El futuro más próximo de la expolítica del PP, Cristina Cifuentes, tiene un nombre: la Audiencia Nacional, que no tine nada que ver con la isla centroamericana de los Cayos Cochinos, en Honduras, a pesar de que se especuló que fuese la estrella del próximo Supervivientes. El juez titular del Juzgado Central de Instrucción nº6, Manuel García-Castellón, ha citado a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes como imputadas en el caso Púnica, el macrosumario de corrupción en la Comunidad de Madrid que se investiga

El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, que investiga la red dedicada a extorsionar a usuarios de un portal de contactos de internet, conocida como sextorsión, ha levantado el secreto del sumario. Esto ha permitido conocer que, entre las víctimas, figura Abelardo Fernández, actual entrenador del Real Club Deportivo Espanyol y exjugador del FC Barcelona, el Sporting de Gijón y el Alavés, además de internacional con la selección española.

Dos de las principales asociaciones de trabajadores autónomos, UPTA y UATAE, han pedido una reunión con el ministro de Inclusión y Seguridad Social,José Luis Escrivá, para plantearle en persona lo que ya le han pedido por escrito, eliminar el actual sistema de tarifa plana del que se benefician las personas que se lanzan a crear una empresa y sustituirlo por un sistema de tramos que tenga en cuenta los ingresos reales para, en función de ellos, fijar los impuestos que deben pagar.

Tramas, empresa sevillana especializada en prendas para el hogar, supera las 100 tiendas repartidas entre España y Portugal

Un informe pericial revela cómo operó la trama para mejorar la imagen de la consejera de educación de Aguirre a cambio de más de 120.000 euros públicos

El pasado 25 de octubre entró en funcionamiento un nuevo radar de tramo en la N-630 y ya se ha convertido en uno de los dispositivos de control de velocidad de la DGT que más multan en nuestro país: hasta el 31 de diciembre de 2019 había denunciado a 4.822 conductores, lo que se traduce en 72 sanciones diarias.

El exalcalde del PP de Boadilla del Monte (Madrid),Arturo González Panero, conocido como el 'Albondiguilla', ha apuntado directamente a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre como responsable del 'caso Púnica', tal y como apunta 'Libertad Digital'.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Púnica', Manuel García Castellón, ha rechazado la petición de Fiscalía Anticorrupción de practicar diligencias sobre contratos y adjudicaciones en la localidad madrileña de Valdemoro fechados antes de 2004. Aunque son hechos que podrían ser calificados como delitos contra la ordenación del territorio o contra la Administración como prevaricación, cohecho o tráfico de influencias, aparentemente se habrían cometido antes de la aprobación definitiva del PGOU, por lo que estarían prescritos…

Declina la petición de la acusación del procedimiento con el criterio favorable de Anticorrupción, que advierte que la investigación no ha terminado.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones contra el expresidente de Indra, Javier Monzón, que estaba siendo investigado en el 'caso Púnica' por la financiación presuntamente irregular del PP de Madrid.

La Fiscalía pide al juez del caso Púnica que reclame al Gobierno de la Comunidad de Madrid nueva documentación sobre la polémica cláusula de 34 contratos públicos. La petición de Anticorrupción se produce después de que la Consejería de Sanidad y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) remitieran recientemente a la Audiencia Nacional la documentación incluida en los 34 expedientes por los que el Ejecutivo autónomo licitó y adjudicó los contratos para realizar obras y explotar otros tantos hospitales y centros de salud de la región..

La Fiscalía sostiene que tanto las pruebas como los testimonios sitúan a la expresidenta madrileña en la "cúspide" de la financiación ilegal del PP en Madrid y pedirá que sea juzgada por falsedad electoral, malversación y prevaricación entre otros delitos El Ministerio Público asevera que ya dispone de elementos "suficientes" para proponer su enjuiciamiento pero pide nueva documentación a distintas agencias de la Comunidad de Madrid y un análisis de las operaciones del Metro, en busca de la "pistola humeante" contra Aguirre

La Fiscalía Anticorrupción ha puesto en el foco de la presunta trama del 1% investigada en el caso Púnica a cerca de una treintena de empresas. El Ministerio Público expone que grandes mercantiles como es el caso de OHL, Acciona, Ferrovial, San José o Dragados fueron las adjudicatarias para construir hospitales y centros médicos de la Comunidad de Madrid pagando para ello un porcentaje extra que habría ido destinado a financiar de manera ilegal la caja 'b' del PP madrileño.

