Este trabajo tiene por objeto el análisis de las reglas sobre la valoración de la prueba de indicios fijadas por la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, n.o 532/2019, de 4 de noviembre. En esa importante resolución, la Sala de lo Penal recopila sus criterios sobre la valoración de prueba e incorpora algunos novedosos. No obstante, varios de esos principios recogidos por la sentencia son muy discutibles, de forma que el artículo aborda de forma crítica su corrección epistemológica.

Antes de que el descubrimiento de los fondos ocultos del rey emérito provocase un terremoto y antes incluso del 'caso Urdangarin', la hemeroteca ya revelaba un hecho que encaja en el puzle: personas cercanas a Juan Carlos de Borbón acabaron con una condena o se arriesgan ahora a ello por delitos siempre de guante blanco. Nombres como el de Manuel Prado y Colón de Carvajal, el príncipe Zourab Tchokotoua, Alberto Alcocer, Juan Miguel Villar Mir o Mario Conde aparecen en la lista.

El Partido Animalista, siguiendo con su campaña de #MaltratadoresALaCárcel, reclama la modificación del Código Penal en este ámbito para que las penas sean superiores a 2 años, pues, con la legislación actual, «es prácticamente imposible que una persona sin antecedentes cumpla pena de cárcel por maltrato animal, algo que otorga impunidad a los maltratadores», según señalan.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha indicado este martes que se ha intensificado a 1.000 actuaciones la campaña de inspecciones en el campo y ha calificado de "hecho luctuoso, dramático" la muerte de un temporero en Lorca (Murcia) tras estar trabajando durante todo el día con temperaturas que llegaron a los 44 grados, apuntando que ante ello Inspección de Trabajo realiza actuaciones y se abren diligencias penales porque lo ocurrido "invade la esfera penal".

En términos objetivos, resulta incomprensible esa reacción tan humana que condiciona tantas cosas. La reacción fue captada hace casi cuatro milenios por el Código de Hammurabi, la primera ley escrita casi completa que conocemos.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad por su gestión de la pandemia de COVID-19. La denuncia fue presentada por más de un millón de trabajadores de salud. Bolsonaro ya está acusado ante la CPI: tres de las denuncias se relacionan con el papel del mandatario en la crisis de salud causada por el nuevo coronavirus; la restante es por crímenes contra la humanidad y actos que conducen al genocidio de las comunidades indígenas y originarias.

El régimen de Israel ha elaborado una lista secreta de 200 a 300 oficiales militares y de inteligencia del régimen que podrían ser arrestados en el extranjero si la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya abre una investigación sobre crímenes de guerra israelíes en los territorios palestinos. En la lista: el primer ministro israelí, Benyamín Netanyahu, el actual ministro israelí de asunto militares, Benny Gantz y los exministros de defensa, Moshe Ya’alon, Avigdor Lieberman y Naftali Bennett, el exdirector y director del shin bet (servicio...

Lo diré ya para que los ofendiditos puedan sacar conclusiones y pasar a otra cosa: David Suárez es mi sobrino. Y la Fiscalía no sólo quiere meterle en la cárcel por hacer un chiste sino que pretende crear una nueva pena: la inhabilitación para el ejercicio de una profesión en redes sociales. Ahí es nada. Relacionada

La investigación interna abierta por la Fiscalía General del Estado para esclarecer las acusaciones de connivencia entre un fiscal del caso Villarejo y la acusación popular que ejerce Podemos aparecidas en varios medios ha sido suspendida de forma provisional debido a la presentación de una querella por Vox contra el representante del Ministerio Público Ignacio Stampa y otras personas

Crearon un bulo mediático para criticar la falta de rigor periodístico de los medios de comunicación. Todos los medios nacionales se lo tragaron. Ahora les han condenado a 18 meses de cárcel y 15.000 euros: los jueces dan por buena la versión de los medios, convirtiendo al falso tour de La Manada en un interesante caso de estudio sobre la distorsión mediática de la realidad.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido a la Sala Penal que rechace las querellas interpuestas por varios abogados contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

OPCIÓN VÍA PENAL 1.- Si no han pasado 48 horas de la ocupación: PROS Llamar a la policía, pues puede desalojar sin orden judicial una vivienda ocupada ilegalmente, siempre que lo haga dentro de las primeras 48 horas de la ocupación, al considerarse delito flagrante. Los policías pueden entrar y obligar a los ocupantes a abandonar el inmueble. CONTRAS La ocupación tiene que acabar de producirse y se necesitan testigos dispuestos a declarar que han presenciado la usurpación. Se requiere que los okupas no hayan cambiado la cerradura.

