El Estado está a pleno pulmón en su rendimiento. Carles Puigdemont, acorralado política y judicialmente en su mansión de Waterloo (Bruselas), sabe que su vuelo necesariamente será corto. El experimento ha provocado serios daños a la economía catalana y costado a España y a sus contribuyentes muchos millones de euros, y ello sin contar los enormes agujeros dejados en la productividad de la comunidad autónoma y el desgarro en la imagen de ese territorio y del conjunto del país. Por ello, el juez del Tribunal Supremo tiene ya la traducción.

El Boletín Oficial de las Cortes Generales publica una proposición de ley de ERC. De aprobarse, no sería delito la rebelión con la finalidad de proclamar la independencia, y se exigiría violencia para que hubiese sedición. Tampoco sería delito convocar referéndum sin competencia para ello.

El PP ha presentado una enmienda en el Congreso para prohibir que un gobierno pueda indultar a condenados por rebelión, sedición y traición. Se trata de una de las enmiendas que el PP ha registrado a la proposición de ley que presentó el PSOE para modificar la vigente Ley de Indulto de 1870 para prohibir los indultos en casos de violencia de género y de corrupción de funcionarios públicos. El PP añade además, en esa lista de condenas imposibles de perdonar por un Gobierno los delitos contra la Corona y la trata de blancas.

La razón por la que el juez Llarena ha decidido no cursar la euroorden no es otra que la imposibilidad de convencer a ningún juez en un Estado de derecho digno de tal nombre de que la conducta de Puigdemont es constitutiva del delito de rebelión.El delito de rebelión en que se sustenta la querella admitida a trámite por la AN y posteriormente por el TS es un delito imaginario,un delito que existe en la imaginación de los jueces de instrucción que han admitido a trámite las querellas.. en el caso de haber cursado la euroorden y no ser atendida

Directora de litigios del Centro Iridia para la defensa de los Derechos Humanos, Anaïs Franquesa habla los procesos iniciados tras los sucesos del 1-O así como de la politización de la justicia.

El exceso de organización y de burocracia que instauraron las empresas las condujo a perder una suerte de batalla cultural: toda una generación le escapa a la “doble pena” del consumo destructivo y la profesión dictatorial.

"Según la policía las manifestaciones de la Diada del 11 de septiembre són parte del delito de rebelión". Eso es lo que ha explicado el abogado del vicepresidente Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde.

Theresa May ha sufrido este miércoles por la noche una significativa derrota en la tramitación del ‘brexit’, a manos de sus propios diputados. Un grupo de conservadores rebeldes ha plantado cara al Gobierno reclamando para el Parlamento el poder de aprobar o rechazar en votación el acuerdo final de salida de la Unión Europea. Lo que estaba dilucidándose era si el poder constitucional supremo seguía recayendo en el Parlamento como corresponde a una democracia, o podía ser asumido por el gobierno, tal y como pretendía May.

Fiscalía belga se ha mostrado este viernes de acuerdo con la entrega a España de expresidente de Catalunya Carles Puigdemont y de los cuatro exconsejeros que le acompañan en la capital belga por todos los delitos que le imputa la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela -incluyendo los de rebelión y sedición- salvo el de prevaricación, según ha manifestado el abogado Christophe Marchand.

Durante los interrogatorios en el TS la Fiscalía incidió en el carácter “multitudinario” y “espectacular” de las manifestaciones celebradas en el marco del proces,pretendiendo demostrar que el ejercicio del derecho de manifestación defendiendo ideas disidentes,cuando deviene en movilizaciones masivas y espectaculares,es una forma de violencia contra el orden establecido.Saquen sus conclusiones del hecho de que la Fiscalía de un país democrático utilice este forzado y antidemocrático argumento criminalizando derechos constitucionales fundament

Un grupo de más de 100 profesores universitarios especializados en Derecho Penal han firmado un manifiesto para mostrar su repulsa ante la decisión de la Fiscalía y la Audiencia Nacional de calificar los actos del 1-O dentro del marco de delitos de rebelión y sedición.