El instructor del caso cuantificó en 74,9 millones de euros los sobrecostes de la ampliación de tres líneas del suburbano de Madrid: de los 141 presupuestados a 216. Las adjudicaciones bajo sospecha fueron adjudicadas por la extinta Mintra,empresa pública que entonces dirigía Francisco Granados,principal imputado en la causa . Las obras bajo sospecha son la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur,las ampliaciones del Metro Ligero desde Colonia Jardín a Boadilla del Monte y el tramo 1-A el Metro Norte. Marjaliza aportó documentación que supue

La alcaldesa de Alcorcón ha avanzado que, dentro de los estudios realizados por la comisión de investigación sobre la presunta incorporación de una cláusula del 1 por ciento de publicidad en varios pliegos, que se ha detectado este porcentaje en hasta 43 adjudicaciones de contratos hasta el momento. "El valor de estos contratos alcanza los 21,945.650 euros", según han detallado la primera edil para añadir que, además, se han encontrado con otros "70 contratos que suman 4,708.680,97 de euros y que contendrían la llamada cláusula de publicidad".

Francisco Barrueco denunció en 2013 la cláusula que se incluyó en los contratos de la Consejería de Transportes. El trabajador público explica que se trata de un requisito que se redactó igual en todos los .contratos de Transportes y Sanidad y que se gestionaba de forma irregular. "Borja Carabante fue clave en la gestión de la cláusula del 1%, es imposible hablar del 1% en los contratos de la Consejería de Transportes sin tener en cuenta su papel", asegura el funcionario sobre el actual concejal del PP en Madrid.

El juez Manuel García-Castellón apunta a que entre 2004 y 2007 se produjo un desfalco de más de tres millones de euros en hospitales y centros de salud de la comunidad. Pablo Gabilondo El juez sostiene que el desfalco se remonta a la puesta en marcha del denominado 'Plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007', que financiaba la construcción de nuevos hospitales y centros de salud en la comunidad.

Las facturas a las que ha tenido acceso la SER, están fechadas en la época en la que Borja Carabante, actual delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, era por entonces el director general de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Algunas de esas facturas recogen conceptos tan llamativos como "campaña publicitaria sillas de bebé, referente al 1% de gastos de publicidad según pliego de la obra de refuerzo M-206", por 17.400 euros, fechada el 15 de febrero de 2011, pagada por la empresa Trabajos Bituminosas S.L a la empresa O3 Comunicación.

La Federación Internacional de Tenis no se cansa de transmitir públicamente que se plantean seriamente retirar las apuestas de los torneos ITF de menor cuantía económica y de puntos por la cantidad de amaños que se detectan en ellos a lo largo del año.

La inclusión de esta cláusula en los contratos fue uno de los aspectos por los que las fiscales preguntaron a los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid imputados en esta causa en una ronda de interrogatorios que cerró la propia Aguirre el pasado 18 de octubre. La expresidenta regional aseguró desconocer su existencia, mientras que el exvicepresidente Ignacio González descargó toda responsabilidad al respecto sobre el que fuera consejero de Sanidad Manuel Lamela, del que dijo que fue "idea" suya.

Borja Sarasola, consejero de Medio Ambiente hasta 2015, administraba junto a sus hermanos y su madre la sicav Blacader Caminos, que acaban de liquidar. Hijo de un expresidente de Sacyr, está imputado en la Audiencia Nacional por el presunto desvío de fondos públicos para engrosar la caja B del PP en Madrid. Otro empresario próximo a González y socio de la empresa que presidió la esposa del expresidente madrileño, Subastas Segre, también convierte en SL una sicav con 2,3 millones..

En ese informe,Antonio Asenjo, el que era responsable de Seguridad de la eléctrica, admite que el dinero pagado a Castellana de Seguridad (Casesa) servía para “pillar” a políticos que se oponían a los planes del grupo y comprar los favores de otros. Una unidad que quería instalar una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz), con una inversión de 900 millones de euros y que había chocado con la oposición del ayuntamiento de la localidad andaluza..“El objetivo es lograr que la oposición del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera,

La Policía Nacional ha destapado en Níjar una trama empresarial que empleaba a trabajadores en situación irregular mediante el uso de identidades suplantadas que, en la mayoría de los casos, eran dadas por los responsables de la empresa. La operación 'Satelite' se ha saldado con la detención 12 personas, nueve de ellos por supuestos delitos de usurpación de identidad e infracción a la Ley de Extranjería mientras que a tres de ellos, responsables de la empresas, se les imputan presuntos delitos de falsedad documental.

El exdiputado regional en Madrid y exalcalde de Alcobendas, Ignacio García Vinuesa, que cobrará 75.000 euros de la Comunidad de Madrid en su nuevo cargo, ha sido acusado por la Guardia Civil de malversar caudales públicos por cargar al patronato municipal de cultura de Alcobendas, servicios de reputación online personales. El informe de la Guardia Civil proponía investigar al hoy comisionado de las Víctimas del Terrorismo por un delito de malversación de caudales públicos. El juez de la Púnica aún debe decidir sobre la posible imputación..