La Fiscalía ha llevado a dos empresarios a los tribunales por aprovechar lo peor de la pandemia para hacer negocio y cobrar comisiones salidas de las arcas públicas madrileñas. Alberto Luceño Cerón y Luis Medina Abascal, según la querella de Anticorrupción, llegaron al Ayuntamiento de Madrid de la mano de un familiar del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y se ofrecieron a traer material sanitario de China. Detrás, sin embargo, estaba el menú habitual de los casos de corrupción: precios inflados y comisiones millonarias.

Luis Medina Abascal, hijo del fallecido duque de Feria y Naty Abascal, habría recibido un millón de euros por poner en contacto con los responsables de compras del Consistorio a otro empresario amigo suyo, que se embolsó 5 millones. La Fiscalía persigue indicios de falsedad documental, delito fiscal y blanqueo de capitales en la intervención de los dos intermediarios. La Fiscalía Anticorrupción investiga comisiones millonarias obtenidas por dos empresarios que intermediaron en la compra de material sanitario con el Ayuntamiento de Madrid en mar

La Fiscalía Anticorrupción no aprecia indicios de malversación ni de fraude a la Hacienda europea ni de cohecho en el contrato de Priviet Sportive por el que la Comunidad de Madrid adjudicó la compra de mascarillas en plena pandemia y del que cobró el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pero en el decreto con el que la fiscal general, Dolores Delgado, ratifica la competencia para investigarlo del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, sí se apunta a tráfico de influencias y falsedad.

España ha recibido este martes un severo rapapolvo por sus insuficientes avances en la lucha contra la corrupción. En un nuevo informe, publicado en Estrasburgo, del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) se constata que ninguna de las 19 recomendaciones hechas en el 2019 se ha cumplido totalmente. Solo siete de ellas se han visto satisfechas de modo parcial.

La representante de la Fiscalía Europea en España, la fiscal Concepción Sabadell, reclamó días atrás a Anticorrupción la totalidad de las diligencias de investigación relacionadas con la adjudicación que afecta a Tomás Díaz Ayuso. España no puede impedir que la Fiscalía Europea abra una investigación por supuesta malversación, pero sí puede oponerse a que asuma la totalidad de las pesquisas. Anticorrupción ha respondido con una negativa a entregar a estas diligencias preprocesales abiertas porque no aprecia que haya podido cometerse un delito.

El CEO de la empresa, David Salomon, llevaba meses insistiendo en que no acaba de ver lo del teletrabajo, un modelo que el directivo considera una “aberración temporal” como consecuencia de la pandemia. Sin embargo, sus empleados no parecen estar de acuerdo con esa opinión, ya que el día de la reapertura de las instalaciones sólo se presentaron alrededor de 5.000 de los más 10.000 que trabajan allí, según Fortune.