Un repaso a lo que ha dicho los partidos y sus medios afines sobre el drama de las residencias, intentando eludir sus responsabilidades y culpando de todo a sus rivales políticos. Al abandono que han vivido los ancianos y sus familias, se suma ahora el esperpento de una clase política incapaz de gestionar con cordura cualquier crisis. La sociedad civil debe salir de la trampa de izquierda y derecha de la que vive la casta política, y exigirles a todos sus responsabilidades políticas y penales, sin fanatismos partidarios. A cada cual lo suyo.

Ya son 224 las pesquisas penales de las distintas fiscalías de todo el país sobre posibles delitos cometidos en las residencias durante la pandemia de covid-19, según ha anunciado este miércoles la Fiscalía General del Estado. Los expedientes del ministerio público en causas civiles de seguimiento de la situación en establecimientos residenciales son ya 194.

Internet y el auge de las redes sociales no solo han supuesto la aparición de nuevos modelos de delincuencia (fraudes online, suplantaciones de identidad, etc.), sino también la ruptura del esquema tradicional de comunicación presente en 1978. La transmisión de la información ya no es monopolio de los medios. Cualquier ciudadano tiene ahora a su alcance la posibilidad de difundir un flujo casi ilimitado de noticias, ante una comunidad universal y con gran inmediatez, con independencia de su acomodo o no a la realidad.

Explicación sencilla y clara de los delitos juzgados por el Tribunal de la Haya: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión.

Un fiscal helvético ha reunido pruebas de un supuesto delito de blanqueo de capitales agravado que conllevaría un delito fiscal en España. Estas son las claves y las personas que pueden llevar al rey emérito al banquillo.

La juez que investiga la posible incidencia de la manifestación del 8-M en Madrid en la pandemia por covid-19, Carmen Rodríguez-Medel, ha remitido un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad recordando que desde que inició esta investigación dio orden expresa a la Guardia Civil, que actúa como policía judicial en la causa, de "guardar rigurosa reserva" sobre las investigaciones encomendadas, y advierte la infracción de dicho deber puede llevar a dar lugar a responsabilidades penales.

Este miércoles ha muerto el catedrático de derecho penal Santiago Mir Puig. Una pérdida que empiezan a sentir y lamentar grandes y pequeños juristas. El maestro español Santiago Mir Puig nació un 5 de diciembre de 1947 en el seno de una familia de comerciantes y pronto se convirtió en un referente para los penalistas no solo de España sino de Latinoamérica. Según contó alguna vez su hijo Oriol Mir, también penalista, en un libro homenaje, el maestro burló a la muerte hacia el 2000. El 12 de octubre de aquel año le diagnosticaron un mieloma…

La Fiscalía contabiliza ya más de 130 investigaciones penales abiertas por todo el país, según afirma el Ministerio Público. La última actualización de datos implica que en la última semana se han contabilizado 30 diligencias más en el Ministerio Público. Además ya son 20 juzgados de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, La Rioja, Galicia y Extremadura los que mantienen abiertas distintas causas por lo penal pero que también examinan por lo social las condiciones de los trabajadores.

Se trata de un recluso de la unidad penitenciaria donde se confirmó el primer caso de COVID-19. “Si usted no toma una medida urgente la tomaremos nosotros”, dijo en un video. Se trata de Julián Arakaki un recluso de 49 años alojado en la Unidad Penal Nº 23 de Florencio Varela, desde donde otro recluso grabó un video en el que amenaza directamente al presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Valoración, por parte del los abogados defensores, de la sentencia a 19 meses por atentado (1 año y 7 meses) y lesiones (4 meses) con vídeo de los hechos. En el vídeo Isa Serra a la izquierda con mochila, al principio del vídeo.