Breve refutación de las falsedades mas extendidas sobre la prisión preventiva a los exmiembros del gobierno y la aplicación del articulo 155.

Los abajo firmantes, más de 100 profesores de Derecho Penal de las Universidades españolas, ante la crisis política más grave vivida por nuestro país desde el golpe de estado de 1981, se entienden obligados a manifestar su experta opinión ante toda una serie de calificaciones jurídicas que llevadas a cabo por la Fiscalía General del Estado y la titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional, han originado general repulsa y seria preocupación en los medios jurídicos españoles.

El modelo de Jordi Pujol de construcción nacional, que consiste en robar sin mesura y autolegitimarse por medio del nacionalismo, se ha contemplado con impasibilidad desde Madrit. Es más, desde la villa y corte se ha tapado la boca de la justicia para que no pronunciara términos como apropiación indebida, malversación, prevaricación, blanqueo de capitales. Todo estaba a la vista y todo se ha permitido. Esto es lo que hay de cierto en las palabras de Pablo Iglesias de que ha estallado el régimen del 78. Y estamos ante una buena noticia

Que medio exgovern duerma hoy en prisión es una respuesta desproporcionada:una solución penal a un problema político que así no se va arreglar.Pero este martirio penal no da a los líderes independentistas la razón.Hay un derecho fundamental que debe proteger a todos,también a quienes se saltan la ley:el derecho al juez natural.Está recogido en la DDHH y también en nuestra Constitución.Es el derecho a cualquier acusado a que le juzgue el juez que le toque por ley,no el que le convenga al Gobierno o al fiscal.Es un derecho que en este caso..

No basta,y esto parece indiscutible,con convocar una o muchas manifestaciones de apoyo a un referéndum inconstitucional y a la misma independencia unilateral para que exista sedición o rebelión.Hace falta algo más.Eso puede ser desobediencia,prevaricación y malversación de fondos públicos,pero para que la mano entre en el guante del tipo penal tanto de la rebelión como de la sedición,ha de encontrarse el dedo al que podamos llamar con convicción “alzamiento”,y no será fácil calificar como “alzamiento” a unas concentraciones multitudinarias dete

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que dicte órdenes europeas de detención para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro consejeros cesados de su gobierno que le acompañan en Bruselas y que no han acudido este martes a declarar por delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales público relacionados con el desarrollo del denominado 'procés'...

Carmen Lamela ha sido condecorada por Zoido, llevó el 'caso Alsasua' y metió a los 'Jordis' en prisión

Junts pel Sí (JxSí) i la CUP mantindrien la majoria absoluta en escons en unes noves eleccions al Parlament, tot i que seguirien sense assolir-la en vots, segons l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat. El Baròmetre d'Opinió Política publicat avui situa a JxSí, que aglutina PDeCAT, ERC, Demòcrates, MES i independents, en un 39,7% d'estimació de vot i amb 60-63 escons (el 2015 va obtenir 62). Aquestes formacions encara no han decidit si es presentaran de nou en coalició. La CUP retrocediria de 10 diputats a 8 o

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha admitido este martes la querella de la Fiscalía General del Estado por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y los 13 consejeros de su Gobierno, a los que cita a declarar para los próximos 2 y 3 de noviembre, según han informado fuentes jurídicas.

José Manuel Maza considera que los querellados "se valieron de la población" para llevar a cabo actos de "insurrección pública, desobedeciendo o resistiendo colectivamente" a la autoridad del Estado.

La investigación policial evidencia que el gobierno de Carles Puigdemont desvió fondos desde el presupuesto del Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales destinado a políticas de empleo e inclusión social, para financiar a las empresas encargadas de crear las nuevas estructuras de recaudación de impuestos de la República Catalana.

Los textos presentados ante el Supremo y la Audiencia Nacional se remontan hasta 2015 e inciden en la movilización ciudadanaMaza se esfuerza en justificar el delito de rebelión, con mención a un posible ejército catalán, pero abre la puerta a que solo sea sediciónLas querellas incluyen menciones a las conexiones internacionales y al uso de fondos públicos para asegura la celebración del referéndum