Por primera vez en nuestra historia, los representantes democráticos ven suspendida parcialmente su actividad legislativa. Es un efecto más del bloqueo partidista de la cúpula judicial. La decisión del Tribunal Constitucional es un precedente peligroso para la democracia.

El bloque conservador del tribunal prohíbe a las Cortes seguir tramitando la reforma para renovar el Constitucional: los dos magistrados que tienen el mandato caducado que PSOE y Unidas Podemos pidieron recusar decantan la votación

Por seis votos frente a cinco, el tribunal entierra las pretensiones del PSOE y Unidas Podemos de apartar al presidente y al magistrado Narváez del procedimiento.

La idea de los progresistas es que el asunto es lo suficientemente complejo como para necesitar un análisis más profundo y, por tanto, igual no están en condiciones de poder votar. De trasfondo, si se aplaza de nuevo el pleno, se podría esperar a que el Senado votase la reforma y quedara definitivamente aprobada. Una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las medidas cautelares o cautelarísimas dejarían de tener efecto.

La Fiscalía del Tribunal Constitucional ha dado vía libre a la reforma legal del Gobierno para modificar su criterio de elección frente al recurso de amparo del PP que tiene como objetivo frenarla. El procedimiento legislativo que propone este cambio en el método a la hora de elegir la composición del órgano de garantías, tras pasar con éxito la votación del pasado jueves en el Congreso de los Diputados, únicamente necesita una última ratificación por parte del Senado prevista para este jueves.

El catedrático de derecho y ex ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, considera que el procedimiento escogido por el Gobierno para renovar el Tribunal Constitucional "es un error", pero advierte de la gravedad que supondría para la independencia de Parlamento la paralización de la tramitación de la ley.

Pedro González-Trevijano, presidente saliente del TC, pactó con el vicepresidente, también saliente, Juan Antonio Xiol -conservador y progresista, respectivamente, si se usa una terminología ya habitual- que el Pleno extraordinario para abordar el recurso de amparo «preventivo» -creación novísima de los asesores judiciales y mediáticos del Partido Popular- se celebraría este viernes 16 de diciembre. Pero la presión política -Cuca Gamarra, portavoz popular en el Congreso, anunció el miércoles 14 que el TC adoptaría ayer jueves 15 una resolución.

En el año 2015, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) recurrió a una reforma exprés del Tribunal Constitucional para sancionar al entonces president de la Generalitat, Artur Mas. Esa proposición se tramitó por el procedimiento de urgencia y en lectura única, es decir, sin pasar por ponencia ni comisión. Habilitó al TC a multar e incluso suspender a funcionarios y gobernantes que no cumplen sus sentencias y resoluciones. Un año antes, el PP de Rajoy aprobó una reforma legislativa para aforar al rey emérito, a las reinas Letizia, Sofia y...

Que el Tribunal Constitucional pueda paralizar la reforma sobre su propia renovación es algo inédito. Este lunes, sus magistrados se reúnen en medio de toda una tormenta política que implica a Poder Judicial, Gobierno y oposición para valorar el recurso de amparo presentado por el PP para frenar la tramitación de la reforma del Código Penal que incluye la renovación del CGPJ y del propio tribunal de garantías .

Trevijano y Narváez han sido recusados. Los dos magistrados recusados son el objeto directo de la decisión que el Constitucional va a tomar. Les afecta en primer lugar a ellos. Porque si el tribunal anula la reforma que este lunes se discute, mantendrán su cargo y su sueldo ‘sine die’, hasta que los insumisos del CGPJ decidan al fin cumplir con la ley y renovar. Pero si la reforma del Parlamento no se anula, en menos de una semana serán cesados del tribunal.

La sobreexposición de la institución en las batallas políticas, la sombra partidista y la lentitud en la resolución de conflictos son, a ojos de los expertos, los principales problemas que arrastra el órgano.L a batalla política ha terminado por someter al Constitucional a una prueba de estrés de consecuencias impredecibles. No es la primera vez, ni tampoco la segunda. Ya ocurrió con el Estatut o con el procés, cuando el tribunal de garantías se vio sometido a una sobreexposición permanente.

El TC tiene asignadas funciones de control de constitucionalidad de las leyes una vez han sido aprobadas, pero adelantarse a su aprobación e impedir el trabajo parlamentario supondría una extralimitación de funciones que lo deslegitimaría seriamente, además de que difícilmente encontraría acomodo en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Conviene recordar cómo se ha llegado a una situación de esta gravedad.

Félix Bolaños, Ministro de la Presidencia: "Pedimos al PP que retire el recurso ante el Constitucional. Puede ser impredecible. No sabemos qué consecuencias tendría ese recurso para la democracia si fuera estimado."

El presidente del TC, Pedro González-Trevijano, cuyo mandato ya ha caducado, celebró en la noche del miércoles una reunión con los vocales conservadores y otra más en la mañana del miércoles. Funcionan como un grupo parlamentario con sus reuniones para unificar criterios y garantizar su unidad. Ya nadie disimula lo más mínimo.No es ya que haya conservadores y progresistas en el CGPJ y el TC. Siempre los ha habido. Es que algunos de sus miembros han aceptado convertirse en la correa transmisora de los intereses de un partido político

Existe un ‘plan a’ y un ‘plan b’. Si la derecha no logra amordazar al Parlamento en el Constitucional para impedir la reforma que acabará con el bloqueo en este tribunal, intentará un ‘tamayazo’ en el Consejo General del Poder Judicial.

Que los españoles estén tranquilos. La Constitución y la Democracia prevalecerán ante estos ataques"

Cinco magistrados del sector progresista del tribunal han señalado que necesitaban más tiempo para poder analizar los asuntos debido a su complejidad, así que el presidente ha decidido retrasar la reunión al próximo lunes.

Buena parte de la prensa española hace aspavientos a raíz de la decisión de Tribunal Constitucional español (TC) de reunirse de urgencia para tratar el recurso del PP que reclama de parar el pleno del congreso español sobre la reforma legal sobre la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).(...) Ahora bien, la misma prensa no vio “burlas” ni “urgencia inédita” cuando el TC suspendió preventivamente el pleno del Parlamento de Cataluña