Hay que elevar el listón ético de toda la clase política y, por ello, pedimos a nuestros dirigentes que aprueben el Código y asuman este compromiso públicamente". El texto recoge un compendio de compromisos éticos aplicados en otros países. Aborda: conflictos de interés; asesores y nombramientos; relaciones con la Administración y organismos independientes, uso de recursos públicos como residencias oficiales; viajes y coches oficiales; transparencia y lobbys; relación con los medios de comunicación y uso de las redes sociales; y regalos y hospi

Un 26 de junio de 1974. Sharon Buchanan, cajera de supermercado de un establecimiento Marsh en Troy (Ohio, USA), escaneó el código de barras de un modesto paquete de chicles de la marca Wrigley al precio de 67 centavos. Detrás de este gesto, en apariencia insignificante, se escondía un nuevo sistema de gestión que revolucionaría el proceso de compra y las operaciones logísticas de las empresas de todo el mundo. Desde entonces se han escaneado cientos de millones de códigos de barras, que han cambiado el comercio minorista para siempre.

La asociación denunció a la eléctrica ante la Fiscalía Anticorrupción tras conocer que la CNMC había multado a la empresa con más de seis millones de euros por realizar ofertas a precios excesivos entre marzo de 2019 y diciembre de 2020.

Nuevo revés judicial para el BBVA. El fiscal Alejandro Cabaleiro ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga la pieza sobre los encargos realizados por el banco vasco al excomisario José Manuel Villarejo, que siente a la entidad en el banquillo de los acusados como persona jurídica por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios, según un escrito fechado el pasado 17 de mayo al que ha tenido accesola agencia Bloomberg.

Serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con Gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, Organismos o Asociaciones internacionales o extranjeras.

La petición del Fiscal Anticorrupción de 19 años de cárcel contra el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, se basa en el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y el Plan Eólico. Una actividad ilícita que el Ministerio Público concreta en la comisión de los presuntos delitos de grupo criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa.

Modificar el artículo 187 del Código Penal, que recoge las penas por proxenetismo que existen en nuestro país. Hasta ahora ese artículo solo castiga como delito a quien «induzca, promueva o facilite» a un menor de edad o persona incapaz a ejercer la prostitución, y también si quien lo hace es un funcionario público o policial. Ampliar ese fenómeno «en todas sus formas» es, nada menos, lo que pone hoy el PSOE sobre la mesa. Pero en juego hay mucho más. Decidir en qué lado está el país en un debate interno que ha atravesado cada estado europeo.

La Fiscalía Anticorrupción no archiva la denuncia dando a entender que ve hechos punibles pero que por la naturaleza de los mismos no entran dentro de su ámbito competencial

La Fiscalía Europea acusó a la Fiscalía Anticorrupción de no haberle facilitado una parte de la información que tenía en su poder sobre las presuntas irregularidades para la compra de mascarillas de los Gobiernos de Baleares y Canarias.El organismo con sede en Luxemburgo destaca que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, al informar sobre la compra de mascarillas de Canarias y Baleares, no aludió "a la existencia de sospechas de irregularidades en tales contratos ni se acompañó de alguno o algunos de los informes que la UCO elaboró"

La sentencia sigue alegando cosas como que facilitarnos el acceso supondría un daño a la propiedad intelectual (pese a que la aplicación se desarrolló por la propia administración), la protección de los datos personales que usa, la seguridad de prácticamente todos los sistemas informáticos de la administración y prácticamente todos los límites a la transparencia de la ley, sin especificar demasiado. Relacionada: www.meneame.net/story/justicia-impide-apertura-codigo-fuente-aplicacio

A principios de abril se conocía que la Fiscalía mantenía abierta la investigación en torno al actual director general de Emergencias, Sebastià Sureda, por un supuesto caso de corrupción urbanística durante su mandato como concejal de Urbanismo en Campos. Una alto cargo del PP se encargará de los casos pendientes, más de 200, de la Oficina Anticorrupción después del cierre fulminante por parte del Govern.

El Govern de Marga Prohens adjudicó la plaza de Inspectora General a la alto cargo del PP dos días antes de hacer pública la convocatoria. Catalina Ferrer, que se encargará de todos los casos pendientes de la Oficina Anticorrupción después del cierre fulminante por parte del Ejecutivo autonómico, obtuvo el cargo el pasado 25 de marzo, cuando la actual secretaria general de la conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas, María José Bauzá, firmó la resolución, a pesar de que no publicaron la convocatoria hasta dos días después.

La investigación sobre la Operación de Catalunya se divide y se marcha a Madrid. La Fiscalía de Barcelona ha decidido enviar a la Fiscalía Anticorrupción, en Madrid, la denuncia del mayor Josep Lluís Trapero, contra la policía patriótica del PP, que lo acusó de falsos hechos delictivos, según consta en los papeles de la Operación Catalunya. La Fiscalía de Barcelona también ha resuelto que envía a la Fiscalía de Madrid la denuncia presentada, el marzo pasado -ante la difusión de nuevos audios del comisario José Manuel Villarejo-...

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juzgado de Asturias que investiga el “caso Hulla” por el presunto desvío de fondos públicos en la construcción de una residencia geriátrica ubicada en la localidad de Felechosa, en el municipio asturiano de Aller, que, entre otras medidas, mantenga el embargo del capital presuntamente desviado por el exlíder minero asturiano José Ángel Fernández Villa.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que la expresidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular (PP) de la región, Esperanza Aguirre, acuda a testificar al juicio sobre la caja b de los populares madrileños. El ministerio público ha trasladado a la Audiencia Nacional esta motivación, fundamentada en lo vital del testimonio de la persona que dirigía el partido en el momento en el que se cometieron los presuntos delitos. De acudir a la vista oral, Aguirre podría encontrarse con antiguos pupilos como Francisco Granados.

Anticorrupción le acusa de blanquear con la rehabilitación del inmueble seis millones de euros

El jefe del Equipo TIC y de Análisis de Información de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Balears (OAIB) ha remitido un informe al Parlament y al Govern donde advierte del riesgo de pérdida de datos con un cierre “sin planificar y garantizar la transición adecuada” de los servicios.