Muchos han sido los meses que la Fiscalía Anticorrupción ha dedicado a reorganizar una de las causas más ramificadas y complejas que instruye la Audiencia Nacional, la trama Púnica. El término de esta ordenación de las piezas ha venido acompañado, casi en tiempo de descuento, de la petición de imputación de una serie de nombres que han salido a relucir a lo largo de la causa tales como el de los expresidentes de Madrid Esperanza Aguirre, Ignacio González o Cristina Cifuentes; un movimiento que marca un antes y un después en su estrategia.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Manuel García Castellón, que instruye el caso Púnica, que cite como investigada a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y a su sucesora en el cargo, Cristina Cifuentes, por la presunta financiación irregular del PP regional, que presidió durante 12 años, según han informado fuentes fiscales a Europa Press.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón la imputación en el caso Púnica de las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, así como de la empresa Indra y de su expresidente Javier Monzón, explican fuentes jurídicas a El Confidencial. El Ministerio Público quiere que declaren como investigados por su posible relación con la caja B del PP, solicitud que incluye en un nuevo escrito de 75 páginas en el que aboga por reordenar la macrocausa.

Hay etiquetas que son difíciles de borrar. Torrejón de Velasco, un pequeño pueblo del sur de Madrid de apenas 4.300 habitantes, siempre será conocido como “el corazón de la Púnica”, tal y como admiten sus vecinos. ¿Por qué? En este pueblo madrileño se produjo la firma del primer contrato entre un ayuntamiento y la empresa Cofely, eje central de la trama de corrupción, para adjudicarle contratos de infraestructura y alumbrado.

El PP ha nombrado como candidato a senador por designación autonómica a un político investigado por la Guardia Civil en uno de los principales procedimientos judiciales sobre la corrupción: Púnica. David Erguido lograría así el aforamiento ante el Tribunal Supremo,y por tanto un cambio ante una situación judicial que le ronda desde hace año y medio: su presunta implicación en la trama Púnica. La UCO acusa a Erguido de malversar casi 80.000 euros de caudales públicos para financiar actos electorales del PP y eventos privados..

La Fiscalía Anticorrupción ha cifrado en seis millones de euros la cuantía que Francisco Granados y Javier López Madrid se repartieron junto con el constructor David Marjaliza como resultado de los contratos amañados en la Comunidad de Madrid durante la etapa de Granados en la consejería de Transporte y de las que fueron adjudicatarias las empresas creadas por los acusados. De igual modo, el Ministerio Público también sitúa en estos hechos delictivos a Jesús Trabada, exconsejero delegado de la entidad pública Mintra.

El experto informático Alejandro de Pedro, imputado por varios delitos en el caso Púnica, no ha declarado este martes, como estaba previsto, en una de las dos causas abiertas en sendos juzgados de Madrid por las denuncias cruzadas entre el empresario Javier López Madrid y la doctora Elisa Pinto. La defensa de la mujer lleva un año y medio intentando que De Pedro explique el contenido de unos mensajes que aparecen en el sumario de Púnica de los que se deduce que prestaba ayuda o había sido contratado por López Madrid

El municipio madrileño de Brunete (10.800 vecinos) ha vivido una nueva batalla. Esta vez política. La localidad tiene por primera vez en su historia un alcalde socialista. José Manuel Hoyo Serrano fue elegido el sábado pasado nuevo regidor, tras contar con los votos de Ciudadanos y Ganar Brunete, una candidatura de Unidad Popular formada por independientes e Izquierda Unida. Hoyo Serrano, 55 años, casado, con dos hijas, trabajador de Onda Madrid (la radio pública madrileña), desbanca así en el puesto al popular Borja Gutiérrez

David Marjaliza, que ha colaborado con la justicia tras salir de la cárcel, trata de aportar el máximo dinero posible a la Audiencia Nacional para reparar el daño y reducir una eventual condena.

El juez Manuel García-Castellón resalta que el ex secretario general del PP madrileño se aseguró "el control de la mesa de contratación de la sociedad pública Arpegio y el control de los planes de inversión regional por un valor de 1.000 millones de euros"

El exconcejal del PP en Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas ha testificado en el juicio que las grabaciones que realizaron entre 2005 y 2007 él y otro exedil destaparon los casos Gürtel y Púnica y reflejaban que "las familias" del partido "se repartían el poder y los ámbitos de corrupción". "Hubo adjudicaciones en las que no había ni siquiera contrato por medio. Se hacían cosas a la remanguillé y luego se cobraban también a la remanguillé como buenamente podían pagar los ayuntamientos".

Una mañana de 2016 Jimeno se levantó y leyó en la prensa que la Guardia Civil pensaba que Francisco Granados había cobrado sobornos de la constructora OHL en una empresa:Bustren. Precisamente la firma que, con sus impagos, «había hundido la mía», KV Consultores. De pronto algo hizo clic. Se puso a rebuscar y encontró, entre los correos de lo que quedaba de su firma, un cuadro que evidenciaría el paso, entre 2012 y 2013, de 800.000 euros de OHL, propiedad de Juan Miguel Villar Mir, a Bustren. Con parada en KV Consultores. Mediante contratos..

