en condiciones de igualdad a un cargo público, recogido por el artículo 23.2 de la Carta Magna.