El partido de Albert Rivera, que aspiraba a superar al PP en las diferentes convocatorias electorales, ha decidido apoyar a su rival en la derecha. A cambio de cesiones mínimas y pese a que en las tres comunidades llevan décadas gobernando con la sombra de la corrupción, Ciudadanos avanza en acuerdos para mantener al PP en los gobiernos, en algunos con los votos indispensables de la extrema derecha. Desde esa posición de apoyo al PP Ciudadanos asistirá al avance de casos de corrupción nacionales y locales que afectarán a su socio.

El líder del pseudosindicato Manos Limpias ha pedido al juez de la Púnica que le reintegre la fianza de 3.000 euros que abonó para ejercer la acusación popular en la trama de corrupción protagonizada por Francisco Granados. El magistrado Manuel García-Castellón, que aún no ha dado el visto bueno al depósito, ha exigido al secretario general de la agrupación que aporte un justificante "legible" del ingreso que realizó y que ahora solicita que se le devuelva.

El magistrado Manuel García-Castellón ha pedido a la Universidad Complutense y a la Carlos III que designen a dos expertos para detectar la actuación de las 60 webs 'fantasma' del informático Alejandro de Pedro para mejorar la imagen en internet de sus clientes. Se encargaban únicamente de repetir noticias positivas sobre las personas que les contrataban. De Pedro, según la acusación, creó una red de páginas zombi, con apariencia de periódicos, cuya única intención era relegar las noticias que perjudicaban a sus clientes.

En Coslada, los principales partidos no tienen reparo en mostrar sus vergüenzas, que no son pocas. Dirigentes políticos del PP y del PSOE se encuentran involucrados en asuntos que van desde investigaciones importantes coordinadas por la Audiencia Nacional como el caso Púnica hasta infracciones menores que han dirigido juzgados ordinarios o procedimientos de corrupción urbanística a nivel local de diferente índole. El actual alcalde irá al banquillo, el anterior está en el caso Púnica, el líder de la oposición firmó una polémica operación inmobi

La investigación sobre las adjudicaciones de contratos de eficiencia energética por parte de distintos ayuntamientos de Madrid a las empresas de la trama Púnica a cambio de comisiones para alcaldes y concejales llega a su fin en la Audiencia Nacional. Las fiscales del caso ya han pedido las dos últimas diligencias que tenían previstas antes de pasar toda la información al juez instructor, Manuel García-Castellón, para que dicte el auto de paso a procedimiento abreviado y delimite quiénes quedan imputados y qué hechos se les atribuyen.

La constructora Dico, vértice de la trama Púnica, contrató al comisario José Manuel Villarejo para salvaguardar sus intereses frente a uno de sus socios. Este, según un informe del policía, tenía un listado con políticos que habían realizado recalificaciones de terrenos para favorecer a esta empresa.

La Guardia Civil indaga sin éxito durante dos años para localizar el expediente de una millonaria licitación (concurso público de 2 millones de euros adjudicado por el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE)) bajo sospecha del Ejecutivo del PP de Esperanza Aguirre. La pista sobre su existencia la aportó el análisis de la documentación fiscal de Over Marketing, la principal sociedad del entramado del empresario argentino Mercado, que había revelado que esta compañía recibió pagos del IMADE en 2006 y 2007 por un importe cercano a los dos millo

Los indicios que fundamentan la imputación de Salvador Victoria en la trama Púnica no solo persisten sino que se han "acrecentado" tras nuevas evidencias surgidas en el marco de la investigación sobre presuntos pagos en B a empresas de la red a cambio de campañas de mejora de imagen online para los exconsejeros del gobierno regional del PP.

El informe de la Guardia Civil en el que por primera vez se sitúa a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre (PP) en reuniones mantenidas por altos cargos de su Ejecutivo con la trama Púnica destapa supuestas irregularidades en las adjudicaciones de 12 organismos madrileños, entre ellas 6 consejerías del Gobierno regional. En todas ellas, las empresas beneficiadas pertenecían al publicista que asistió a estas reuniones y que trabajaba para las campañas electorales del PP de Madrid.Sus sociedades recibieron 7,4 millones en contratos públicos.

La Guardia Civil ha implicado por primera vez a Esperanza Aguirre en la trama Púnica. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sitúa a la expresidenta madrileña en reuniones con altos cargos de su Gobierno donde presuntamente se dieron instrucciones para favorecer mediante contratos públicos a una empresa de la trama corrupta que trabajó en las campañas electorales del PP en 2003 y 2007. El documento, adelantado este viernes por el diario El País, no concreta la fecha de estos encuentros ni el papel que desempeño Aguirre, que ha negado..